Duro revés para el presidente y su familia. El máximo tribunal ratificó lo actuado por Gabriela Boquín, que seguirá investigando la deuda de más de $70 mil millones que la empresa de los Macri tiene con el Estado.
Los cinco jueces del máximo tribunal rechazaron por una cuestión procesal el último planteo del gobierno para apartar a Boquín del expediente. En los hechos, ello significa que la fiscal -que fue quien detectó el ruinoso principio de acuerdo por el que se le perdonaba más del 90 por ciento de la deuda al Correo y posibilitó que no prosperara- seguirá actuando en el expediente, podrá proponer medidas, controlar la marcha del proceso y, sobre todo, defender el interés público.
El máximo tribunal consideró que el planteo contra la continuidad de la fiscal «no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal», revelaron a Tiempo fuentes judiciales.
El espaldarazo a Boquín es una mala noticia para el gobierno, que desde hace un año procura su desplazamiento como una forma de, además, frustrar una investigación impulsada que tiene por objetivo una pericia de los libros contables para determinar si existieron maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial.
La última evaluación del dinero que la empresa le debe al Estado supera los 70 mil millones de pesos.
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