La CGT pide que los despidos no sean “por fuerza mayor” pero la oposición exige que se prohíban taxativamente

En la cadena nacional del domingo por la noche en la que anunció la extensión del aislamiento social obligatorio, el presidente Alberto Fernández aseguró que sería inflexible con aquellas empresas que, en nombre de la crisis generada por el CoVid19, despidieran a sus empleados.

Es que el viernes había tomado estado público que Techint, una de las principales empresas locales y propiedad de la poderosa familia Rocca envió telegramas a 1450 operarios en diferentes plantas de todo el país. Se trata de los operarios y profesionales de los sectores de ingeniería y construcción. Más allá de las negociaciones en curso en la cartera laboral que podrían retrotraer esas cesantías a través de una conciliación obligatoria, la señal fue contundente.

Que una de las principales empresas nacionales, considerada una multinacional y propiedad de una de las familias con mayor patrimonio del país, avance en medidas de esa naturaleza como resultado del impacto económico que la crisis genera, sugiere una vía libre para el resto de las patronales del país, sean estas pequeñas, medianas o grandes.

De hecho, además de los despidos masivos en Techint, varias empresas grandes ya anunciaron cesantías como la multinacional Cinemark, o la tercerizada de seguridad de Aerolíneas Argentinas, GPS. Otras compañías impusieron reducciones salariales como la aerolínea Latam o la vidriera Cattorini. Las petroleras que operan en Vaca Muerta exploran la posibilidad de avanzar en un Proceso Preventivo de Crisis que habilita suspensiones, reducciones salariales y despidos con indemnización especial.

Pero también hay denuncias de despidos encubiertos por la no renovación de contratos en el estado de la Provincia de Buenos Aires, en particular 56 contratados en la Dirección General de Cultura y Educación y la disolución de la Orquesta Municipal de José C. Paz.

Alberto Fernández, sin embargo, en la cadena nacional no dio pistas ni definiciones concretas acerca de las implicancias que tendría “ser duro con los que despiden”.

El viernes, el gobierno español había publicado un decreto que dicta la prohibición tajante de los despidos en ese país siguiendo el camino de Italia y Grecia. Dinamarca dispuso una medida mediante la cual el Estado cubrirá el 70% de los salarios (con un límite de tres mil euros) a cambio del compromiso de no despedir.

Las cesantías en el país atraviesan a todos los sectores de la economía y, en particular, a los trabajadores no registrados que no cuentan con amparo alguno. Los empleados registrados del sector privado, por el momento y hasta fines de junio, están bajo el amparo del decreto de doble indemnización resuelto por el gobierno a fines de 2019 que no impide las cesantías pero, al menos, las desestimula.

La respuesta desde el movimiento obrero

La CGT, el lunes, recogió el guante. A través de twitter, uno de los miembros del binomio que la conduce, Héctor Daer, propuso “suspender los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo mientras dure la cuarentena, para proteger el empleo”.

Esos artículos, sin embargo, otorgan a las patronales el derecho de suspender o indemnizar al 50% a los trabajadores despedidos en caso de “fuerza mayor”. La propuesta de Daer, en esos términos, implica la imposibilidad de encuadrar los despidos dentro de esa modalidad extraordinaria pero no bloquearía las cesantías en los términos que dicta la legislación vigente para un despido sin causa ordinario.

Dentro de la CGT, la opositora Corriente Federal de los Trabajadores, emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo a la política oficial y repudia la actitud del empresario Paolo Rocca a la vez que solicita “al gobierno nacional que sancione la prohibición taxativa de despedir trabajadores y exija la reincorporación inmediata de quienes fueran despedidos”. El agrupamiento liderado por el bancario Sergio Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti sostiene que “cuando millones de argentinos se sacrifican por los demás y dan muestras del valor de la vida y la solidaridad, hay unos pocos que priorizan el dinero y sus intereses individuales”.

Por el lado del sindicalismo de izquierda, la Coordinadora Sindical Clasista se adelantó en un comunicado difundido días atrás que, con la firma de 20 dirigentes encabezados por el Secretario General del Sindicato Único del Neumático, Alejandro Crespo y la diputada nacional y Secretaria General del Suteba La Matanza, Romina Del Plá, en el que destacan que “resulta inusitado que las centrales sindicales no hayan planteado la prohibición de despidos y suspensiones no remuneradas ante la pandemia”. Allí aseguran que “El Covid 19 nos afecta a todos, pero no por igual” y, puntualizan que “mientras se piden sacrificios al pueblo, los capitalistas hacen todo para defender sus ganancias, incluso a expensas de la salud pública”. Para ellos “la profusa campaña que llama a enfrentar al virus “entre todos”, en la que coinciden el gobierno y toda la oposición patronal, encubre que no estamos “todos” en la misma situación para hacerle frente a la pandemia”.

Por su parte, Francisco “Barba” Gutiérrez, de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicada en un punto equidistante entre la conducción y la Corriente Federal de los trabajadores, señaló que “el actuar de la CGT y de Daer, resultó tardío. Es que, de concretarse una modificación a los artículos de la Ley de Contratos del Trabajo no sería aplicable retroactivamente a Techint”. El dirigente continuó interpretando que los dichos del presidente plantean que “las empresas que no participen dentro del accionar del Estado, estarán desoyendo la decisión del gobierno y, por lo tanto, podrían ser enajenadas, expropiadas, captadas o simplemente removida su dirección y designar en esos lugares personal del Estado”.

El histórico dirigente metalúrgico recordó cuando “el Presidente Perón expropió los ferrocarriles ingleses y cuando en Venezuela Chávez hizo lo mismo con la empresa de aceros, Techint, y el presidente Kirchner expropió Aerolíneas argentinas, Gas, Aysa, YPF entre otras”.

El comunicado de los sindicatos conducidos por la izquierda destaca que “las acciones “por abajo” contra los abusos de los capitalistas contrastan con la parálisis de la CGT y las CTA que, en lugar de preocuparse por los despidos y suspensiones anunciadas, han salido a respaldar enteramente al gobierno e instan a los trabajadores de sus gremios a “poner el hombro” mientras ellos se protegen en sus casas”. Para esos dirigentes, “superar a estas direcciones sindicales hoy también es una cuestión de estricta defensa de la salud pública”.

La Asociación de Abogados Laboralistas también emitió un comunicado planteando, hace ya una semana, la necesidad de prohibir los despidos. La entidad que agrupa a los defensores de la parte obrera en el fuero del trabajo explicó que, la posibilidad de despedir, además del daño que provoca en la situación puntual del o los afectados, juega un papel disciplinador sobre el conjunto de los trabajadores que habilita a las patronales a violar las disposiciones del aislamiento social obligatorio.

Así las cosas, la prepotencia y el laissez faire patronal actúa como un factor de desorganización social que compromete la política sanitaria oficial y que solo podrá ser contenida con una acción centralizada y decidida del Estado.