Sergio Palazzo, Secretario General.

-En poco más de un año la política económica de este gobierno ha impuesto la caída de la actividad económica y la recesión en el mercado interno con una brutal devaluación, altas tasas de interés, alza sin control de los precios, tarifazos, apertura irrestricta de las importaciones, decenas de miles de despedidos, cierres de empresas, caída del poder adquisitivo de los salarios en general y crecimiento de la pobreza.
-Las consecuencias ya están repercutiendo sobre la actividad financiera que maximiza ganancias prestándole al estado. Menos argentinos empleados, menos empresas, menos consumo significan menos clientes, más riesgo, más morosos.
-Exime de impuestos a los sectores más poderosos de la economía, desfinanciando al estado, mientras premia con el blanqueo a los grandes evasores de impuestos e incumple su compromiso de derogar el impuesto al salario.
-Incumple la legislación vigente negando paritarias libres persiguiendo a las organizaciones, trabajadores y dirigentes sindicales que defienden el poder adquisitivo del salario. Los bancarios que hemos sufrido y resistido esa imposición, hemos visto como inclusive se desconocen fallos de la justicia y se persigue a los jueces que hacen lugar en sus fallos a los derechos laborales. No hay seguridad jurídica para los trabajadores.
-Ajusta los «costos laborales», es decir vuelve a la política que ya fracasó en la última década del siglo pasado: salarios bajos y flexibilización laboral como variable de ajuste de un modelo económico que sólo puede sostenerse en base a un creciente y sideral endeudamiento del Estado.
-Ejercemos el derecho constitucional de huelga para exigir un cambio en la política económica que garantice la recuperación del mercado interno, la actividad productiva, el empleo y la plena vigencia de los derechos de todos los trabajadores cualquiera sea su actividad laboral.
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