La Ciudad quiere convertir el trabajo formal de cooperativas en planes sociales

A contramano del Gobierno nacional, que se encamina en la transformación de los planes sociales en trabajo formal, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta presentó un pliego para contratar un “servicio público de limpieza y de recolección de residuos sólidos urbanos en zonas vulnerables de la ciudad autónoma de Buenos Aires”, para que quede en manos de empresas privadas. Trabajo que, actualmente, realizan varias cooperativas de diferentes organizaciones dentro del programa Veredas Limpias.

A raíz de esta situación, la Corriente Clasista y Combativa, junto a Somos Barrios de Pie, La Dignidad Confluencia, el Frente Popular Darío Santillán, MTL Rebelde, y la Federación de Organizaciones de Base Autónoma, entre otras organizaciones; denunciaron que el Gobierno porteño insiste en seguir precarizando ese sector. El programa Veredas Limpias nuclea a más de 2.500 cooperativistas desde hace 15 años, donde realizan el mantenimiento y la desinfección de espacios públicos de la Ciudad a través de la firma de convenios anuales entre el Gobierno porteño y las cooperativas.

“La idea de Larreta es desarticular a las organizaciones sociales y las cooperativas, desvinculando a los cooperativistas de ‘Veredas Limpias’ de cada una de sus organizaciones y, en su reemplazo, conformar una especie de entes ejecutores”, afirma en diálogo con Tiempo Walter Córdoba, Secretario de Bienestar Social de la UTEP y Consejero de políticas sociales y economía social del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba).

Todo indica que, con esta nueva modalidad, cada beneficiario formaría parte de un programa con características semejantes al de un plan social, rechazándolos como trabajadores de la economía popular, al mismo tiempo que las cooperativas serían las responsables de absorber los costos de maquinarias e insumos para su producción.

“Este nuevo sistema que quiere implementar Larreta en toda la Ciudad es una clara intención de eliminar derechos, recursos y la formalidad laboral, en definitiva: quiere seguir precarizando el trabajo que venimos haciendo hace más de 15 años en todo el distrito porteño. Solo nos van a dejar en nuestras manos la realización de diferentes capacitaciones, pero nada más”, agrega Córdoba.

El conjunto de las organizaciones afirma que esta nueva precarización se suma a un fuerte recorte de herramientas, insumos y uniformes que, desde hace tiempo, viene realizando el Ministerio de Desarrollo Humano que lidera María Migliore. “Lo hacen de forma sistemática, ajustando en todos los programas sociales, y ahora le llegó el turno al Veredas Limpias. Insistimos en solicitar un encuentro con las y los funcionarios para entablar una mesa de diálogo con el gobierno local”, remarca.

El ejecutivo porteño quiere las altas por bajas de las nóminas y de las cuadrillas cada tres meses, y antes los convenios se firmaban por un año. Según advierten las organizaciones, el objetivo de Larreta es hacer a un lado a las organizaciones de la gestión y de las cuadrillas que realizan los diferentes trabajos. Desde las cooperativas piden prorrogar por seis meses el convenio vigente, ya que el gobierno quiere implementar la nueva modalidad a partir de 1 de enero de 2022. El objetivo de la prórroga es generar la mesa de trabajo y presentar un proyecto superador que actualmente están elaborando.

Propuesta de las organizaciones

El texto apunta a “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la formación laboral, con la finalidad de promover la inclusión social plena de los titulares del programa y el mejoramiento progresivo de ingresos”, al mismo tiempo que hace foco en “desintermediar el pago que realizan las cooperativas a los trabajadores, a los fines de incrementar la autonomía económica de los mismos”.

Entre otros puntos, buscan garantizar la contraprestación de los pagos a los titulares; acompañar la terminalidad educativa primaria; el fortalecimiento de unidades productivas de la economía social; la bancarización e inclusión financiera de los titulares; y la formación técnica de los mismos. Paralelamente, proponen que la autoridad de aplicación sea la Dirección General de Economía Popular y Social, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo del Potencial Humano, “o la dependencia que en el futuro la reemplace”.