La causa por espionaje ilegal del macrismo, al borde del precipicio

La causa por el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a opositores y aliados políticos, que arrancó hace tres años con ribetes de escándalo y fue acallada en los repliegues de las bambalinas judiciales, corre el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra.

El abogado de uno de los integrantes del grupo de agentes de inteligencia contratados en la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani presentó un pedido de «nulidad absoluta» de todo el expediente. Y el juez Marcelo Martínez de Giorgi abrió el tratamiento de ese planteo (otros similares fueron rechazados en el pasado) y le pidió al fiscal Franco Picardi que emita su opinión al respecto.

La embestida contra lo que queda en pie de esa investigación es mortífera. La causa se inició en 2020 en los tribunales federales de Lomas de Zamora y puso en superficie fotos, audios y documentos que mostraban cómo personajes políticos, desde Cristina Fernández de Kirchner a Horacio Rodríguez Larreta, habían sido espiados por una estructura de inteligencia creada específicamente durante el gobierno de Mauricio Macri.
Todo se tapó. La Cámara Federal porteña sostuvo que los espías (en su mayoría improvisados y provenientes de la Policía de la Ciudad) eran «cuentapropistas», que habían realizado espionaje ilegal en su propio beneficio, burlándose de Arribas y Majdalani.

Aquel fallo dejó a la causa malherida. Este planteo de nulidad la sitúa directamente en coma cuatro.

«Vengo a solicitar, sin más trámite ni dilaciones innecesarias, que se decrete la nulidad de todo lo actuado en autos, en razón de que la gravedad de los hechos planteados configura una violación a las garantías constitucionales y de carácter internacional que deben regir el desarrollo del proceso penal», denunció el abogado Emmanuel Carro, quien defiende en la causa al expolicía de la Ciudad Jorge Horacio «el Turco» Sáez.

El principal apuntado (y por eso la nulidad pedida va desde la foja inicial del expediente) es el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, el primer magistrado que tuvo la causa.

Carro pidió la nulidad sobre la base de dos situaciones: «La génesis de la causa y el desempeño del juez Federico Villena» y «la incorporación y el manejo de los teléfonos celulares secuestrados». A lo largo de 60 páginas, describió lo que –según su opinión– es «un esperpento jurídico»; denunció conductas supuestamente delictivas de Villena y de la fiscal Cecilia Incardona y, de paso, chicaneó a los abogados de las víctimas, entre ellas varios funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, quienes fueron espiados mientras estaban en la cárcel. «Causan asombro que las manifestaciones de algunas querellas solicitando rechacen las nulidades presentadas, siendo que he visto a algunos de esos querellantes despotricando en canales de televisión sobre causas armadas, violaciones al debido proceso, al derecho de defensa, por ausencia de imparcialidad de algunos jueces, y enarbolando vehementemente banderas en contra del ‘lawfare’, por cuestiones muchísimo menos dantescas que las planteadas en este incidente».

Entre quienes apoyan la nulidad absoluta del expediente figura Majdalani, la ex número dos de la AFI: «esta defensa expresa que adhiere al planteo. (…) Estamos ante nulidades de orden público, que deben sustanciarse en cualquier estado y grado del proceso, que además se han producido durante la etapa de la Instrucción. Esta Defensa está legitimada para responder y respaldar las nulidades, no sólo porque hace al interés de esta parte y de nuestra representada de evitar que se consolide una imputación penal contra ella a partir de actos inválidos, sino porque además no hemos concurrido a causarlas».

El viernes pasado, el fiscal Picardi recibió el pedido de opinión del juez, después de que se pronunciara el resto de las partes. La defensa de Sáez, aunque en otro contexto, le marcó la cancha: «El Ministerio Público, una vez corrida la vista pertinente, debería rebatir (o no) los hechos concretos que aquí se plantean». Picardi manifestará su postura en los próximos días y luego será el juez Martínez de Giorgi el encargado de decidir si la causa se cae o no.

Si la decisión fuera continuar la investigación, las partes podrán apelar ante la Cámara Federal. Y allí esperan los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los padres de la teoría del «cuentapropismo». Será la primera vez que les tocará intervenir ante un pedido de nulidad total del expediente.

La embestida contra el juez Villena también es a fondo. Carro no sólo cuestionó su accionar; también lo denunció como autor de varios delitos y le pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura. «Entiendo que el juez Villena debería estar imputado en el marco de esta pesquisa, sea por dolo, sea por culpa, pero imputado; por brindar cobertura legal a las presuntas tareas de inteligencia ilegales, o por incumplimiento de sus deberes, pero imputado». Entre las supuestas irregularidades, enumeró: «teléfonos que se adulteran, que van de un lado a otro sin registro alguno, que están en Lomas de Zamora y en Retiro al mismo tiempo, extracciones forenses que no constan en ningún lado, pruebas que aparecen y desaparecen».

En Comodoro Py siempre hay voluntades dispuestas a hacer lugar a estas nulidades. Depende de quién lo pida, claro está. «