La Ciudad gastará 127 millones en equipamiento policial para reprimir manifestaciones

Al mismo ritmo que se profundizan las medidas económicas recesivas, el gobierno acelera también el gasto en el ámbito de las fuerzas de seguridad, con una direccionalidad manifiesta: equiparlas para reprimir la protesta social. Bajo esta lógica que acumula casos testigo como el de los palos a los docentes del último domingo, la Ciudad de Buenos Aires prevé utilizar casi 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la flamante policía local y convertirla en una poderosa legión de 1600 uniformados alistados para combatir manifestantes.

La Subsecretaría de Administración de Seguridad porteña, a través de la Licitación Pública denominada «Adquisición de equipamiento antidisturbio» y del proceso de compra 2900-1398-LPU16, busca que la Policía de la Ciudad esté preparada para enfrentar y dispersar los piquetes que a diario jaquean avenidas y accesos, eje de las sordas disputas entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que con la adquisición de estos implementos represivos parecerían zanjarse definitivamente en la línea de la mano dura.

Los pliegos de licitación contemplan la compra de 1600 unidades de cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, se pretende adquirir 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos. La Ciudad dispondrá de verdaderos «robocops» para actuar contra cualquier tipo de manifestación en el espacio público.

El tramo de la licitación que más inquieta a los organismos de DD HH y a legisladores opositores es el relacionado con la compra de una importante cantidad de «less lethal weapons», es decir, armamento «menos letal». En este capítulo se incluyen 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68 «para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos», que dispararán postas de pintura o de goma y gas pimienta.

La preocupación por la eventual utilización de estas armas, en un contexto de violencia institucional creciente signado por sistemáticas detenciones arbitrarias en la vía pública y episodios de criminalización de la protesta como los de la marcha del 8M, impulsó al legislador Gabriel Fucks (FpV) a presentar un proyecto de ley para crear una Comisión de Evaluación de Equipamiento que establezca, en caso que no los hubiere, protocolos específicos de actuación para este tipo de armamento.

«No podemos desconocer el incremento de la protesta social en las calles de la ciudad, como tampoco las últimas actuaciones policiales, que dan cuenta de la imperiosa necesidad de recuperar la vigencia de los protocolos de uso de la fuerza conforme a derecho y de robustecer los mecanismos de control de la actuación policial», explica la legisladora Andrea Conde (Nuevo Encuentro), que acompañó la presentación de Fucks.

Un año atrás, Amnistía Internacional elaboró el documento «Impacto sobre los DD HH de las armas menos letales y otros materiales para hacer cumplir la ley». Concluye que en 25 años se multiplicaron los fabricantes de este tipo de tecnología y su penetración en países donde escasean los controles, y dice que «las municiones de plástico, goma, pintura y los agentes químicos irritantes, como pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno, pueden causar lesiones graves e incluso la muerte». Un riesgo que crece si el propio poder político relavitiza la vigencia del derecho a protestar.

Un proyecto que le apunta a los piquetes

Como informó el diario Página/12 en su edición de ayer, Cambiemos dio un paso más en su intento de criminalizar la protesta social y procura formalizarlo en una ley. Un proyecto enviado por el oficialismo a la Cámara de Diputados propone reformar cuatro artículos del Código Penal para agravar las penas por amenazas y extorsión y daños cuando se registren durante manifestaciones públicas y en cortes de calle o rutas.

La iniciativa va claramente dirigida contra los piquetes, pero en su espíritu transforma en delito prácticamente cualquier protesta. Prevé de tres a seis años de prisión para quien durante una manifestación porte «elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación». También eleva las penas previstas en el artículo 194 (de 2 a 6 años) para quienes corten el tránsito en calles o rutas.

Además, fija penas de hasta 10 años de cárcel si el propósito de la protesta fuera obtener alguna medida o concesión por parte de un funcionario de los poderes públicos. De prosperar semejante iniciativa, la policía tendría las manos libres para detener a los manifestantes, y los jueces, para procesarlos.