En su primer semestre como presidente, Mauricio Macri detonó la esencia del sistema de regulaciones, modelo de financiamiento y vínculos entre gobierno y medios de comunicación que dominó la agenda de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. La referencia insistente y crítica al kirchnerismo junto a la promesa de una futura ley portadora de modernidad y convergencia tecnológica funcionan como distracciones de la fuerte intervención en el sector realizada desde diciembre. Mientras invita a debatir el futuro, el gobierno altera las reglas de juego presentes.
Después de modificar vía DNUlas leyes audiovisual de 2009 y de telecomunicaciones de 2014 y de asegurar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esos cambios con efectos que ya son estructurales- serían transitorios, el gobierno comenzó una ronda de escucha a organizaciones empresariales, sociales y a especialistas en el marco de un proyecto de ley de comunicaciones convergentes que anunció para fines de 2016. El gobierno promete que la futura norma respetará estándares internacionales en materia de libertad de expresión, promoverá la competencia económica e impulsará la hoy degradada conectividad a las TIC.
Los DNU crearon un organismo regulador (ENaCom) que gubernamentaliza al extremo la toma de decisiones en áreas en las que hasta diciembre actuaban organismos colegiados aunque decididamente subordinados al anterior gobierno (AFSCA y AFTIC), prorrogaron todas las licencias de radio y televisión obturando la posibilidad de competencia a través de concursos por el uso del espectro y eliminaron los topes a la concentración de la tv por cable a la que además eximieron de obligaciones de programación (algunas de ellas, consideradas excesivas por los propios cableoperadores, luego fueron corregidas por el gobierno).
Los decretos presidenciales robustecen a los actores más fuertes y expandidos del sistema de medios; consecuentemente, debilitan a los más vulnerables, sean estos pequeñas y medianas empresas, cooperativas o comunitarios. Sería injusto, empero, creer que en lo estructural la concentración de medios y telecomunicaciones fue inaugurada por Macri, ya que la tendencia al predominio de pocos grupos es un proceso histórico e incremental. La convergencia, aludida como el proceso tecnológico de imbricación de redes de transporte y dispositivos de consumo de contenidos informacionales, puede potenciar más la concentración si las políticas públicas no buscan corregir asimetrías y subsanar -o al menos compensar- desigualdades.
La política de la convergencia no se resuelve con la franquicia para que operadores de sectores antes divergentes -como lo eran el audiovisual y las telecomunicaciones- crucen fronteras tecnológicas; eso ya lo resolvió la tecnología. El asunto es cómo armonizar el interés público, los usos y necesidades sociales, los derechos ciudadanos, las lógicas económicas y las potencialidades tecnológicas en un país con las fracturas sociales, económicas y geográficas como la Argentina.
Estos ejes son evocados ocasionalmente en las mesas organizadas por el gobierno para recabar opiniones sobre una futura ley. Como los invitados desconocen los lineamientos del proyecto oficial, no hay debate sino escucha de posiciones.
El esbozo de la ley se tercerizó en técnicos competentes en materias legal y económica. También interviene la consultora estadounidense McKinsey. Formalmente, la redacción del proyecto es coordinada por una comisión creada por Macri con integrantes que en su mayoría comparten una perspectiva sobre la libertad de expresión acotada a titulares de medios y profesionales de grandes empresas. Es un desafío que el gobierno incorpore otras tradiciones conceptuales y regulatorias que amplían ese enfoque al conjunto de la población como sujeto de derecho a la expresión por todos los medios concebidos como bienes culturales- y tecnologías.
La apertura y vocación de aprendizaje del oficialismo es uno de los obstáculos para arribar a una futura ley de comunicaciones convergentes. Además, la propuesta deberá resolver conflictos de intereses entre grupos dominantes y actores medianos y pequeños de los sectores audiovisual, telecomunicaciones e Internet. Otro desafío es garantizar que la nueva regulación preserve los avances logrados por la ley audiovisual en el reconocimiento legal al sector sin fines de lucro para operar licencias. Si bien este avance normativo no fue concretado, constituye un antecedente ejemplar en la región.
Amén de componer un proyecto consistente y construir consensos armonizando intereses conflictivos, el gobierno deberá obtener los votos necesarios para convertirlo en ley. Es el desempeño integral de la gestión, la marcha de la economía, la percepción de la población y las apuestas de los grupos políticos con representación en el Congreso de cara a las elecciones de 2017 lo que definirá esta apuesta. Mientras tanto, los decretos operan con la fuerza de los hechos consumados afectando el interés público y al margen del debate. <
* Universidad Nacional
de Quilmes-UBA-CONICET.
@aracalacana
