Sigue sin evaluar la apelación del Ejecutivo al fallo que suspendió la vigencia del tramo impugnado por la CGT y que incluye flexibilizaciones que el gobierno reeditó en el proyecto de reforma.
El capítulo laboral del DNU 70, objetado judicialmente apenas se publicó en el Boletín Oficial allá por fines del 2023, llegó a la Mesa de Entradas de la Corte el 12 de marzo del 2024. Fue después de que los camaristas del Trabajo Carlos Pose y Alejandro Sudera concedieran un Recurso Extraordinario en favor de los representantes del Estado Nacional que buscan, desde entonces, revertir el fallo que suspendió su aplicación.
En la actualidad, la vigencia de la norma está frenada porque los camaristas decidieron conceder el pase a la Corte con efecto devolutivo, es decir, sin dejar que pierda vigencia el fallo que avaló el reclamo de la CGT. Pero el capítulo laboral del decreto en cuestión tiene varias de las “reformas” que el gobierno de Javier Milei intentó meses atrás con el decreto “antihuelga” N° 340 de julio de este año, rechazado por el Congreso, y que volvieron a aparecer en el proyecto de reforma laboral enviado al Senado el 11 de diciembre pasado.
Es decir, mientras la Corte lleva 649 días sin analizar si hace o no lugar a la apelación del gobierno contra el fallo que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23, el Ejecutivo intentó convalidar varios de los cambios contenidos ahí a través de otros decretos y proyectos como el que se trataría a partir del 10 de febrero en el Senado.
Las coincidencias entre el capítulo laboral del DNU 70 y el nuevo proyecto de reforma laboral son varias. Ambas iniciativas derogan el Estatuto del Viajante e incorporan la posibilidad de que exista el famoso “banco de horas” por medio del cual se flexibiliza la jornada laboral de trabajadores y trabajadoras en función de los momentos de más demanda de las empresas.
También tienen en común la intención de restringir el derecho a huelga por medio de la obligación de garantizar un 75% de cobertura laboral en actividades esenciales durante una medida de fuerza. Ese porcentaje llega al 50% en el caso de las de importancia trascendental.
En una entrevista reciente en Perfil, Rosatti hizo una referencia al no tratamiento del capítulo laboral del DNU 70/23 por parte de la Corte y argumentó que, si bien está suspendido, a la luz del nuevo proyecto del gobierno, (el tema) “tendrá un nuevo tratamiento, lo cual supone al Parlamento actuando, que es lo que a nosotros nos interesa”.
Para Pablo Topet, abogado de la CGT que patrocinó la queja judicial contra el capítulo laboral del DNU, “la Corte está esperando una definición política o un tratamiento del Congreso que aún no ha sucedido”. En base a eso, el letrado desestimó que detrás de la falta de tratamiento pueda haber alguna intencionalidad de los supremos de darle margen al gobierno para que intente avanzar con las reformas.
“No creo, con absoluta franqueza, que la demora tenga ese sentido”, aseguró.
De todos modos, afirmó que “claramente la Corte debería confirmar la declaración de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU”, ya que “el principio general en la materia es que el Ejecutivo no puede abordar asuntos de contenido legislativo, lo que es una facultad excepcionalísima”.
“Como toda la jurisprudencia de la Corte en materia de DNU es muy clara, sería un cambio muy radical que pudiera desdecirse de una doctrina tan consolidada”, agregó.
Según pudo corroborar este medio en el sistema de gestión de causas judiciales, el expediente del capítulo laboral del DNU 70 está quieto. La última actualización que tuvo data del 10 de junio pasado, cuando se cumplió con la formalidad de reservar en Secretaría hasta tanto se considere oportuno una presentación de una de las varias entidades que pretende convertirse en amicus curiae.
Ahí tampoco consta que haya arrancado la circulación de la causa por las Vocalías de los ministros, una instancia en la que cada uno revisa los pormenores del asunto en cuestión. De todas formas, vale recordar, una vez más, que el Máximo Tribunal no tiene plazos definidos para expedirse sobre un tema. Son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti los encargados de definir cuándo salen los fallos. «
“Los intimo para que regularicen mi situación laboral en atención a que siempre me pagaron mensualmente mis remuneraciones parcialmente en negro. Por la misma razón, nunca me pagaron aguinaldos ni vacaciones proporcionales por la diferencia en negro”.
En La Libertad Avanza todo es posible. Incluso que uno de sus integrantes más acérrimos haya escrito el párrafo que antecede en un telegrama enviado de forma solidaria a una empresa relacionada a la firma que lo empleaba. Se trata del jefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni.
Un usuario de X fue el que en los últimos días recordó la vez que el actual funcionario demandó a sus empleadores por incumplir las condiciones laborales.
Ese día sumó su granito de arena a lo que desde su vereda llaman la “industria del juicio laboral”. No sólo fue contra su empleador directo sino que la estrategia de su abogado fue intimar a empresas relacionadas para meter presión.
Con el mismo tono enfático que usa para sus conferencias, Adorni exigió nueve años atrás que se documenten todas las remuneraciones que recibió desde el inicio de la relación laboral, incluso “los salarios que me han pagado indocumentadamente ‘en negro’, constituyendo un claro fraude en los términos de la Ley de Contratos de Trabajo del que desde ya los hago responsables”. Vaya paradoja.
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