La Corte condiciona la agenda de la política y Rosatti silencia el Lago Escondido gate

“El que se aparte del camino, que tenga el castigo, porque será aquel que no está honrando aquello que supimos prometer cuando accedimos a este cargo”. El presidente de la Corte Suprema y –al mismo tiempo- del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, pronunció la frase durante la cena anual de la Asociación de Magistrados, la entidad que representa a la corporación judicial.

Pareció (sólo pareció) aludir a la situación de los cuatro jueces federales que viajaron al Lago Escondido en octubre pasado. Ninguno de los cuatro (Julián Ercolini, Carlos Mahiques,  Pablo Yadarola y Pablo Cayssials) estuvo en el ágape.

Formal e institucionalmente no hubo un pronunciamiento sobre la situación de los escondidos del lago. Sólo se pronunció la Lista Celeste, a la que descalifican por “kirchnerista”. La corrupción, si no es kirchnerista, no merece repudio. Ni condena.

Con todo, la situación hizo ruido en la lista Compromiso Judicial, que transita “la ancha avenida del medio”: al menos dos juezas y una fiscal renunciaron, disconformes con quienes fingen demencia y siguen como si nada estuviera pasando.

La flamante presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, dijo en “Desiguales”, el programa de la TV Pública: “Espero que se investigue y si hay responsables que sean sancionados. Me dio mucha tristeza lo de Lago Escondido”.  Algunos otros piensan y sienten lo mismo, pero por ahora callan. El silencio no los equipara, pero tampoco los diferencia.

Los cuatro viajeros siguen en funciones y la denuncia del gobierno ante el Consejo de la Magistratura todavía está en la Mesa de Entradas. Debería ser girada a la Comisión de Acusación, pero aún no está integrada por la ausencia de los consejeros diputados y senadores. La virtual parálisis del Consejo juega a favor de la permanencia de los viajeros. Cuando asuman los ocho consejeros que faltan, ¿los cuatro jueces serán suspendidos y enviados a juicio político? Hoy es más predecible qué seleccionado de fútbol ganará el Mundial 2030.

La Corte Suprema está en discusión consigo misma. A fines de 2021 emitió un fallo que repuso una ley derogada hacía tres lustros, volvió al Consejo de 20 miembros y ungió a Rosatti como su presidente. Desde que en abril entró en vigencia esa decisión prácticamente no se mueve un solo papel en el Consejo.

Como juez y parte, la Corte decidió que la designación como consejero por la segunda minoría del senador oficialista Martín Doñate había sido consecuencia de un “ardid”: la división artificial del Frente de Todos para quedarse con una banca que le correspondía a Luis Juez, de Juntos por el Cambio.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick tomó nota de ese criterio y lo aplicó a la representación de la Cámara de Diputados. Entendió que el PRO y la UCR son una unidad, “Juntos por el Cambio”. Entonces no podían dividirse como si se tratara de dos bloques (como lo hizo el Frente de Todos y reprobó la Corte)  porque de esa manera la oposición se quedaría con una banca que no le corresponde (como lo hizo el Frente de Todos y reprobó la Corte). Entonces volteó la designación de la radical Roxana Reyes.

¿Qué hizo la Corte? La misma Corte que falló a favor de Luis Juez por el “ardid” del Frente de Todos firmó la Acordada 34/2022 y dispuso que asuman los cuatro consejeros diputados, incluida la radical Reyes. Las leyes y la jurisprudencia dicen lo que los jueces quieren que digan. Siempre hay una interpretación acomodaticia a mano. Lo curioso es que esta vez la Corte ante un caso dijo “blanco” y ante otro tan similar que parece calcado dijo “negro”.

La Acordada 34 fue firmada al mismo tiempo que la confirmación de la condena a 13 años de prisión de la dirigente social jujeña Milagro Sala. Acaso por un capricho de la informática, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, festejó por Twitter (con una “carta al kirchnerismo” que debe haber escrito con la velocidad de un rayo) un fallo que los abogados de Sala aún no conocían.

La directora de Asuntos Jurídicos y apoderada de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort fue un paso más allá en el análisis.  En el expediente 64341/2022, que tramita ante la jueza Alejandra Biotti (colega de Cormick) y ante un reclamo del propio Luis Juez, expresó: “El principio de separación de poderes y el necesario respeto por parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales que su competencia les impone, determina que la función de los jueces no alcance a interferir con el ejercicio de facultades que les son privativas a otros poderes. De lo contrario, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación”.

El Poder Judicial, que reacciona con vehemencia cuando se siente invadido (aun cuando sólo sea una crítica) no trepida en invadir otros poderes igual de independientes, a los que parece considerar inferiores.

Cierto es que la política golpea la puerta de los Tribunales cuando no puede resolver sus conflictos. Rosatti aludió a eso en la cena de la corporación judicial: “Muchas veces nos preguntan: ‘¿pero ustedes no piensan en las consecuencias de sus decisiones?’. Sí, pensamos. Pero yo digo: y acaso, quienes no han podido resolver un conflicto antes de judicializarlo, quienes lo judicializan, quienes recorren distintas instancias judiciales manteniendo su disconformidad, ¿sobre ellos no recae la pregunta de ‘no piensan en las consecuencias’? ¿O solamente debemos pensar en las consecuencias los tribunales de Justicia?”.

La respuesta aparece prístina: el Poder Judicial no puede aprovecharse de esa ineptitud (que se convierte en vulnerabilidad) de la política para arrogarse capacidades que les están prohibidas. Porque en ese caso, gobiernan los jueces, los únicos de los tres poderes que no surgen del voto popular.

Los consejeros senadores no juraron aún en el Consejo de la Magistratura porque hay una porfía por uno de esos cuatro puestos. Podrían jurar los otros tres y dejar en stand by la situación de Doñate y Juez, pero no, no asume ninguno.

¿Por qué? Porque Juez le pidió a la Corte que aplique un “per saltum” sobre su reclamo. El máximo tribunal ya falló a favor de Juez pero para un mandato que feneció el 18 de noviembre pasado. El Senado designó a Doñate para el período 2022 – 2026. El tiempo, se sabe, no para.

Pero Juez sabe que la Corte ya una vez detuvo (de manera figurada) el tiempo para favorecerlo y confía en que lo hará nuevamente. Y los habitantes del cuarto piso del Palacio de Tribunales le alimentan las expectativas. «