La Corrupción Judicial en la Ciudad de Buenos Aires

Esta semana, desde el Equipo Jurídico de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) hemos solicitado una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires para que se suspendan los actos administrativos que ponen a consideración los nombres para cubrir las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Ciudad.  Por ser nulos de nulidad absoluta y carentes de fundamentación. Una vez más el discurso de transparencia por parte del gobierno de Cambiemos hace agua por todos lados.

Cambiemos en el gobierno nacional y local, es una máquina de cooptación y disciplinamiento de la justicia para garantizar la impunidad de sus negocios. El objetivo es claro: tener un poder judicial al servicio de los intereses económicos de las corporaciones inmobiliarias, de la obra pública y los servicios. En este caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, propuso a Santiago Otamendi y a Marcela De Langhe para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y a Juan Bautista Maihques para el puesto de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires para cubrir el lugar que está vacante luego de la escandalosa renuncia de Martín Ocampo a partir de los incidentes en el River-Boca que nunca llegó a disputarse en el Estadio Monumental.

Ocampo, quien también se desempeñaba como Ministro de Seguridad es un hombre de confianza de Daniel Angelici, al igual que su reemplazante, Maihques, quien, a su vez, es una de las principales espadas del macrismo en la justicia, apadrinado por el actual presidente de Boca, fue nombrado como subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación. Es uno de los responsables políticos de la gravísima situación en la que se encuentran las cárceles de nuestro país, con problemas de infraestructura, sobrepoblación, corrupción penitenciaria y torturas para con los internos. Es también miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo y desde allí fue el impulsor de la denuncia contra el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Una muestra más del cinismo de Cambiemos es que este “ascenso”, un verdadero premio para Mahiques, haya sido anunciado dos días después de realizar dicha denuncia contra el Juez de Dolores.

Santiago Otamendi es otro militante macrista de paladar negro. «Tan abiertamente militante macrista» que participaba asiduamente de los timbreos que suele hacer el gobierno nacional, tanto junto a German Garavano como con otros funcionarios y ex funcionarios caídos en desgracia como el ex ministro de Finanzas y presidente del BCRA, Luís Caputo. En la actualidad es el Secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es en los hechos, el número dos de Garavano y fue denunciado por el ex titular de la Unidad Especializada de Investigación del atentado a la AMIA Mario Cimadevilla por encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público junto con el actual ministro y el Jefe de Gabinete de la dependencia, Esteban Conte Grand.

 El fundamento de la denuncia que radica en el Juzgado Federal de Julián Ercolini es entorpecer la causa en la que se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado, por haber desviado o plantado pruebas en una situación de extrema gravedad institucional. Cimadevilla fue desplazado de esta Unidad especializada, disuelta por Garavano, por negarse a acceder al pedido del Poder Ejecutivo nacional de absolver a los fiscales Mullen y Barbaccia. Ambos acusados de encubrir el atentado a la AMIA. Tal es el nivel de complicidad, que el mismo Mario Cimadevilla presentó al presidente Macri, pruebas que demostraban que las autoridades del Ministerio de Justicia, quisieron convertir la Unidad Especializada en una “Unidad Especial de Encubrimiento.”

Las voces disidentes que nos alzamos somos muchas. El Llamamiento Argentino Judío, consultado a través de su presidente Jorge Elbaum, suscribe la posición de Memoria Activa y repudia el intento por designar a Otamendi como integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad caracterizándolo como un intento más de colonizar la justicia por parte de los Stornelli, los D’ alessio y los Garavano. No nos deja de sorprender la pasividad y el silencio de la DAIA ante la decisión política del Macri y Larreta de colocar en el TSJ a uno de los principales acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA, incluso denunciado públicamente por Elisa Carrió.   

Marcela De Langhe es jueza en la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y cumple con el único requisito exigido por la administración de Larreta es el de tener algún cargo en la gestión Macrista, en este caso la magistrada es, además, directora del Instituto Superior de Seguridad Publica, donde se forman los cadetes de la Policía de la Ciudad. La misma policía que junto a fiscales y jueces, reprime las movilizaciones sociales, persigue a manteros, senegaleses, vendedores ambulantes y cartoneros. Al mismo tiempo que no puede garantizar la seguridad en un partido de fútbol. De Langhe no cuenta con un curriculum a la altura del puesto que pretende ocupar, pero si cuenta con el apoyo del Coti Nosiglia, Daniel Angelici y toda la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le garantiza los votos del bloque Evolución de Martín Lousteau.

Distintas organizaciones sociales, políticas y de la sociedad civil hemos presentado las impugnaciones correspondientes para evitar que estos tres puestos claves en el funcionamiento de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires queden en manos de militantes macristas.

Desde las organizaciones populares queremos como mínimo, jueces y fiscales independientes.  Lo ideal sería que verdaderos representantes del pueblo trabajador lleguen algún día a ocupar esos cargos, pero hasta tanto eso suceda y como principales víctimas de este poder judicial elitista y selectivo, exigimos un piso básico en cuanto a idoneidad e independencia en el ejercicio de la función publica de estos jueces y fiscales.

 Mientras algunos buscan garantizarse la impunidad de sus actos y para ello necesitan jueces y fiscales adictos, otros tantos seguiremos bregando por poderes judiciales locales y nacionales, independientes de los poderes económicos y políticos, al servicio de las mayorías populares y la justicia social.