La cercanía de 2017 puso en crisis el esquema de gobernabilidad PRO

La semana que pasó no fue de las soñadas por el presidente Mauricio Macri. La crisis política que se desató a partir del fracaso de dos iniciativas estratégicas para su programa político-económico tuvo como escenario el Congreso. Entre las razones están las propias tensiones internas que incluyen acusaciones cruzadas de traición. Pero a este menú hay que sumarle la compleja e interesada relación que Cambiemos mantiene con sus socios del «para-oficialismo»: el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, que también viven su propio vía crucis. El avance del proceso electoral del próximo año hizo añicos acuerdos que, según evaluó uno de los más importantes diputados del PRO, obligan a «recomponer la confianza».

Desde el comienzo de su gobierno, Macri supo que estaba obligado a consensuar cada ley que enviara al Parlamento. Por sí solo, su interbloque tiene problemas hasta para imponer un proyecto de declaración. Así fue que buscó y encontró en el Frente Renovador al mejor socio para imponer sus iniciativas legislativas, aunque el costo en general es alto. El Bloque Justicialista, de Diego Bossio, también participa pero con muchas menos acciones en este joint-venture político. Ninguno escapa a las peleas internas y, con el correr de los días, la búsqueda del equilibrio se vuelve más compleja, sobre todo para el oficialismo.

La tensión entre los socios de Cambiemos y sus aliados circunstanciales comenzó con la fallida sesión del último 28 de septiembre que pasó a cuarto intermedio fruto de los desacuerdos internos de Cambiemos y también con el FR para aprobar dos leyes del paquete Justicia 2020: el fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal, y del fuero Penal Económico, y la implementación del juicio «unipersonal» para determinados delitos. Esto obligó al ministro de Justicia, Germán Garavano, a escapar del recinto masticando bronca y acusando al radical Diego Mestre, presidente de la Comisión de Justicia, de ser el responsable del fracaso. El radical no sólo negó tal afirmación sino que acusó al ministro de «puentearlo» y negociar con la renovadora Graciela Camaño la votación de ambos proyectos. Ese día, cuando la sesión tambaleó, el titular de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, reunió a los jefes de bloque para encontrar una salida al embrollo, pero Elisa Carrió, su socia de la Coalición Cívica, cuestionó la presencia de Camaño, a quien acusó de carecer de «autoridad moral» por ser la esposa de Luis Barrionuevo. El insulto de Camaño fue de tal magnitud que anticipó consecuencias nefastas que se extendieron hasta las últimas horas, cuando ambas diputadas volvieron a cruzarse a través de la red social Twitter por la reforma electoral y el voto electrónico.

Y entonces llegó el intento de llevar al recinto la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF). Una vez más apareció Carrió y, valiéndose de su poder mediático, destrozó lo que, a juicio de propios y extraños, constituye un engendro legislativo. Esta vez la asistía la verdad cuando señaló la inconstitucionalidad del proyecto que pretendía desplazar a Alejandra Gils Carbó. Los dichos de Carrió desenmascararon la complicidad del massismo y el rol clave de Camaño, quien se había jactado de reescribir el texto que había remitido Garavano.

Las heridas duelen pero si las infringe un aliado provocan más daño. Entre los macristas, el malhumor con Carrió no se disimula y le señalan la hipocresía de sus cuestionamientos cuando en la redacción de la reforma del MPF participó su diputado Fernando Sánchez. Los radicales, en tanto, le cuestionan a la conducción del PRO el no contemplar sus aportes y preferir «negociar» con Massa.

Ahora, casi sin tiempo, el gobierno recurrió a Ricardo Gil Lavedra y a un grupo de fiscales para que el proyecto quepa dentro de los límites constitucionales.

Los hombres fuertes del PRO buscaron salvar la semana sancionando el proyecto de Participación Público-Privada (PPP) en las obras públicas. El respaldo del FR exigía que Cambiemos vote el polémico proyecto que obliga a los abogados a matricularse en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (ver página 11). El oficialismo cumplió, pero PPP llegó al recinto con cambios de último momento, fruto de intensas negociaciones que le desataron internas a Sergio Massa. Eso derivó en la huida del recinto de Facundo Moyano y Felipe Solá, entre otros, en airadas críticas de Margarita Stolbizer al propio Massa, realizadas a oídos de todos. Algo similar le pasó a Bossio. La norma, que para radicales, massistas y kirchneristas, es un regreso a la doctrina Dromi de privatizaciones, obligó a Massa a plegarse a la moción del FpV de retornar el texto a comisión y fallarle al PRO. El FpV festejó y ¡Camaño también! La desazón y la bronca ganaron los rostros de los macristas puros.
«Mauricio no se enojó porque le di esperanzas», justificó uno de los hombres del PRO que tiene diálogo directo con el presidente. En el oficialismo rezan para que la semana próxima sea diferente. Quieren votar el Presupuesto para el 2017. Un proyecto que todavía está bajo fuertes negociaciones. «

Cruces Carrió-FR por el chip

Elisa Carrió, via Twitter, criticó duro a Sergio Massa y al PJ por frenar la boleta electrónica. «La eliminación del chip es querer mantener el fraude electoral», disparó la diputada. Es que la reforma electoral, que tiene media sanción en Diputados, podría sufrir cambios tras el acuerdo de varios espacios peronistas. Como réplica, Carrió bombardeó: vinculó a Massa con delitos del narcotráfico por su relación con el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, procesado por presunto encubrimiento a crímenes narco. La respuesta corrió por cuenta de Graciela Camaño, del FR, también vía tuit: «Xq MENTIS Carrió. Mientras estabas enferma el bloque de Massa votó la ley y boleta con chip».