La compensación por la quita del fondo sojero envenenó la negociación por el Presupuesto

Como un anticipo de lo que vendrá, el ajuste fiscal que diseña el Ejecutivo ya comenzó a cosechar ásperos rechazos en los contornos políticos que tiene en cada territorio. A la silenciosa mayoría de universidades nacionales que alertan sobre las dificultades presupuestarias para terminar el ciclo lectivo 2018, esta semana crecieron los pronunciamientos de municipios, y consejos deliberantes, contra la eliminación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), una caja que financiaba obras locales. El giro es mucho más que el recorte de un fondo nacional. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a Tiempo qué implica la obligación, de aquí en adelante, para que cada Estado provincial se haga cargo por completo del financiamiento de sus municipios, un punto previsto en el Consenso Fiscal acordado en 2016 por todos los gobernadores, salvo San Luis.

La anulación del FoFeSo estaba prevista para el año próximo y formaba parte del diálogo presupuestario de la Nación con las provincias para definir el plan de cuentas de 2019, que debe cumplir con una reducción del déficit fiscal del 1,3% del PBI. El recorte fue anticipado para este año y resintió la negociación que mantienen los ministerios de Hacienda e Interior con las 19 provincias no gobernadas por Cambiemos, cuando faltan 20 días para que el gobierno pueda presentar un proyecto consensuado en el Congreso.

La escena actualizada de esa tensión sucedió este jueves, en la reunión que mantuvieron los funcionarios enviados por Rogelio Frigero y Nicolás Dujovne para contener a los ministros locales. A la salida, las fuentes de la Casa Rosada se mostraron optimistas. Deslizaron que habían acordado «el 75%» del ajuste de 100 mil millones de pesos que deberán afrontar las provincias: un tercio de los 300 mil millones que deberán ser hachados en el plan de cuentas 2019. Los buenos augurios que destilaron cerca de los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Provincias y Municipios, Alejandro Calderelli, obtuvieron una respuesta adversa de sus contrapartes provinciales, que aseguraron estar muy lejos de llegar a un borrador.

La punta del iceberg, como anticipó este diario, pasa por restituir el FoFeSo. Las provincias se hicieron eco de un tema que Nación barajaba hasta la semana pasada: aumentar en un punto el dinero que la Anses les devuelve a las provincias para completar la restitución del 15% de la coparticipación que la Nación retuvo a las provincias desde 1992.

Esa vía de compensación, que ahora reclaman las provincias, permitiría reunir de 8000 a 9000 millones de pesos amputados, que los municipios le reclaman a cada gobernador desde que se enteraron de la eliminación del FoFeSo. Ese posible giro de dinero de los fondos previsionales, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todavía no está confirmado. Sin embargo, cerca de los ministros Frigerio y Dujovne anticiparon que están dispuestos a obligar a cada provincia a cumplir con otro punto del Consenso Fiscal firmado en 2016, donde los gobernadores se comprometieron a ordenar la distribución de sus ingresos fiscales coparticipables. Todo lo contrario al reclamo inicial de las provincias, que este jueves pidieron echar mano a sus impuestos, como los Ingresos Brutos (II BB), para suplir los recursos que les recorta la Nación para cumplir con el FMI.

Tanto Pena, como Caldarelli, y su segundo, Paulino Caballero, se negaron a frenar esa parte del Consenso Fiscal, porque las provincias ya se habían comprometido a reducir progresivamente sus impuestos locales, considerados «distorsivos», como los II BB o el impuesto a los sellos. Nación no quiere que dejen de reducir esos gravámenes. Pero detrás de esa negativa está la decisión de aplicar todo el Consenso Fiscal que incluye otro fin estratégico, que hasta ahora pasó inadvertido, pero rige en estado latente: que los intendentes afectados por el recorte del FoFeSo les reclamen ese dinero a su gobernador, mediante la distribución municipal de los impuestos coparticipables que percibe cada provincia. Es la fórmula que Cambiemos quiere aplicar desde 2019, cuando haya definido la compensación que reclaman los mandatarios locales por la anulación del fondo sojero. Una versión fiscal del «vivamos con lo nuestro» que repiten en el Ejecutivo.

El Consenso Fiscal rubricado y aprobado por las legislaturas provinciales, salvo San Luis, establece el compromiso de «aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios a cada una de las jurisdicciones, y establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios». Ese punto ha tenido tenues avances en algunos distritos, como la Provincia de Buenos Aires, pero es parte de la munición gruesa que usará el gobierno para que cada Estado provincial se haga cargo de sus municipios, sin asistencias federales y con el costo que sea necesario.

Se trata del mar de fondo de una controversia presupuestaria, donde distintos gobernadores ya decidieron recurrir a la Justicia para exigir la restitución del fondo sojero. Algunos debaten internamente impugnar parte del Consenso Fiscal, aunque su cumplimiento les ha permitido aumentar su cuota de coparticipación. En ese poroteo, la Nación maneja una billetera cada vez más chica para cumplir con el ajuste del 1,3%, en vísperas de un año electoral donde la Casa Rosada ya tiene decidido socializar los costos del recorte con los gobernadores y los intendentes: dos grupos de caciques que buscarán revalidar títulos en medio de la recesión y, posiblemente, dispuestos a borrar con el codo lo que escribieron con la mano. «