La CGT reúne a su Consejo Directivo por primera vez en el año y evitará críticas directas al gobierno

Durante 2022 la Central obrera reunió a su Consejo Directivo en apenas cinco oportunidades. En los hechos la CGT ha sido liderada por la “mesa chica” hegemonizada por los sectores que responden a los «Gordos» e «Independientes» y de la que participa esporádicamente Pablo Moyano. Allí el protagonismo está en manos de uno de los secretarios generales, Héctor Daer y del estatal y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez.

La discontinuidad en las reuniones buscó cauterizar las disidencias que existen entre los sectores que hegemonizan la mesa chica alineados más o menos directamente con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa por un lado y el FreSiMoNA y la Corriente Federal identificadas con la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el otro.

Lo mismo ocurrió durante los primeros cuatro meses de este año aunque la inminencia del 1° de mayo y la convocatoria de parte de algunos sectores sindicales a actos para conmemorar la fecha, convencieron a la mesa chica de que era el momento para reunir a su Consejo Directivo. El convite se producirá finalmente el jueves 20 de abril.

Más allá de la discusión sobre una iniciativa común de todas las corrientes que integran el Consejo Directivo, para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores que podría realizarse en el estadio de Defensores de Belgrano, se espera que el cónclave emita una declaración política ante la crisis económica y social en curso.

Según dejaron trascender dirigentes de la central, el documento que preparan y al que tuvo acceso la agencia Télam evitará una crítica directa al gobierno de Alberto Fernández y, por el contrario, interpelará a «toda la dirigencia política, sin distinciones ni diferencias entre oficialismo y oposiciones circunstanciales», a quien reclamará «asumir el compromiso en la sucesión de crisis recurrentes, que a través de los años llevaron al país a la actual situación».

Por eso se pronunciará en favor de la búsqueda de «un gran consenso político, económico y social que promueva el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos que confluyan hacia un horizonte de crecimiento con justicia social», y advertirá que «no hay más margen para el deterioro económico sin riesgo de descomposición social».

Es que, para el documento que prepara el triunvirato que lidera la CGT, la actual crisis económica y social resulta “heredada” y “agravada por un escenario de inestabilidad macroeconómica manifestado a través de una escalada inflacionaria creciente».

El borrador del documento, de cualquier manera, no podrá hacer caso omiso a la escalada inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Según la Agencia de Noticias, el documento señala que “esa escalada pulveriza el poder adquisitivo de los salarios, provoca escasez de divisas, informalidad laboral y un aumento de la pobreza estructural, que ya alcanza el 40 por ciento, lo que es inaceptable y condena a la marginalidad a millones de argentinos y pone en serio riesgo la cohesión social».

Para la CGT «no hay más margen»

Para los dirigentes de la CGT es “la totalidad de la dirigencia” la que  debe tomar conciencia de que «no hay más margen para el deterioro económico sin riesgo de que se produzca la descomposición social». Por eso, reclamarán que “se geste un acuerdo para alcanzar acuerdos básicos que permitan diseñar un programa de mediano y largo plazo”.

Es que, asegurarán, «las especulaciones cortoplacistas de una etapa preelectoral no deben postergar los acuerdos estratégicos, en el contexto de un modelo de crecimiento sostenido e inclusivo». Por eso señalan que “de la crisis se saldrá con consensos mayoritarios y sobre la base de políticas de Estado orientadas a poner en marcha las potencialidades productivas del país».

La mira de la CGT estará puesta en el conjunto de la dirigencia política pero también en la empresarial. De aprobarse el borrador que presentarán en la reunión, la central reclamará públicamente “un mayor compromiso de responsabilidad social empresaria de los formadores de precios; más participación de la ciudadanía en los asuntos nacionales; la reconstrucción de un Estado promotor del desarrollo, que proteja los recursos estratégicos y explote las riquezas; el cuidado del medio ambiente y el análisis de los cambios en el mundo laboral asociados a las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y la automatización de los procesos productivos, promoviendo el diálogo entre todos».