La Argentina ante el cuarto experimento ultraneoliberal

La última dictadura militar constituyó una feroz respuesta al proceso virtuoso de redistribución social de la riqueza, iniciado durante el primer gobierno peronista, por el cual el producto bruto interno se repartía casi en partes iguales entre el capital y el trabajo. La sociedad argentina era una de las menos desiguales de Latinoamérica. La dictadura implicó el pasaje del modelo de acumulación industrial a otro basado en la valorización financiera que trajo aparejado la fragmentación social, el desempleo y la desigualdad. Este modelo económico sólo se pudo llevar adelante con una violenta represión estatal.

En su Carta abierta a la junta militar, Rodolfo Walsh, al cumplirse un año del golpe de 1976, lo advertía: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”.

La distribución regresiva del ingreso fue un punto de inflexión negativo e irreversible que nos dejó la dictadura. En el período democrático de los últimos 40 años este proceso no se ha podido revertir, si bien los 12 años de gobiernos kirchneristas lograron avances notables en este sentido.

Los gobiernos de origen democrático posteriores a la dictadura, el de Carlos Menem y el de Mauricio Macri tomaron como referencia el ideario neoliberal de Martínez de Hoz. Ahora debemos sumar el de Javier Milei a este listado. Estos gobiernos se han encargado de profundizar el declive económico, del cual Argentina no ha logrado salir. En los últimos 48 años nuestro país ha vivido más de la mitad bajo regímenes neoliberales.

En cada uno de estos ciclos se avanzó en una dirección económica ortodoxa que ha dado continuidad al programa de la dictadura en detrimento de las mayorías populares. Durante el gobierno de Menem se produjo una desregulación importante de la economía y un desguazamiento del Estado que incluyó las privatizaciones de gran parte de las empresas públicas. El sistema jubilatorio fue prácticamente destruido, el desempleo alcanzó índices de dos dígitos y la sociedad se fragmentó aún más. Este período, que incluye el gobierno de la Alianza, culminó con la profunda crisis del 2001.

Durante el tercer ciclo neoliberal bajo el gobierno de Macri se retrocedió en todos los aspectos que se habían avanzado en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El país fue endeudado como nunca antes. La desocupación y la desigualdad crecieron notablemente.

Hoy estamos frente al comienzo de la cuarta fase del largo ciclo neoliberal que ha azotado nuestro país. El gobierno de Milei constituye un intento más por consolidar los objetivos de largo plazo de la dictadura, instaurar una nueva dinámica económica, social y política a favor de los grandes grupos económicos. Al igual que Martínez de Hoz, el mascarón de proa de la política económica actual es la lucha contra la inflación. Bajo esta consigna se intentan realizar reformas estructurales que benefician y concentran el ingreso en manos de ciertas fracciones del capital dominante. La caída de los salarios, el intento por destruir el Estado y privatizar las empresas públicas, la apertura económica indiscriminada, el alineamiento automático con los EE UU dan cuenta de ello. La propuesta económica se basa en la reprimarización de la economía y la especulación financiera; de seguir adelante con este programa, el industricidio sería inevitable.

Desde el minuto cero la dictadura avanzó en tres políticas centrales. La primera, el disciplinamiento de la clase trabajadora, a través de la represión estatal y de una profunda redistribución del ingreso en contra de los asalariados. La segunda fue la devaluación que favoreció al sector agropecuario y que potenció la caída del salario real. La última política, la reestructuración del aparato estatal. Como queda a la vista, el proyecto del actual gobierno no trae nada nuevo bajo el sol, tal vez una de las pocas novedades sea el proyecto de dolarización que nos dejaría sin moneda y por consiguiente debilitaría nuestra soberanía.

Etapa ultraneoliberal

Argentina está siendo sometida a un nuevo experimento neoliberal. El gobierno trata de instalar una narrativa a través de la cual disputar el sentido común. El trastocamiento de la palabra “derecho” por la de “privilegio” en un claro ejemplo de esto. Para el actual presidente todo aquel que tiene un derecho es un privilegiado, un miembro de la casta, al cual hay que derrotar o aniquilar.

Un gran interrogante es si estas políticas antipopulares se pueden aplicar con el consentimiento de la sociedad. Es la primera vez que un candidato gana las elecciones diciendo abiertamente lo que iba a hacer, una gran diferencia con los dos gobiernos neoliberales anteriores. Menem sostuvo que si hubiese dicho lo que iba a hacer en la campaña electoral no lo hubieran votado y Macri en campaña señaló que iba a sostener gran parte de las políticas impulsadas por Cristina Kirchner.

El discurso autoritario del presidente no puede entenderse sino en el marco de la dificultad que los dos últimos gobiernos tuvieron para dar respuestas a la grave crisis social, asegurar el crecimiento y controlar la inflación. Por otro lado, o más bien como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se ha generado un rechazo a la política y un acuerdo importante sobre la necesidad de un cambio radical que no postula mejorar las instituciones sino destruirlas.

Milei y sus seguidores han introducido en el sistema político un discurso que vuelve a instalar la violencia, por ahora verbal y gestual, en el marco de la competencia política; además de cierto desprecio por el sistema democrático, poniendo en riesgo dos valores centrales del pacto fundante de nuestra actual democracia. A todo esto habría que agregarle la presencia  de la vicepresidenta y sus ataques reiterados contra el movimiento de Derechos Humanos y su no condena a la dictadura.

Frente a esta grave situación nos preguntamos: ¿será posible construir un proyecto político, basado en la igualdad y la participación popular, que a la vez que se proponga resistir el avance del actual gobierno construya una alternativa política que represente una nueva esperanza para la mayoría de los argentinos?

Revertir el proceso económico y socialmente regresivo, iniciado hace 48 años por la más sangrienta dictadura que vivió nuestro país debería ser la premisa que guíe cualquier intento por superar el avance actual de la derecha neoliberal.