En los últimos seis meses, tres grandes petroleras multinacionales vendieron sus activos en el yacimiento neuquino.
Estos movimientos llaman la atención de analistas y funcionarios, quienes tratan de comprender qué significan y qué pueden implicar hacia el futuro.
Entre los analistas existe la idea de que se trata de la manifestación de un período de transición en el que corren por caminos paralelos la situación política y económica argentina, de un lado, y las características del negocio petrolero global, del otro.
En un reciente streaming del portal especializado Econojournal, el consultor Nicolás Gadano opinó que «el ordenamiento de la macroeconomía» favoreció el crecimiento del sector del petróleo y gas, aunque remarcó que aun hay «dos asuntos pendientes»: el levantamiento total del cepo a las empresas y el nivel de riesgo país que afecta el acceso al crédito internacional.
En la misma sesión, Flavia Royon, exsecretaria de Energía del gobierno de Alberto Fernández y con una breve continuidad en el área de minería del actual gobierno de La Libertad Avanza, opinó que «vamos a tener unos años» en los que la Argentina va a estar lidiando con los costos de financiamiento de sus grandes proyectos de infraestructura.
Con la mirada puesta en las necesidades de las empresas del sector petrolero, los dos analistas consideraron que «ganar la confianza» de los inversores llevará tiempo.
Del lado del gobierno, hay preocupación por esa misma transición, cuya prolongación puede derivar en que no se produzca la «lluvia de inversiones» durante el actual mandato de Javier Milei y que ello melle la imagen del presidente de cara a su proyecto político de transformarse en la fuerza hegemónica del país a partir de las próximas elecciones de medio término.
Tanto Milei como los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger compraron su propio discurso, que decía que con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el capital fluiría hacia el yacimiento no convencional de Neuquén.
La realidad es otra. Los proyectos de petróleo y gas presentados y aprobados no son para producir gas y petróleo sino para transportarlo y exportarlo: el oleoducto Vaca Muerta Sur y la instalación de un barco que transforma el gas en líquidos. Para colmo, este último prevé sacar la materia prima del gasoducto San Martín, que trae el gas desde Tierra del Fuego. Nada que ver con Vaca Muerta.
Falta para Vaca Muerta
A los problemas que la Argentina le «provoca» a las petroleras, hay que sumar otros, hasta más pesados: el mercado petrolero y gasífero global.
Para las grandes empresas, Vaca Muerta aun no despegó por la falta de la infraestructura para evacuar la producción. Y prefieren que otros se hagan cargo de la inversión necesaria para ello.
En ese sentido y a pesar de su potencial, Vaca Muerta corre por detrás de muchas explotaciones globales ubicadas en lugares tan disímiles como Brasil, Estados Unidos, Kazajistán o Guyana. En yacimientos ubicados en esos países ya hay una estructura legal (como el RIGI) y financiera que permite ampliar la infraestructura existente a bajo costo. Una comparación: el conglomerado de empresas de primer nivel que está detrás del oleoducto Vaca Muerta Sur consiguió financiamiento al 10% anual en dólares; en Guyana, ExxonMobil consiguió financiamiento al 5% para financiar un proyecto de producción de crudo.
Además de costos menores, las otras explotaciones tienen un retorno mucho más veloz y más aun si se trata de campos más maduros, que ya cuentan con la infraestructura necesaria para transportar la producción.
En el streaming de Econojournal, Gadano y Royon se mostraron preocupados por la argentinización de Vaca Muerta. Señalaron entre otros motivos, que las petroleras nacionales (incluida YPF) tienen espaldas financieras más chicas que las grandes multinacionales y que con menos jugadores habrá menos competencia por las áreas y menos inversiones de desarrollo de petróleo y gas.
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