La Corte Suprema le devolvió actualidad a una vieja causa relacionada con la muerte del militante del PO Mariano Ferreyra. Los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti reactivaron tras casi tres años de letargo la investigación sobre una presunta maniobra para evitar que el fallecido sindicalista José Pedraza, finalmente condenado por el crimen de Ferreyra, fuera a la cárcel.
Mariano Ferreyra fue asesinado el 10 de octubre de 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria . En enero de 2011 gran parte de los agresores de Ferreyra estaban presos y la investigación se orientaba hacia la “instigación” por parte de Pedraza. Entonces, en plena feria judicial, los acusados intentaron elegir una sala de la Cámara de Casación que los excarcelara y, de esa manera, sentara un criterio que protegiera a Pedraza de una eventual orden de detención, que finalmente se concretó poco después.
Por esa presunta maniobra ilegal fueron imputados Pedraza, el contador de la UF Ángel Staforini, el agente de inteligencia Juan José Riquelme, el ex empleado Luis Ameghino Escobar y el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid.
La supuesta maniobra incluía el pago de un soborno para manipular el sorteo de la Sala que debía intervenir. En una escucha telefónica utilizada como prueba aparece una suerte de regateo: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, le avisan al difunto Pedraza, quien por entonces todavía estaba en libertad.
El ex juez Norberto Oyarbide consideró que existió la maniobra para excarcelar a los detenidos pero entendió que tres jueces de la Cámara de Casación sospechados de haber participado en ese entramado, Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, no tuvieron nada que ver. Los tres fueron sobreseídos y el fallo quedó firme en 2017. Riggi interviene actualmente en varias causas que tienen como imputada a la ex presidenta, Cristina Kirchner.
Cuando la causa parecía encaminarse al juicio oral, se empantanó en un conflicto de competencia entre la justicia penal porteña y la de Comodoro Py. La Corte resolvió ahora, por mayoría, que intervenga la Justicia Federal porque, tal como sostuvo el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, “no debe descartarse que los hechos que constituyen el objeto de la causa hayan podido afectar el normal funcionamiento de un órgano judicial de carácter federal o corromper el buen servicio de sus empleados”.
La jueza que reemplaza a Oyarbide, María Eugenia Capucetti, podría acelerar el paso final y mandar la causa a juicio. Pero las defensas de los imputados pedirán la nulidad de todo porque fueron procesados por un juez ordinario y –según el fallo de la Corte- debió intervenir uno federal. «
