En una decisión tan compleja como histórica, la Corte Penal Internacional (CPI) se declaró hoy con autoridad para juzgar eventuales crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, territorios palestinos ocupados por Israel. A partir de esto se abre la posibilidad de que la Fiscalía inicie una investigación en tal sentido, decisión que ya recogió tanto el obvio respaldo palestino, como el rechazo de Washington y de la administración de Benjamin Netanyahu.
La decisión de la CPI fue por mayoría de 2 a 1, y en respuesta a la fiscal principal, Fatou Bensouda, que en 2019 consideró que existía una “base razonable” para investigar por crímenes de guerra a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y sus asentamientos en Cisjordania, reclamados por Palestina. Igualmente, Bensouda, de nacionalidad gambiana, pidió a la Corte que determine si tenía jurisdicción territorial antes de avanzar en el caso. Dicha solicitud obedece a que Israel no es firmante del Estatuto de Roma y, en consecuencia, no está bajo jurisdicción del cuerpo de Justicia mundial.
Antento a eso, el primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, destacó que la decisión de la Corte sobre su jurisdicción en los territorios ocupados representa una «victoria para la justicia y la humanidad, para los valores de la verdad, la equidad y la libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias.
En una respuesta casi inmediata, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó a la CPI de «tribunal político». “Hoy, el tribunal probó una vez más que es un órgano político y no una institución judicial», criticó Netanyahu en un comunicado, citado por la agencia de noticias AFP. En plena festividad judía del sabbat, o sea, sin actividad oficial, el primer ministro advirtió que la decisión de la CPI socava el «derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo». Para Netanyahu, la CPI «persigue a Israel, un país con un régimen democrático fuerte, que santifica el estado de derecho y no es miembro del tribunal».
A su turno, el vocero del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, reveló la preocupación de Washington por la decisión del tribunal internacional. «Tenemos serias preocupaciones respecto a los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre personal israelí. Siempre hemos tenido la postura de que la jurisdicción de la corte debe limitarse a los países que la aprueban o que son remitidos (a esta) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», dijo Price, según recogió la agencia de noticias Sputnik.
EEUU tampoco reconoce el trabajo de la CPI porque no adhirió al tratado de Roma, al punto de que en el pasado procuró que el cuerpo dejara de investigar si sus soldados cometieron atrocidades en Afganistán. La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en La Haya, Países Bajos, fundado en 2002, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
La cuestión central era si podía tomar una decisión que involucrara a un país que no le reconoce jurisdicción en litigio con otro que sí. Para Israel, Palestina no es un Estado internacionalmente reconocido, aunque desde julio de 2015 la Autoridad Palestina sea signataria del Estatuto de Roma, que regula la justicia penal internacional. La jurisdicción se extiende también a las acciones de milicias palestinas como Hamas.
Para la fiscal, ese debate está saldado, porque «Palestina ha acordado someterse a los términos del Estatuto de Roma de la CPI y tiene derecho a ser tratado como cualquier otro Estado Parte en los asuntos relacionados con la implementación del Estatuto». Cuando pidió a la Corte que se definiera, Bonsouda se declaró “convencida” de que “se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este”. Admitía entonces la “muy disputada situación legal y de hecho” en la zona. “La jurisdicción de la Corte sobre la situación en Palestina se extiende a los territorios ocupados desde 1967”, puntualiza la resolución, que deja en claro que “la sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión”.
La decisión significa que investigar eventuales crímenes de guerra no significa opinión alguna sobre la existencia legal o no de Palestina como Estado ni, mucho menos, una definición sobre sus territorios. «La Sala no está resolviendo una disputa fronteriza bajo el derecho internacional ni prejuzgando la cuestión de las fronteras futuras. El fallo tiene como único propósito definir la jurisdicción territorial de la Corte», aclaró el tribunal de La Haya en su comunicado.
La tarea a futuro no será la primera intervención de la CPI en la región, porque ya antes puso en marcha algunas diligencias vinculadas a la extensión de los asentamientos y la demolición de viviendas por parte de Israel y al accionar de milicias de Hamas y la Jihad Islámica, que lanzaron cohetes contra población israelí en algún momento del extenso conflicto territorial.
Una eventual acusación contra responsables militares o del gobierno de Israel que derive en imputaciones puede activar órdenes de detención en cualquier país para los acusados, aunque para eso la CPI debe pedirlas a las fuerzas de seguridad de cada Nación porque el Tribunal no tiene Policía propia.
La mayoría del fallo se alcanzó con los votos de Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou (de Benín) y de Marc Perrin de Brichambaut (de Marruecos, pero funcionario francés). La organización Human Rights Watch (HRW), una de las más importantes del mundo en materia de DDHH, celebró el fallo «crucial», porque es «el momento de que los autores, israelíes y palestinos, de los abusos más graves» rindan cuentas ante la Justicia. «La decisión de la CPI finalmente ofrece una esperanza real de justicia a las víctimas de crímenes graves tras medio siglo de impunidad», afirmó Balkees Jarrah, director de Justicia Internacional de HRW en un comunicado que cita la agencia AFP.
