La CIDH también debate sobre el aborto en la Argentina

El miércoles se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país con representantes del Estado y de organizaciones de derechos humanos.

Las comisionadas que participaron de la audiciencia remarcaron que la Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales.

“Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, y en particular a las niñas y a las personas jóvenes”, dijo la presidenta de la Comisión Margarette May Macaulay. Agregó que el Poder Ejecutivo debe transmitir a las y los legisladores las obligaciones internacionales de la Argentina.

Durante la audiencia, las organizaciones que la solicitaron (Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) detallaron los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes y presentaron un informe basado en las 300 exposiciones que se realizaron desde el 10 de abril ante diputados.

Según informaron las organizaciones, más de la mitad de las provincias del país no cuenta con normas que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción legal del embarazo, previsto para los casos en los que la gestación implica un peligro para la salud de la mujer o en casos de violación. Es decir que una gestante puede acceder a un aborto legal en una jurisdicción, mientras en otra su derecho puede ser negado, empujándola a la clandestinidad y la criminalización.

En el informe consta que más de medio millón de mujeres se someten a abortos clandestinos cada año en el país y más de tres mil mujeres murieron por la criminalización del aborto desde 1983.

“La falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto legal, es un factor que lleva a las mujeres a ser víctimas de violencia institucional, una violencia ejercida o tolerada por el propio Estado. Pese a estos datos, la Argentina insiste en adoptar una política represiva en torno a los derechos reproductivos: reformar la norma que penaliza el aborto es un imperativo de derechos humanos”, expresa el comunicado emitido por CELS.

“Así, Argentina presenta un mapa desigual y selectivo, un ‘no-federalismo sanitario’. Según datos del 2014 en Formosa la mortalidad materna es de 9,6 muertes cada 10.000 nacimientos. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, es de 1,8 cada 10.000 nacimientos. Esto significa que dependiendo del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores chances de ejercer sus derechos: una mujer formoseña tiene mucho más riesgo de morir que una porteña”.

Además, se hace referencia entre otras cosas a la objeción de conciencia, uno de los temas expuestos ante diputados. “La Corte Suprema de Justicia en argentina, en el fallo F.A.L, reconoce el derecho de objetar la realización de un aborto legal siempre que ello no afecte el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en los términos que establece la ley. En este sentido, ordenó que se disponga un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia», expresan. 

«Sin embargo, el personal de salud continúa invocando la objeción de conciencia, dejando a las mujeres en condiciones de desamparo porque no se ocupan de garantizar que puedan acceder al derecho al aborto legal. En efecto, el uso abusivo de la objeción de conciencia por parte de los efectores de salud ha sido una de las barreras más comunes que han debido enfrentar las mujeres y niñas, que se traducen en dilaciones, maltrato, información errónea y malintencionada», agrega. 

“Las cuatro organizaciones que solicitamos esta audiencia, pedimos a la CIDH que oriente el debate legislativo y refuerce los estándares internacionales respecto del derecho a la salud sexual y reproductiva de las gestantes”, expresaron las representantes.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda la interrupción medicamentosa del embarazo hasta la semana 12, en la Argentina no se comercializa la mifepristona y el misoprostol es autorizado exclusivamente para tratamientos gástricos, sin reconocer la indicación para usos obstétricos. “Solicitamos, por lo tanto, que la CIDH indique al Estado la necesidad de garantizar el acceso a estas medicinas esenciales, como parte de una política de salud pública coherente”, agregaron.

Finalmente, las comisionadas y el secretario ejecutivo de la CIDH resaltaron el valor que tiene el debate legislativo en la Argentina para toda la región.
Los pedidos que realizaron las organizaciones fueron:

Que la CIDH acompañe el proceso de debate que está teniendo lugar en el Congreso de la Nación argentina y lo oriente, estableciendo y reforzando los estándares de derechos humanos que rigen en la materia para el Estado en pos de avanzar a una regulación menos restrictiva del aborto.

Que la CIDH pueda emitir un mensaje al Poder Ejecutivo de la Nación en relación a su responsabilidad de: a) Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y toda persona con capacidad de gestar, eliminando las barreras en el acceso al aborto legal que fueron repasadas en esta audiencia; adoptando las medidas necesarias para garantizar que los casos de aborto legal sean realizados dentro del sistema público de salud; b) Intervenir activamente en el debate hacia la despenalización del aborto, (…) aportar información rigurosa y estadísticas nacionales y locales que permitan robustecer y orientar la discusión.

Generar un sistema de información articulado a nivel nacional que ponga a disposición del público en general, en ejercicio del principio de trasparencia activa, y de los órganos del Estado datos sobre el estado de situación del acceso integral a los derechos reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

Que la CIDH pueda encomendar al Estado argentino la necesidad de garantizar el acceso a las medicinas esenciales (misoprostol y mifepristona) como parte de una política de salud pública coherente.

Que la CIDH –con el acompañamiento y la experiencia de la Relatoría de la Mujer a la luz de la Convención de Belém do Pará – pueda reforzar los estándares sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia de género, en el entendimiento de que la denegación del acceso a los abortos legales constituye un supuesto de violencia institucional que debe ser abordado por el Estado.

Que el Estado argentino garantice, con los recursos necesarios, la implementación del “Plan ENIA” (Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia) de manera integral y articulada con el ya existente Programa Nacional de Educación Sexual Integral y el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Para tal finalidad, se deberá promover la participación activa de jóvenes y adolescentes.

La audiencia completa: