La ciénaga

Un chofer que atesora detalles explosivos en cuadernos que desaparecen; empresarios multimillonarios que viajan del ski week de lujo a un calabozo; exfuncionarios con patrimonios injustificables. Y un juez dispuesto a cualquier cosa para borrar a una expresidenta del mapa electoral.

La nueva temporada de «Bolsos, escándalo y millones» arrancó con una fantástica redada nocturna que terminó con una docena de funcionarios y ejecutivos en prisión. El eje de la trama es conocido: la sospecha de que exfuncionarios K, Néstor y Cristina incluidos, recibían sobornos a cambio de otorgar contratos públicos.

El expediente arrancó más cerca del mamarracho que de la pulcritud. El juez Claudio Bonadio ordenó el operativo en base a fotocopias que entregó el periodista Diego Cabot, de La Nación. Oscar Centeno, el chofer con vocación de novelista y costumbres de servicio de inteligencia, reconoció el contenido de los cuadernos, pero dijo que prendió fuego los originales en la parrilla de su casa.

La ausencia de esos manuscritos impedirá verificar con peritajes si los textos fueron escritos en el período que el ex sargento dice haberlo hecho, entre el 2005 y el 2015. Una invitación para que los abogados defensores cuestionen la causa desde su origen con la «teoría del árbol envenenado»: argumentarán que todo se inició con evidencias de baja o nula calidad.

Sólo el detalle de las fotocopias pronostica que la causa tendrá un larguísimo recorrido en tribunales antes de terminar en condenas o absoluciones. Pero su impacto político es ahora, en la antesala de un año electoral donde no hay candidatos puestos y todo está por ocurrir.

Y en política, como es prudente, nadie cree en coincidencias.

Bonadio disparó su show de detenciones el miércoles por la noche, justo cuando el senador Miguel Pichetto lanzaba el «peronismo de centro» –y su propia candidatura– en un programa de tevé.

Pichetto y Bonadio cultivan un larga relación. En 2005, por caso, el senador dedicó 115 páginas a elaborar un dictamen exculpatorio del magistrado en un jury donde se lo acusaba de entorpecer la investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Un salvataje que dejó huella.

Es un equívoco habitual considerar que Bonadio responde a un mandato de Cambiemos: las decisiones del juez pueden ser funcionales al gobierno, pero reporta a un sector del peronismo que forma parte del elenco estable del poder.

En ese subgrupo del PJ conviven los exfuncionarios menemistas que nombraron a Bonadio al frente del tribunal federal 11, sindicalistas, empresarios y buena parte del «peronismo de centro» que reúne al pejotismo anti K, cuyas caras más visibles hoy son Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.

El «Gloria Gate» encaja con dos necesidades cruciales para las aspiraciones electorales de ese grupo: detener la crecida de Cristina y mantener en baja la imagen del presidente. Bonadio anotó esa carambola. El escándalo reflota la peor cara del kirchnerismo (la de José López y sus bolsos voladores), al tiempo que golpea al gobierno recordando que Mauricio es Macri, el primogénito de un clan que engordó su fortuna en el chiquero de la obra pública y la «patria contratista».

De hecho, una de las sorpresas de la nueva temporada es que entre los empresarios detenidos está Javier Sánchez Caballero, CEO de Iecsa, y mano derecha del primo presidencial Angelo Calcaterra en la constructora familiar. Una bala que pica a los pies del presidente.

Lo mismo puede ocurrir con la supuesta confesión de Juan Carlos de Goycochea, ex CEO de la firma española Isolux.  A esa empresa se le imputan, entre otras cosas, un presunto sobreprecios en la usina termoeléctrica de Río Turbio –gestión De Vido– y una sospechosa compraventa de parques eólicos que le hizo ganar fortunas al clan Macri durante la actual administración PRO.

¿Se indagará a De Goycochea sobre ambas operaciones, o sólo responderá sobre los negocios en la era K? Aunque parezca una paradoja, una delación completa del CEO arrepentido podría contruibuir a la defensa política del kirchnerismo, que se basa en sostener –con razón– que la corrupción es una práctica transversal de la que ningún gobierno está exento. ¿Bonadio y Stornelli abrirán esa ventana? Sería una rara curiosidad.

El «peronismo responsable» explotará todo lo que pueda los infortunios legales de macristas y cristinistas, pero sin exagerar: la onda expansiva de un verdadero «lava jato» podría alcanzar a intendentes, gobernadores y dirigentes que hoy revisten en esa escudería. Un ejemplo: los cordobeses José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, anti K línea fundadora, ya recibieron salpicaduras del «Gloria Gate». Y en menos de un mes llegarán papeles aún más incómodos desde Brasil.

El establishment económico, como sus socios del gobierno, fueron de la alegría a la preocupación cuando comenzaron a llegar llamados de Wall Street con una advertencia: varios fondos de inversión que habían comprometido créditos para los PPP quieren suspender los  desembolsos hasta corroborar que sus clientes no están –ni aparecerán– involucrados en el escándalo.

Que haya tanta gente de poder preocupada sería un buen indicio, si la Justicia argentina tuviese fama de ser honesta, valiente e imparcial. No es lo que ocurre. En los tribunales se hace cualquier cosa menos justicia, y la sociedad lo sabe: una reciente encuesta de Taquion y Trespuntozero revela que 8 de cada 10 argentinos cree que los jueces son de lo más corrupto que hay.

¿Que los que deben impartir justicia sean impresentables vuelve inocentes a los acusados? Obvio que no. La política argentina tiene la añeja tradición de financiarse con retornos y dádivas empresarias. Y es hora de que eso cambie.

Pero esta nueva ola de pureza aparece contaminada desde el vamos por pruebas de origen dudoso, manipulación mediática, guerra de negocios, política tóxica y pesquisas con antecedentes más oscuros que el carbón.

¿La verdad va a brotar de esa ciénaga?

Ojalá.

Pero los antecedentes no invitan a entusiasmarse. «