La CGT eludió convocar otro paro, se unificó detrás de una estrategia judicial contra Ganancias y se reunirá con Julio Cordero

La mesa chica de la CGT se reunió el miércoles en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Allí ofició de anfitrión Andrés Rodríguez titular del sindicato mayoritario de los empleados públicos nacionales y secretario adjunto de la CGT. A la vez el dirigente, junto con Héctor Daer, representa el ala más moderada de la Central sindical. La que definió no movilizar al Congreso en ocasión del tratamiento de la ley Bases ni cuando el proyecto fuera tratado por la cámara de senadores ni cuando la misma volvió para su reconsideración en diputados.

Los ánimos no fueron los mejores en tanto en el último tramo de ese debate, las distintas vertientes que conviven en la conducción mostraron estrategias diferentes. La reunión sirvió para cauterizar las heridas y definir una estrategia en común para intentar revertir el capítulo de la ley de paquete fiscal que restituyó el pago del impuesto a las ganancias a cerca de un millón de trabajadores.

De la cita participaron los tres miembros del triunvirato de conducción, el mencionado Rodríguez y otros dirigentes como Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Omar Plaini, Sergio Romero y Alejandro Amor, entre otros.

La estrategia que avanzó, a contramano de un nuevo paro nacional como habían sugerido tanto Pablo Moyano como, inesperadamente, el sector de José Luis Barrionuevo (Carlos Acuña), fue la de abrir un diálogo con el gobierno y accionar judicialmente contra la restitución del impuesto a las ganancias. En este punto, sin embargo, la estrategia adoptada será la de presentar recursos de inconstitucionalidad por sindicato y no bajo la tutela formal de la CGT aunque sí con su respaldo político.

Además, el sector dialoguista bregó por generar las condiciones para avanzar en una reunión con el Secretario de Trabajo Julio Cordero. Allí, por un lado, buscarán influir en la reglamentación de la ley bases, en particular en aquellos artículos que limitan sensiblemente el derecho a huelga al penalizar con el despido los bloqueos y ocupaciones de empresas.

Además, transmitirán su preocupación por la situación de las obras sociales sindicales y la desregulación que promueve el gobierno que, ahora, pretende reducir al 15% el porcentaje de aportes al Fondo Solidario de Redistribución que las empresas de medicina prepaga deberán garantizar en caso de, a partir de la nueva normativa, ser seleccionadas por algún trabajador.

El sector más duro liderado por Pablo Moyano no se opuso a la estrategia de gestionar una cita con Cordero pero, de cualquier forma, aclaró que él no participaría del eventual convite que podría producirse en los próximos días.

Por último, los presentes acordaron formalizar una reunión del pleno del Consejo Directivo para el 25 de julio. Buscarán llegar con el escenario y la relación con el gobierno más despejada.