La Cámara del Crimen: el reducto judicial del macrismo que resiste a la reforma

La Cámara del Crimen opinó hace una semana que el proyecto de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso era inconstitucional. La acordada, firmada por todos los jueces que integran ese órgano revisor, se convirtió en la primera manifestación crítica a la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández formulada por funcionarios judiciales. Sorprendió el tenor de los prejuicios en el ámbito de la formalidad judicial, pero la postura mantuvo la coherencia del núcleo duro de magistrados que rubricaron la acordada y que están vinculados públicamente con el macrismo.

“(La reforma) supone el completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica”, afirmaron los 12 jueces camaristas, quienes además argumentaron que “el proyecto omite toda referencia a la suerte que han de correr los magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias”.

«Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», añadieron los magistrados, sin mencionar siquiera que la medida estaba contemplada incluso en el denominado programa Justicia 2020 que impulsó Mauricio Macri, y que en parte retoma el proyecto del gobierno, con la idea de cumplir con la Reforma Constitucional del 94 que estipulaba que la justicia porteña se hiciera cargo de los delitos ordinarios en su jurisdicción.

De este modo, la Cámara adelantó una opinión sin que llegara a sus despachos un caso en particular para analizar y sobre un proyecto de Ley que aún debe pasar el tamiz de los especialistas y los legisladores.

Una corporación judicial macrista

Este gesto de la Cámara del Crimen es coherente con la procedencia de la mayoría de sus integrantes, quienes tienen una afinidad especial con los dirigentes del macrismo.

Magdalena Laíño, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López y Pablo Guillermo Lucero fueron parte de la última tanda de jueces en llegar a la Cámara a mediados de 2018. Todos contaron con la anuencia de la mesa judicial de Juntos por el Cambio encabezada por el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques y el operador Daniel Angelici, entre otros.

El caso de Rodríguez Varela es paradigmático. Además de ser hijo de Alberto, quien fuera ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico militar y hermano de Mariana Rodríguez Varela, más conocida en las redes sociales como “la loca del bebito”, dio un giro importante en estos días. Para convertirse en juez nacional, al igual que sus colegas, el magistrado debió firmar ante Garavano su consentimiento para ser traspasado en un futuro. Por ello, la semana pasada, Rodríguez Varela presentó una nota en el Ministerio de Justicia para que aquella declaración quedara sin efecto.

La identidad partidaria del juez Mariano Scotto es más elocuente aún: fue presidente de la ONG Unidos por la Justicia, creada por Francisco De Narváez y liderada por Garavano, usina de dirigentes como Gustavo Ferrari, quien fuera funcionario de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

Otro de los firmantes de la acordada, Mauro Divito, había sido propuesto por Macri para ocupar un cargo en la estratégica Cámara Nacional de Casación tras perder las elecciones con Alberto Fernández, donde se presume que el ex mandatario buscaba blindarse de impunidad tras su paso por el poder.

Rodolfo Pociello Argerich, por su parte, es un peso pesado en la Cámara y un referente histórico de la lista Bordó en la Asociación de Magistrados, quien hoy en el Consejo de la Magistratura, y a través de su representante Ricardo Recondo, integra el bloque opositor que lidera el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli.

En tanto, el titular de la Cámara del Crimen, Alberto Seijas, dio su punto de vista en el Senado la semana pasada propuesto por los legisladores de Juntos por el Cambio. “En la actualidad estamos llegando casi a 100 magistrados y, en definitiva, (si el proyecto avanza) el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces que conforman su dotación”, comentó el camarista, quien analizó: “Las competencias son transferibles, pero los magistrados no. El Estado Nacional no puede privar de competencias a sus jueces. La ley tiene que prever o mantener su competencia actual, o darles otra competencia, porque si no estaría dejando a jueces sin materia a tratar”.