Así lo reveló la referente del organismo en diálogo con Tiempo Argentino. Cerca del 10% de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983, ocurrieron a partir de diciembre de 2023.

“Los datos actualizados de este Archivo 2025 demuestran que este gobierno es el que más ha reprimido y matado durante estos 42 años de democracia”, adelantó María del Carmen Verdú, referente de CORREPI. En diálogo con este medio, la abogada puntualizó: “Nuestra base de datos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registra 10.181 casos de las diferentes modalidades ocurridas desde el 10 de diciembre de 1983 al 20 de enero de 2026. De ese total, 1.056 ocurrieron después del 10 de diciembre de 2023”.
Verdú destacó que estas cifras “evidencian el fuerte impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza. O sea, durante los dos primeros años del gobierno encabezado por Javier Milei se produjo más del 10% del total de muertes, superando lejos a todas las gestiones anteriores”.
“A esos datos -insistió- debemos sumar que en los descomunales operativos multifuerza en cada movilización de 2025 tuvimos casi 1.400 personas heridas por golpes, sustancias químicas y disparos, algunos de enorme gravedad como el reportero gráfico Pablo Grillo o quienes perdieron la vista, y más de 200 detenciones arbitrarias en manifestaciones y movilizaciones sólo en CABA, y que, como si fuera poco, ahora tenemos presos políticos al estilo Bukele o Guantánamo, como Milton Tolomeo”.
En referencia al caso Tolomeo, la referente de CORREPI expresó que “por decisión del ministerio de Seguridad está sufriendo aislamiento total en el módulo de presos de ‘alto riesgo’ de Ezeiza, con 20 horas encerrado en una celda y sólo 4 de recreo en sectores comunes, sin visitas familiares, restricción de comunicación con su defensa y exclusiva interacción con guardiacárceles encapuchados y sin identificación, no queda más que concluir que es el gobierno más represor desde 1983”.
Del documento, al que tuvo acceso Tiempo, se desprende que ya el año pasado la CORREPI había analizado que “desde el primer minuto, la banda de Javier Milei, Patricia Bullrich y compañía se lanzó a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado y, en apenas un año, buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida fueron recortados o destruidos, a la vez que redujeron o eliminaron las garantías que en otros tiempos nos permitían defenderlos. No quedó libertad democrática sin ser atacada”.
En el informe se puntualiza que a través de diferentes decretos, resoluciones y leyes, el gobierno de Milei repuso “de facto la Doctrina de Seguridad Nacional”. Y enumera: el protocolo “antipiquetes”; el Comando Unificado Urbano y el Comando Unificado de Seguridad Productiva; la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad; la Unidad Especial de Agentes Encubiertos; la implementación de la línea 134; y la incorporación de nuevos pertrechos para la represión. Ademas, menciona las flamantes normas emitidas en el Congreso como la de Reincidencia y Reiterancia, “Antimafias” o la más reciente que tiene media sanción de Baja de edad de punibilidad.
La asociación civil pudo reconstruir, de acuerdo a los datos recopilados, que el gobierno de Raúl Alfonsín registró en 66 meses 139 casos (1,37% del total); Carlos Menem, 712 casos en 125 meses (6,99%); Fernando de la Rúa, 486 casos en 24 meses (4,77%); las gestiones de Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde, 269 casos en 17 meses (2,64%); Néstor Kirchner, 995 casos en 54 meses (9,77%); Cristina Kirchner, 2668 casos en 96 meses (26%); Mauricio Macri, 1927 casos en 48 meses (18,93%); Alberto Fernández, 1929 casos en 48 meses (19%); y Javier Milei, 1056 casos en apenas 25 meses (10,37%).
Vale mencionar que los datos previos a 1996 son incompletos. Lo mismo ocurre con las cifras obtenidas hasta el momento de 2025 ya que organismos oficiales como la Procuración Penitenciaria Nacional y la Comisión Provincial por la Memoria publicarán sus informes recién a mediados de este año.
De acuerdo al análisis de las fuerzas de seguridad que intervinieron en las 1056 muertes se precisa que el 60,15% (622 casos) corresponde a los servicios penitenciarios provinciales y federal; le siguen las policías provinciales con el 31,24% (323 muertes); la Policía de la Ciudad, 4,74% (49 muertes), la Policía Federal, 2,80% (29 casos) y bastante más lejos Gendarmería (6 muertes); Prefectura (2 muertes) y otras fuerzas como las Armadas. En este período de dos años no se registran muertes a manos de la PSA ni de vigiladores privados que no fueran a la vez integrantes de otras fuerzas.
Por otro lado, se destaca que la mayor proporción de estas muertes se produjeron bajo la custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, ya sea en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro. “Es imposible no vincular el crecimiento de muertes bajo custodia en las últimas dos décadas con el incesante aumento de la población penitenciaria en ese mismo lapso. Un reciente informe del Comité Nacional de Prevención de la Tortura señala que ‘Las cifras de encarcelamiento aumentaron una media anual en torno del 6%, con la excepción de 2020. En 2024, el incremento fue de 7,1%’, cifra por encima del promedio, solo superada en 2017 y 2018, cuando el aumento estuvo por arriba del 11%”.
Dicho de otro modo, en 2001 había 34.000 personas privadas de su libertad en todo el país, mientras que a fines de 2024, eran 121.443. Lo que equivale a una tasa de encarcelamiento de 258 personas cada 100 mil habitantes, “récord nacional absoluto”, resumieron. Así las cosas, bajo esta modalidad se registraron 1166 muertes durante la gestión de Marcri, 1336 en la de Alberto Fernández y 715 en dos años de Milei.
“Si desglosamos por rango de edad, excluyendo los casos en que carecemos del dato de la edad, en la mayoría de muertes bajo custodia, la franja de 15 a 25 años es la más afectada durante la gestión Milei, y representa el 40% del total, seguida por el 28% entre 26 y 35”, es otra de las conclusiones que arriba el informe.
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