El bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña adelantó su rechazo al proyecto de Emergencia Económica propuesto por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta -que podría votarse la próxima semana- por considerarla un «cheque en blanco» en el que «ni siquiera dice a dónde irán los recursos».
A través de un comunicado, el bloque reveló su posición luego de un debate interno que se extendió durante varios días y que se cristalizó ayer luego de que en la Comisión de Presupuesto el oficialismo diera dictamen de mayoría a la iniciativa del Ejecutivo. “La Ciudad necesita una Ley de Emergencia, pero debe ser para ayudar a la gente y en este proyecto eso no está claro. Lo que nos proponen es un cheque en blanco. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que ni siquiera dice a dónde van los recursos porque nada nos garantiza que vayan al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable”, destacan los diputados.
Desde el FDT señalaron que reclamaron «más recursos para los barrios populares, insumos para los trabajadores de la salud, refuerzos alimentarios para la población más humilde y medidas concretas (para las) pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, pero que el Gobierno de la Ciudad «destina sus recursos a la compra de material antidisturbios y a barbijos vencidos y con sobreprecios».
“Nos preocupa que el proyecto concede una serie de superpoderes para el Ejecutivo de la Ciudad sin establecer mecanismos de control confiables. La única garantía es una comisión de seguimiento que ni siquiera sabemos quién presidirá. Como legisladores, queremos ejercer nuestras responsabilidades y no que las recorten. Este es un momento para fortalecer las instituciones, no para achicar sus funciones», agregaron.
Por otra parte, el bloque presentó un proyecto alternativo en su dictamen de minoría, que incorpora a la ley de emergencia la protección a las actividades económicas más golpeadas: restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros.
«La propuesta contempla también un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género (difusión, acceso a la justicia acompañamiento, refugios, subsidios)» y «establece el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones».
«Nos encontramos con un proyecto que como solución plantea recortes en áreas fundamentales como vivienda y ajuste en los salarios de los trabajadores estatales. Pedimos que se reorienten las prioridades para hacerle frente a esta situación de la mejor manera posible», concluyeron desde el bloque opositor.
