La causa por corrupción en la Armada no se vincula con el ARA San Juan

La causa judicial que archivó en 2010 el ex juez federal Norberto Oyarbide sobre presuntas irregularidades en la Armada no tiene nada que ver con el submarino Ara San Juan, hundido en algún lugar del litoral atlántico con 44 tripulantes a bordo. Se trata de una denuncia genérica sobre supuestas irregularidades en los astilleros en los que fue reparado el submarino siniestrado dos años después de los hechos consignados por el suboficial primero de la Armada Jorge Omar Godoy. El archivo de la causa por parte de Oyarbide fue consentido por el fiscal Eduardo Taiano, un inquebrantable paladín de la lucha contra los hechos de corrupción atribuidos al anterior gobierno.

La denuncia de Gómez fue presentada el 23 de octubre de 2007 y apuntaba contra jefes de la Armada: Jorge Godoy, Jorge Dacharry, Ricardo Leprón Efraín y Carlos Ferraro. Y aludía a “irregularidades y manejos espúreos (sic)” que ocurrieron, según el texto al que accedió Tiempo, “durante las tareas de mantenimiento del submarino Salta realizadas en dicho lugar entre el año 2005 y 2006”. El Ara Salta, claro está, no es el Ara San Juan. Las tareas de “media vida” en este último comenzaron a finales de 2008.

La resolución del ex juez, que no fue apelada por el fiscal Taiano, no menciona ni una vez al Ara San Juan. Sí, menciona, el supuesto “robo de metales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”. Pero, en todo caso, esos hechos que tampoco fueron comprobados por la investigación judicial ocurrieron antes de que el submarino buscado hoy en las profundidades por fuerzas de todo el mundo ingresara a taller para la reparación.

¿Qué irregularidades denunció el suboficial Gómez en el Astillero Domecq García, de la Unidad Militar Proyecto Submarino? “El alquiler precario de las naves del astillero a empresas particulares tales como Terminal Panamericana S.A., además que en el predio en cuestión se habría evadido constantemente los controles de la aduana y se habrían desviado muebles y otros materiales a lugares desconocidos, los que habrían sido comprados con dinero del astillero y llevado a domicilios de jefes militares”.

De una auditoría interna sobre el Astillero, realizada como consecuencia de la denuncia, “surgen una serie de conclusiones que demuestran una serie de defectos, los que sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”. El auditor de la Armada se entrevistó con el denunciante “en más de una oportunidad por indicación de la ministra” Nilda Garré, consigna la documentación a la que accedió este medio.

Quienes se beneficiaban de las instalaciones, el personal y acaso también los materiales del Astillero Domecq García fueron empresarios privados. “Hay un conjunto importante de actividades empresariales funcionando en el ámbito de las tres fuerzas que no tienen un marco jurídico institucional que no les permite manejarse como empresas (…) Se encontraron con que se gestionaba un astillero donde dos tercios de la capacidad ociosa instalada se tercerizaba en un marco de gran informalidad y que puntualmente en la operatoria del astillero es factible que haya ocurrido algo de lo que se denuncia pero ello resulta incomprobable”.

Los empresarios privados contrataban a personal militar. El fallo explica: “en relación al empleo de personal de la Armada en la realización de tareas para privados, si bien es real, lo cierto es que estrictamente no está prohibido”.

La información sobre la existencia del expediente 15.373/07 parecía destinada a demostrar que existió corrupción y tal vez también negligencia en la reparación de media vida del Ara San Juan. Pero esa causa nada tenía que ver con la nave presuntamente hundida por una explosión a bordo.