La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incluyó en su denuncia al exjefe de Gabinete del área, Pablo Noceti. El impacto de los casos Maldonado y Nahuel.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nª5 de María Eugenia Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman. El fiscal es Franco Picardi.
El organismo de Derechos Humanos señaló que el Estado implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura.
“La APDH como querellante de ambas causas, denuncia penalmente y exige que se investigue el rol de la ministra y el resto de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad por ser autores de esta represión planificada”, indica la presentación judicial que lleva las firmas de las presidentas de la APDH, Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena Naddeo.
Aunque señalan como máxima responsable a la titular del Ministerio de Seguridad, la Asamblea incluyó a como autores mediatos a Nocetti, al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.
En su denuncia, la APDH dijo que existía “un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas comunidades mapuches”. Según explicaron, tuvo un doble objetivo: impedir el derecho a la protesta y el reclamo de tierras, así como “favorecer a diferentes negocios inmobiliarios”.
En la denuncia acusan al Estado de cometer delitos como la realización de inteligencia ilegal, amedrentamientos, lesiones graves, torturas, abuso de autoridad seguido de muerte y homicidio agravado.
“Mediante la utilización de figuras como la flagrancia, la eliminación de la prohibición al uso de armas de fuego y el autocontrol de las fuerzas de seguridad, entre otras situaciones, se fueron generando las condiciones para la ejecución de este accionar ilegítimo, violento y de muerte, y que tiene como máxima responsable a Patricia Bullrich”, precisaron.
La acusación a la Ministra fue por el “hostigamiento y persecución a la comunidad mapuche tanto en Cuyamen como en el parque nacional Mascardi”, explicó Naddeo a Tiempo. Y subrayó que “en las dos situaciones las instrucciones dadas por el Ministerio a las Fuerzas de Seguridad se convirtieron en una mecánica de persecución que terminaron con las muertes de Santiago y Rafael”.
La acusación se conoció luego de la detención del prefecto Francisco Javier Pintos procesado por el asesinato de Rafael Nahuel, tras el fallo de la Cámara Federal de General Roca que revirtió la teoría oficial del Gobierno Nacional sobre el «enfrentamiento» y que había ratificado la prisión preventiva del agente estatal.
Naddeo pidió tener en cuenta esa resolución judicial y concluyó: “El ministerio de Seguridad está incumpliendo con la ley y está incentivando la utilización letal de las fuerzas de seguridad”.
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