Es la única zona porteña con ley de emergencia ambiental y urbanística. Pero el Gobierno de la Ciudad la incumple. Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone, cuenta ejemplos de este barrio que sufre la ausencia del Estado en favor del mercado inmobiliario, y un proceso de gentrificación que no se detiene.
Hace diez días hubo un incendio en la esquina boquense de Necochea y Suárez, en la cuadra donde hace 8 meses vive una “ranchada” tras un desalojo. “Todos los que forman parte de la causa estaban al tanto de la situación de esa familia. Jefatura de gabinete, IVC, Desarrollo Humano y Hábitat. Hace tres meses se derrumbó una escalera en la calle Melo 412 mientras salía una chica con discapacidad en su silla de ruedas. La chica terminó hospitalizada, la casa terminó clausurada y las 6 familias en la calle. El Gobierno de la Ciudad no hizo ninguna acción para que las familias reconstruyan la escalera y puedan volver a la casa«, enfatiza Natalia Quinto.
«Esta semana recibimos del Servicio Social del Hospital Argerich una derivación a nuestra organización, planteándonos que una persona que tiene trasplante hepático y vive acá en el barrio, no puede volver a su casa después del trasplante porque tiene en su casa piso de tierra, comparte baño con 20 familias, entonces que hay que encontrar cómo hacer para que tenga un baño individual y logre hacer un contrapiso –continúa–. En estas condiciones viven las familias, pero ya no es algo que nosotros decimos. La Boca está declarada en emergencia de vivienda por una ley desde hace 15 años y no hemos podido avanzar en nada”.
Cuando se habla de turismo en la Capital y de esa ciudad «pintoresca» que vende el gobierno porteño en estampitas y postales, las miradas van hacia La Boca. Pero detrás de Caminito, la Usina del Arte y la Bombonera se esconde otra realidad más oscura. Un barrio que año a año se vuelve tan precario como expulsivo, especialmente desde 2012, cuando se creó el Distrito de las Artes y creció la especulación inmobiliaria.
La idea histórica del macrismo es crear un gran corredor urbano inmobiliario que vaya desde Retiro hasta La Boca. De ahí la intención en su momento de Mauricio Macri de quedarse con las tierras de la Villa 31, luego la creación de Catalinas Sur, el avance de Puerto Madero, y ahora el flamante Barrio Irsa al lado de la Reserva Ecológica de Catalinas Sur, con 45 torres y 9000 viviendas y comercios destinados a la clase media-alta. Lo que sigue en el mapa es La Boca.
Un factor clave aceleró la llamada «gentrificación». En 2012, el Ejecutivo impulsó el Distrito de las Artes, «un paraíso fiscal para promover los negocios inmobiliarios y la expulsión de los habitantes del barrio», según apuntan las organizaciones. Los empresarios que se instalaron gozan de la exención de impuestos como sello e ingresos brutos, y en octubre crearon el Consorcio del Distrito de las Artes, una «entidad civil sin fines de lucro» que nuclea a una quincena de inversores y desarrolladores que se fueron apoderando de terrenos y viviendas, muchas de ellas en remates fomentados por el propio Estado porteño.
Hay otro barrio emergiendo, que busca sustituir la población. El ejemplo es esa mole de lujo llamada Molinos Ciudad, en la ex fábrica Alpargatas, con 360 lofts, piscina, cancha de tenis, de cuyo fideicomiso participó Mauricio Macri. El complejo es uno de los beneficiados con exenciones impositivas.
«En la ciudad el problema es el modelo de desarrollo que propone el gobierno, que es el modelo de desarrollo de especulación inmobiliaria que fomenta con política pública», remarca Natalia Quinto. Y menciona el paquete de cuatro leyes de tratamiento exprés que el oficialismo envió a la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Uno de ellos, el principal, prevé una exención del pago del impuesto a la plusvalía del 80% para cualquier construcción de viviendas (incluyendo las suntuosas), o sea, podría ser vivienda suntuosa para las comunas del centro y sur porteño. Entre ellas la 4, la de La Boca.
«Se hace sin ninguna planificación, sin ningún pedido de contraprestación, eso agrava toda la situación habitacional que ya tenemos. Porque está claro que ya está demostrado por la cantidad de viviendas vacías y ociosas que hay, que la construcción sin planificación y el crecimiento de la ciudad de manera desproporcionada, sin ningún tipo de control y planificación ni direccionamiento, lo único que hace es agravar un problema que la ciudad ya tiene –continúa Quinto–. Y aparte en estos 15 años la Ciudad no ha realizado ninguna acción para revertirlo. Tanto por omisión como por acción directa. Después tenés desalojos, derrumbes, hacinamiento, gente expulsada, incendios. Las cosas no suceden por casualidad».
Actualmente, los proyectos de viviendas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) –que era un ente autárquico hasta que hace poco más de un año pasó a depender de la cartera del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat– en La Boca son todos órdenes judiciales que el gobierno porteño se ve obligado a ejecutar.
El barrio tiene por ley un programa de «Recuperación de La Boca«, debido a su crisis habitacional. «Pero es terrible la subejecución que hay –completa Quinto–. Se votan 130 millones de pesos, a mitad de año le quitan 100, gastan 5, le sobran 20, o sea, eso quiere decir que no han ejecutado nada de la política pública que tenían prevista para ese año, nada de la concreción de ese programa, pero todo es así y claramente está sujeto al modelo de desarrollo que tienen, al nivel de concentración constructiva sin ninguna planificación que hacen de la ciudad. ¿Cuál es el criterio de planificación de la ciudad? Es un constante despatrimonializarse de la tierra pública. No solo por negligencia o inoperancia, es a conciencia plena».
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El barrio es una mugre gracias al abandono y las casas usurpadas y las construcciones clandestinas dentro de antiguas casas para dos familias o tres dónde viven ahora 10 familias, se necesita el desalojo y la puesta en valor de las propiedades o su demolición, el que está por fuera de la ley es un delincuente