Luego de la visita de Alberto Fernández, el poder judicial provincial concurrió a la clínica donde continúa internada para notificarla de la confirmación de una condena que ya habría sido cumplida.
A raíz de la internación que atraviesa la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y «el creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales», la Corte IDH solicitó al Estado argentino informes sobre su salud y «sigue con atención su situación», informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un comunicado.
El informe de prensa de la secretaría recordó que Sala es beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal internacional, que ordenó «proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy».
El 23 de noviembre de 2017, la Corte IDH consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que la ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
En el marco de aquella resolución de 2017, la Corte IDH concedió al Estado argentino «un plazo hasta el 13 de julio de 2022 para que remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria», según precisó el documento del tribunal internacional.
En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos argentina volvió a señalar que «las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino».
Sobre el estado actual de salud de la dirigente social, uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, dijo este jueves en declaraciones a Somos Radio 530, que Sala «está estable y un poco mejor, los anticoagulantes parecen hacer efecto».
Sin embargo, el abogado expresó que Sala recibió una notificación de un juez que «sólo busca hostigar, molestarla y transmitirle una mala noticia».
«Una persona del servicio penitenciario jujeño entró, sin anunciarse, a la Clínica Los Lapachos, donde está alojada Milagro Sala, y le entregó una cédula de notificación en la que el juez de ejecución establece que tiene que cumplir una condena hasta el 21 de junio de 2024. Se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación» reclamaron en su entorno.
«Le notificaron una resolución que ya nos habían dicho hace cinco días», subrayó Aldazabal sobre una misiva que le entregaron en su habitación «sin pedir permiso».
Además, el abogado subrayó que «es imposible» que Sala vuelva a cárcel común, algo que pidió el miércoles el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dado que «hay una medida vinculante de la Corte Interamericana», explicó.
En ese sentido, agregó: «Es una expresión de deseo de él, pero hay una medida que lo impide».
Asimismo, destacó que la visita que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a su defendida fue fructífera: «Fue muy positivo el gesto de Alberto Fernández, a ella también le hizo bien».
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