El organismo asumió el patrocinio legal de la familia de Danilo y Camila. Adelantó que trabajará en la localidad donde ya recibieron denuncias de abuso policial de los vecinos. Adjudican los hechos a la “chocobarización” de las políticas de seguridad.
La CPM se presentó el viernes –fue informado este lunes- como particular damnificado en representación de las familias de Danilo Sansone y de Camila López, ambos de 13 años, en la causa que investiga el fiscal Lisandro Damonte, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Cañuelas y el Juzgado de Garantías de La Plata a cargo de Marcela Garmendia.
En un comunicado, la CPM informó que participó de las marchas y actos para exigir justicia que se realizaron el fin de semana en San Miguel del Monte y adelantaron que por testimonios y denuncias permiten inscribir el asesinato de los cuatro chicos en una “larga trayectoria de violencia policial en la localidad”.
También advirtieron que se trató de un hecho de violencia policial de “extrema gravedad” que se suma a otros ocurridos en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. El organismo representa también a familiares de los 10 muertos en el incendio de la comisaría Tercera de Esteban Echeverría ocurrido hace seis meses, en la que están acusados los uniformados de esa seccional.
La abogada Margarita Jarque, del equipo jurídico del organismo provincial, inscribió las muertes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) en “un claro caso de violencia institucional”. Y explicó que la representación de las familias de López y Sansone realizarán bajo una mirada integral.
“Entendemos que los hechos hay que verlos en el contexto. Estamos en contacto con la familia y con los jóvenes de la localidad”, detalló. Y adelantó que continuarán con las entrevistas a jóvenes que vienen revelando que la policía de Monte era particularmente violenta con los jóvenes de esa comunidad.
Jarque explicó que todo el episodio pone en blanco sobre negro la formación de las fuerzas de seguridad y los mensajes que bajan desde la política. “Denota el desprecio por la vida y la chocobarización de la actuación policial, donde primero se usa el arma y después la razón”, explicó.
La CPM por su parte recordó que viene alertando que este tipo de violencia forma parte estructural y sistemática de la cultura institucional de las fuerzas de seguridad, y que se inscriben en las lógicas de las políticas de mano dura alentadas por la doctrina Chocobar que promueve y sostiene el gobierno de Mauricio Macri. “La masacre de Monte es la consecuencia de esas políticas irresponsables, ineficaces y cuyo costo se expresa en muertes y torturas de miles de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad”, dijeron en el comunicado.
En ese camino, informaron que elaborará un diagnóstico de la sistematicidad de la prácticas de la Policía en San Miguel del Monte que vulneran los derechos humanos de los vecinos y vecinas de la localidad. Y explicaron que luego de los hechos salieron a la luz distintos testimonios de vecinos que dieron cuenta de la violencia institucional que la fuerza de seguridad ejercía sobre la comunidad: “hostigamiento, persecución, torturas, sobornos, son algunas de las figuras que se identifican en las denuncias”.
“No se trata de un caso aislado”, concluyeron. Y explicaron que la masacre de Monte es el emergente de una cruda realidad que vive la provincia “como resultado de una política de seguridad que sólo promueve la saturación policial en los territorios, el uso indiscriminado de la violencia y la impunidad para los integrantes de las fuerzas”.
La causa judicial sumó este lunes un nuevo detenido: el subcomisario de la Policía Bonaerense, Franco Micucci. Con él los policías presos suman 12. El fin de semana fue también apresado bajo la acusación de encubrimiento al secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez.
“Experimentó mejoría”
El parte médico de la única sobreviviente de la masacre informó que la chica de 13 años «experimentó mejoría», aunque su estado es “reservado”.
Rocío se encuentra internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. El informe médico detalló que «cumple el séptimo día de internación en la Unidad de Terapia Pediátrica” y “experimentó mejoría en los parámetros cardiopulmonares”.
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