La Infantería de la Policía de Jujuy intentó desalojarlos. Gracias a la unión y la lucha, los pobladores lograron frenar el operativo, pero continúan en estado de alerta.
Aseguran que el abogado Gustavo Fiad, quien los quiere sacar de sus tierras, «es íntimo amigo del exgobernador Gerardo Morales y del actual Carlos Sadir». Denuncian que están llevando adelante «una trama ilegal con fines inmobiliarios».
Los uniformados intentaron llevar adelante el desalojo a pesar de que existe personería jurídica provincial (Resolución SPI-0042/2016) y reconocimiento nacional mediante Carpeta Técnica RETECI. «Es totalmente ilegal lo que pretenden hacer para llevar adelante un proyecto inmobiliario», remarcó Olmos Desiderio, vicepresidente de la Comunidad Pukará, en diálogo con Tiempo.
Cabe destacar que también existen Tratados Internacionales que garantizan la preexistencia y los derechos territoriales de los pueblos originarios, los que están consagrados en el artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, la comunidad denuncia que este accionar desconoce acuerdos, normas y derechos. «Además, sabemos que se trata de una maniobra impulsada por intereses privados y complicidades judiciales, que amenaza directamente a familias enteras, niños y adultos mayores dejándolos sin hogar ni resguardo», denunció Desiderio.
Hace un tiempo atrás, en 2016, funcionarios del gobierno nacional se hicieron presentes en el territorio de la Comunidad Pukará y pidieron el árbol genealógico de los pobladores. Así pudieron comprobar que son los dueños legítimos de la tierra en disputa. La jueza Mariza Rondón -durante los últimos días- volvió a dictar la orden de desalojo como lo hizo en aquel momento.
“El abogado Gustavo Fiad es quien nos quiere desalojar, un íntimo amigo del exgobernador Gerardo Morales y del actual gobernador Carlos Sadir. Hay gente de mucho poder, es por eso que el municipio hace la vista gorda y el oído sordo a nuestro reclamo. Ahora el caso está en manos del juez Calderón y estamos a la espera de su sentencia”, apuntó el referente.
Piden a la sociedad, a los organismos de Derechos Humanos, a las autoridades provinciales y nacionales “que se pronuncien de forma urgente ante este atropello que es ilegal por donde se mire”. Explican que no quieren violencia, “queremos diálogo y respeto por nuestra historia y nuestro territorio”, expresaron en un comunicado.
Y completaron. “Solicitamos a los medios de comunicación locales, provinciales y nacionales que por favor difundan esta situación con carácter urgente para garantizar la seguridad e integridad física de las personas que habitamos el lugar”.
“Hoy hemos ganado un respiro poniendo un freno al desalojo, gracias al compromiso y la unión de todos los que nos rodean, se pudo hacer una pausa sobre nuestro territorio. Esta decisión no significa que la lucha haya terminado, sino que, en este momento, no estaban dadas las garantías necesarias para que se lleve a cabo”, detallaron.
Continuaron explicando que el tiempo ganado con el freno puesto al desalojo les permitirá que sus abogados realicen las actuaciones correspondientes para defender sus derechos e historia ancestral. Para que no se ejecute el desalojo y los miembros de la Comunidad puedan vivir en paz en su legítima tierra.
Señalaron. “Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada persona, familia, comunidad y organización que nos acompañó con su apoyo y su voz. Es muy injusto lo que pretenden hacer con nuestras vidas y nuestro territorio”.
Y concluyeron: “Seguimos en alerta, firmes y atentos ante cualquier acontecimiento que pudiera ocurrir. La defensa de nuestro hogar y nuestra identidad continúa. De todos modos, nosotros seguimos de pie para defender la memoria, la tierra y la vida”.
Gustavo Fiad es sobrino de Mario Raymundo Fiad, quien fue senador nacional por la provincia de Jujuy en 2017. Anteriormente, ejerció como diputado nacional -de 2009 a 2015- y ministro de Salud -de 2015 a 2017- durante el gobierno del radical de Gerardo Morales. En las elecciones provinciales jujeñas de 2023 encabezó la boleta de diputados provinciales por lo cual fue electo para el periodo 2023-2027.
En tanto su sobrino, abogado Fiad, en diciembre de 2020 fue condenado a 30 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su expareja, una niña de 4 años. El fallo condenatorio se dio en primera instancia y luego la Cámara de Casación ratificó la condena.
Sin embargo, la defensa del acusado apeló al Superior Tribunal de Justicia, quien finalmente decidió absolverlo del delito de abuso sexual. Lo hizo a pesar del gran cúmulo de pruebas con la que había sido condenado y ratificado en segunda instancia.
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