La Ciudad denunció a Abuelas de Plaza de Mayo, pero piden que no avance la causa

La fiscal Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 16 de CABA, pidió desestimar una denuncia penal que la Procuración General de la Ciudad radicó contra Abuelas de Plaza de Mayo por un acto en la vía pública en conmemoración del 40 aniversario de la entidad que busca jóvenes apropiados durante la dictadura cívico militar.

El gobierno porteño denunció, a través del Procurador de la Ciudad Gabriel Astarloa, a las Abuelas de Plaza de Mayo en junio pasado. Las acusa por la interrupción del tránsito sobre la avenida Corrientes por parte de un grupo de manifestantes durante un acto realizado el 4 de diciembre pasado en conmemoración de los 40 años de la fundación de la entidad. En la denuncia penal, la Dirección General de Asuntos Penales de la procuración les endilgó el delito estipulado en el artículo 194 del Código Penal.

Para Cuñarro, sin embargo, no hubo delito en el accionar de los manifestantes que se congregaron frente a la sede de Abuelas ubicada al 3200 de la Avenida Corrientes. La fiscal destacó que sin usar violencia, provocar daños ni ser detenidos, ejercieron su libertad de expresión, derechos políticos y de reunión, todos ellos derechos protegidos por la Constitución Nacional.

Además, señaló que la Procuración ejerció su facultad de denunciar penalmente con “llamativa selectividad” ya que no realizó ninguna presentación por cortes de calles mucho más extendidos y gravosos para la circulación del tránsito.

Finalmente, del análisis de la prueba aportada por la Procuración omitió información crucial que luego recolectó la fiscalía, la cual da cuenta que existían vías alternativas para transitar e incluso permaneció en funcionamiento el subterráneo que tiene boca de acceso en la misma esquina donde se desarrolló el acto en cuestión.

Según consta en el expediente el propio Procurador General de la Ciudad autorizó a presentar la denuncia por la supuesta afectación de siete líneas de colectivos y un número de pasajeros estimado en 6 mil personas.

En su dictamen, Cuñarro resaltó que la concentración se realizó frente a la sede de Abuelas, que duró tres horas y que la desconcentración fue por propia voluntad de los manifestantes, pero que, además, “quedaron vías alternativas de circulación, donde los vehículos o colectivos fueron desviados por las autoridades”. De hecho, remarcó que en la esquina hay na entrada de subterráneo que no fue afectada y funcionó normalmente.

“No hubo violencia ni intimidación contra las personas”, aclaró y remarcó que “no hubo conducta que pueda calificarse de bloqueo”. En ese camino, Cuñarro subrayó que el Gobierno de la Ciudad aportó “elementos difusos” para determinar los hechos de la denuncio y que ni siquiera acompañó la acusación con fotos o filmaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano que existen en esa zona.