La “batalla cultural” como coartada económica

1. El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo

En contextos de ajuste, el equilibrio fiscal implica decidir quién absorbe el costo de la estabilización. La reducción del gasto no elimina recursos: los redistribuye. La pregunta es distributiva. Una economía puede exhibir cuentas públicas ordenadas y, al mismo tiempo, registrar altos niveles de desempleo (7,5% en el cuarto trimestre del 2025), caída del consumo, cierre masivo de empresas y deterioro del tejido productivo. Durante 2024, el producto interno bruto registró una contracción interanual del 1,7 mientras la inversión cayó 17,4%. Esa caída no es solo fiscal: compromete la capacidad productiva misma. Si la demanda se desploma y la actividad económica se contrae, el Estado cumple una función esencial al sostener el nivel de actividad. Si la economía pierde capacidad productiva y el empleo se destruye, el equilibrio fiscal es socialmente estéril: no garantiza prosperidad ni estabilidad duradera.

2. El mito del mérito puro

La idea de que el éxito depende exclusivamente del mérito individual ignora factores estructurales ampliamente estudiados por la sociología. Las personas parten de posiciones profundamente desiguales en términos de capital económico, cultural y social: no compiten desde el mismo punto de partida. Algunos disponen de recursos materiales, redes de contacto y capital educativo acumulado, mientras otros carecen de esos apoyos desde el inicio. Esa desigualdad no es accidental: forma parte de un sistema que reproduce jerarquías en el acceso a la propiedad, al crédito y a los activos productivos.

Si las condiciones de partida son radicalmente distintas, el mérito deja de ser un criterio objetivo: dos personas pueden esforzarse de manera similar y, aun así, enfrentar oportunidades completamente diferentes.

3. El esfuerzo como moral política

La exaltación del esfuerzo puede transformarse en una narrativa moral que culpabiliza a quienes quedan excluidos. Si se afirma que todo depende exclusivamente del esfuerzo individual, entonces el desempleado aparece como un fracasado y el pobre como responsable de su situación.

Sin embargo, el desempleo masivo suele ser consecuencia de decisiones macroeconómicas, crisis productivas o transformaciones tecnológicas, no de la voluntad individual de quienes lo padecen. Entre los jóvenes de hasta 29 años en Argentina, la pobreza ronda el 60% y la informalidad laboral supera el 70%, cifras que difícilmente puedan explicarse como simples trayectorias individuales fallidas

Convertir el esfuerzo en un criterio moral absoluto invisibiliza las condiciones estructurales y termina funcionando como un mecanismo de legitimación de la desigualdad.

4. El Estado no es un “Dios”, pero tampoco un enemigo

En las democracias modernas, el Estado no es una entidad externa a la sociedad, sino una institución colectiva creada para garantizar derechos, regular mercados, proveer bienes públicos y proteger a los sectores más vulnerables.

Una sociedad justa organiza sus instituciones de modo tal que las desigualdades no destruyan las oportunidades de quienes se encuentran en posiciones más desfavorables.
En este contexto el Estado no se retira: redefine sus prioridades. Se transforma en instrumento de reorganización regresiva.

5. Cuando la economía deja de servir a la sociedad

Cuando el debate público se reduce a “equilibrio fiscal” y “gasto”, se pierde de vista una pregunta fundamental: si la economía está mejorando o deteriorando la vida de las personas.
Sin embargo, esos indicadores raramente ocupan el centro del debate oficial. Lo que se celebra es el superávit fiscal, no la recuperación del salario real. El equilibrio de las cuentas públicas, no la reapertura de las empresas cerradas.

Si el resultado de una política económica es el cierre de empresas, la expulsión de trabajadores del mercado laboral, la caída del consumo y el deterioro social, el problema no es cultural. Es económico y político.

6. El capitalismo como moral: una afirmación discutible

En enero de 2026, ante el Foro de Davos, Milei sostuvo que “el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema justo”. En marzo, ante el Madrid Economic Forum, fue más lejos: “Los únicos que somos ética y moralmente justos somos nosotros”. Presentar al capitalismo como una doctrina moral remite a una tradición liberal defendida por autoras y autores como Ayn Rand y Friedrich Hayek.
Sin embargo, esa premisa confunde intercambio voluntario con igualdad de poder. La libertad formal no equivale a igualdad real. Si una persona necesita trabajar para sobrevivir y otra controla el capital o el empleo, la voluntariedad del intercambio se vuelve relativa: no es lo mismo negociar desde la necesidad que desde el poder económico.

La moralidad, por lo tanto, no pertenece a un sistema económico en sí mismo. Ningún sistema es moral por naturaleza: su dimensión ética depende de cómo organiza la distribución de recursos, del poder que concentra y de la dignidad que resguarda o vulnera.

7. Justicia social y desigualdad estructural

Corrientes liberales radicales sostienen que la redistribución estatal constituye una violación de la libertad individual.

Sin embargo, esta visión ignora que la libertad formal resulta insuficiente cuando las personas parten de condiciones profundamente desiguales. La justicia social busca garantizar condiciones mínimas de igualdad de oportunidades para que la libertad no sea un privilegio reservado a quienes ya poseen recursos.

Ninguna democracia desarrollada funciona sin mecanismos de justicia social. En Argentina, esos mecanismos —derechos laborales, seguridad social, educación pública— son conquistas históricas que estructuraron la movilidad social durante décadas. Desmantelarlos en nombre de la libertad individual no amplía la libertad: la concentra en quienes menos la necesitan.

8. El excedente económico y la riqueza social

La idea de que la justicia social constituye un robo parte del supuesto de que toda riqueza es exclusivamente individual. Sin embargo, una parte sustancial de la riqueza surge de relaciones sociales de producción. El valor producido en el proceso productivo suele ser mayor que el salario que reciben los trabajadores: ese excedente es apropiado por quienes controlan los medios de producción en forma de ganancias, rentas o intereses.

En ese marco, la pregunta se invierte: el «robo» no sería el impuesto sino la apropiación privada de una riqueza generada socialmente. Los impuestos financian las condiciones que hacen posible la producción misma — infraestructura, educación, salud pública, estabilidad institucional.

La riqueza es siempre social. Toda producción depende del conocimiento acumulado por generaciones, de la infraestructura colectiva y de las instituciones públicas. Aunque su apropiación sea privada, el proceso que la genera es profundamente colectivo. Ignorar eso no es una posición económica: es una operación ideológica.

9. Libertad, pobreza y dignidad humana

La pobreza limita la libertad porque restringe las opciones disponibles para las personas. Quien carece de empleo o de acceso a educación tiene menos capacidad para decidir su propio proyecto de vida.La dignidad humana requiere condiciones materiales básicas: alimentación, salud, educación y trabajo digno, porque sin ellas la libertad se convierte en un concepto vacío. Toda decisión económica tiene consecuencias éticas concretas, ya que afecta de manera desigual las condiciones reales en que las personas pueden ejercer autonomía, sostener su vida y proyectar su futuro. Por eso la llamada “batalla cultural” funciona como una distracción: mientras se discuten valores abstractos, se redefine la estructura económica, y allí se decide algo más concreto que cualquier disputa simbólica: quién gana, quién pierde y qué tipo de sociedad se impone.