La Argentina destina más recursos que Italia al combate de la pandemia

El paquete de medidas económicas dispuesto por el gobierno nacional para paliar los efectos de la pandemia significa una intervención que equivale a alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Esa proporción la pone a tono con lo que están realizando otros gobiernos de la región y por encima incluso de otros países donde la crisis sanitaria es mucho mayor, como Italia.

Las iniciativas comprenden un mix de medidas. Algunas implican un desembolso directo del Estado. Entre ellas se encuentran la ampliación del presupuesto para obras viales, construcción de escuelas y viviendas ($ 100 mil millones); el relanzamiento del plan Procrear ($ 103 mil millones); las líneas Repro para que las empresas de los sectores más comprometidos puedan pagar parte del salario de su personal ($ 40 mil millones) y los bonos especiales para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ($ 27 mil millones). Otras implican el diferimiento o eximición de pagos en concepto de impuestos y contribuciones patronales, lo que derivará en una menor recaudación fiscal en los próximos meses.

Una parte de la ayuda vendrá del sector financiero, que brindará créditos a tasas accesibles para cubrir necesidades de las pequeñas empresas. Se estima que por ese camino los bancos liberarán unos $ 320 mil millones, monto que será objeto de una nueva regulación del Banco Central para que las entidades no sufran ese impacto.

El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) estimó en un informe que el total del programa de estímulo dispuesto por el gobierno alcanza los $ 640 mil millones. “Resulta clave sostener la producción en la mayor parte de las ramas de actividad menos afectadas de manera directa por las medidas de aislamiento por coronavirus”, señala. “La discusión reside en cuántos recursos pone el Estado a disposición y en cómo este plan se viabiliza para su efectivización impactando en la actividad privada”, agrega el documento.

Nueva ola

Los anuncios oficiales tienen lugar en el marco de una nueva ola mundial de intervencionismo estatal. Ante los efectos devastadores del coronavirus en el sistema sanitario y en la actividad económica global, muchos gobiernos (algunos enrolados en corrientes económicas más afines al libremercadismo) están realizando diversas acciones para disminuir el impacto de la crisis. En Europa y Estados Unidos priman las decisiones de política monetaria, a través de la compra de bonos de deuda y títulos de empresas privadas para inyectar mayor liquidez al mercado e incluso de transferencias directas a los ciudadanos. En Alemania, la canciller Angela Merkel dio a entender que su país podría abandonar la férrea ortodoxia fiscal que lo caracteriza: “Haremos lo necesario para superar esta situación y luego veremos qué significa esto para nuestro presupuesto”, dijo.

La consultora PxQ comparó los montos de los programas oficiales destinados a combatir las consecuencias económicas del coronavirus. En los países más activos de Europa van del 8% al 15% del PBI por la fuerte inyección de dinero en la economía. En Argentina, donde las acciones también involucran política fiscal, la cifra ronda el 2% del PBI, proporción que se encuentra “en línea con el paquete anunciado por Brasil (2,2%) y llamativamente por encima de Italia (1,2%), uno de los países más afectados”. En este último país, continúa el informe, las autoridades decidieron medidas de alivio impositivo, la suspensión en el pago de hipotecas y hasta la nacionalización de la aerolínea Alitalia.

El paquete anunciado por el gobierno nacional tiene un antecedente directo en las medidas que adoptó el gobierno en 2009 por la crisis financiera subprime. Según un estudio de Guillermo Wierzba y Pablo Mareso, de 2010, ese paquete alcanzó al 3,3% del PBI. Su impacto fiscal derivó en un incremento del déficit, que alcanzó al 1,7% del PBI en 2009, aunque esas cifras fueron cuestionadas por la intervención de hecho al Indec. En definitiva, la respuesta a la crisis fiscal fue la eliminación de las administradoras de jubilación y pensión (AFJP) a fin de que esos aportes ingresaran a la órbita estatal.

La necesidad de sostener la actividad también alteró los manuales de un organismo tradicionalmente conservador, como el Fondo Monetario Internacional. Hasta el director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner (cuestionado en el seno del organismo por los gruesos errores de cálculo al avalar el crédito stand by a la gestión de Mauricio Macri), salió a recomendar que “los gobiernos deben recurrir a transferencias monetarias, subsidios salariales y medidas de alivio tributario. La prioridad número uno es garantizar que se puedan afrontar los gastos sanitarios inmediatos a fin de proteger la salud de la población”.

Francia y las tarifas

Entre las medidas que dispuso el gobierno francés para paliar la crisis, el presidente Emmanuel Macron anunció la suspensión del cobro de las facturas de agua y luz para las pequeñas y medianas empresas. En un principio circuló que esa medida alcanzaba a la ciudadanía, pero el ministro de Economía, Bruno Le Maire, aclaró que es para pymes. El gobierno destinó para los asalariados una “masiva ampliación” del seguro al parado. También anunció que dejará en pausa la reforma previsional que provocó las protestas sociales el año pasado.