La corporación judicial se abroquela detrás de la defensa del lawfare

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado sin vida en el baño de su departamento, sin que desde entonces se haya podido demostrar la intervención de terceros en el tiro que le voló la tapa de los sesos. No obstante, la conversión de su suicidio en asesinato fue sin duda el bautismo de fuego en Argentina del lawfare, como se denomina a la judicialización de la política a través de la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la prensa amiga.

No hay dudas sobre la utilidad de tal recurso, puesto que es aplicable en todos los campos del poder: sirve desde la oposición para socavar gobiernos legítimos; además es apta desde el oficialismo para perseguir ex funcionarios, figuras opositoras y empresarios rivales. Pero también ofrece notables ventajas durante la vuelta al llano de las autoridades con mandato cumplido, para así sortear contratiempos con el Código Penal.

En estas prácticas, hay que reconocerlo, el PRO es magistral.

En este punto cabe evocar una escena histórica. Durante el mediodía del 10 de diciembre de 2015, el entonces flamante presidente Mauricio Macri leía su discurso ante la Asamblea Legislativa. Y tras un carraspeo, de pronto soltó: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. A quienes quieran serlo les digo que de ninguna manera serán bienvenidos si quieren ser un instrumento nuestro”. En su boca tales palabras significaban exactamente lo contrario.

El laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión judicial de Milagro Sala. Su propósito: imponer un ejemplo brutal y aplastante de disciplinamiento en su grado más extremo. 

Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el “delito” del dólar a futuro. Esa vez su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor.

Sin embargo, eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a exhibir. Porque desde entonces las prisiones preventivas en expedientes políticos –disfrazadas con la excusa de la lucha contra la corrupción– fueron moneda corriente, al igual que otras tantas causas surgidas de la imaginación de sus instructores.

La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el Memorándum con Irán y la instalación del falso “homicidio” de Nisman. Aún así, el Óscar de Oro para la mejor ficción fue para la llamada “causa de las fotocopias”.

Ya se sabe que, de modo inexorable, todas las trapisondas judiciales del régimen macrista están saliendo a la luz. Tanto es así que únicamente en el curso de los últimos días hubo al respecto dos hechos resonantes: la denuncia de un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT) encabezado por Martín Soria contra el cabecilla de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, por ser parte de la llamada «mesa judicial». Y otra contra el camarista Eduardo Riggi, radicada por el abogado Carlos Beraldi, también por su fidelidad a ese verdadero Ministerio de La Presión.

El primero –según demostró Soria con pruebas documentales– tenía la amabilidad de visitar a Macri en la Casa Rosada. Lo hizo seis veces, siempre en vísperas de algún fallo favorable a los deseos del primer mandatario.

El otro, cuyo alineamiento con Macri fue (y es) casi obsceno, deberá explicar ante el Consejo de la Magistratura el secuestro, efectuado por él, de la causa instruida por la jueza federal María Servini de Cubría sobre el cúmulo de aprietes a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo, que contiene cruces telefónicos entre miembros de esa mesa judicial.

Aún así, el lawfare en la Argentina continúa palpitando en Comodoro Py, ahora en la fase post gubernamental del macrismo. Y nada menos que con la ya mencionada Cámara de Casación como epicentro.

Porque su Sala IV, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, dispuso que las dos causas por espionaje instruidas en Lomas de Zamora por el juez Juan Pablo Auge, junto con los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, pasen a los cuestionados tribunales de Retiro.

Son los expedientes sobre los delitos cometidos por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el paso del macrismo por el poder. Lo hicieron con el único argumento de que ambos organismos tienen su sede en la CABA.

Una de las causas está centrada en el espionaje sobre Cristina Fernández, tanto en el Instituto Patria como en su domicilio porteño; la otra gira en torno a la patota de fisgones autodenominados “Súper Mario Bros” y el espionaje en las cárceles a presos kirchneristas.

Por la primera se encuentran procesados el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, su segunda, Silvia Majdalani, el ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, y el agente favorito de la “Señora Ocho”, Alan Ruíz.

Por la otra hay –o, ahora, había– casi 40 fisgones en vías de proceso. Estaban encabezados por los máximos ex jerarcas de la AFI y el SPF, además del ex jefe jurídico, Juan De Stefano, la ex funcionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo y el secretario del ex presidente, Darío Nieto, junto a Ruiz y todos los Súper Mario Bros; entre ellos, Jorge Sáez (a) “El Turco”, Leandro Araque, el abogado Facundo Melo y el cocinero Martín Terra (ex esposo de la actual mujer del vicejefe porteño, Diego Santilli).

El traslado de las causas desde Lomas de Zamora a Comodoro Py era el gran anhelo de Arribas y Nieto, entre otros.

A modo de paradoja, los espiados macristas por orden del líder máximo del PRO también habrían bregado por esa mudanza. Ellos son María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Pero casi como una ironía del destino es que, la nueva jueza de las causas, María Eugenia Capuchetti, será acompañada en esta tarea nada menos que por el inefable fiscal Carlos Stornelli.

Cabe destacar que este sujeto, además de ser papá de un espía de la AFI –Julián Stornelli–, está procesado en el juzgado federal de Dolores por espionaje en la causa de la banda del agente polimorfo Marcelo D’Alessio.

Si Franz Kafka viviera en Argentina sería taquígrafo judicial.  «