La Corte sienta una grave jurisprudencia en litigios laborales

Un fallo de la Corte Suprema del martes pasado, dictado tras una apelación del Estado (el ENACOM macrista) a partir de una acción de amparo iniciada por despedidos del entonces AFSCA a los 20 días de la asunción de Mauricio Macri, estableció una jurisprudencia temible para los estatales que en el futuro quieran litigar en defensa de sus empleos. En una sentencia por mayoría, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y un breve -pero contundente- voto negativo de Elena Highton de Nolasco, el máximo tribunal pretende que a partir de ahora los trabajadores del Estado que quieran defenderse en Tribunales de un eventual despido sin causa o por persecución política tendrán que incursionar en el fuero Contencioso Administrativo y no en el Fuero Laboral, que por sus propias normativas de funcionamiento entiende la relación entre empleador y empleado como un vínculo desigual y por eso suele esgrimir un principio ‘pro-operario’.

El fallo de la CSJN del último martes -en el caso de ‘Matías Sapienza c/ AFSCA’, carátula del expediente original- obligará a que las diez salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo queden condicionadas por esta nueva jurisprudencia: que los juicios por despidos de los trabajadores del Estado deben tramitar en el Contencioso Administrativo, donde rige el Código Procesal Civil y que, por lo tanto, trata a las dos partes como iguales. La competencia del Fuero Laboral, en todo caso, podría mantenerse para aquellos juicios iniciados por estatales en los que se demuestre una afectación del Convenio Colectivo de trabajo. Más allá de lo que suena como un debate leguleyo, lo cierto es que con una sentencia quirúrgica la Corte volvió a alinearse con las necesidades políticas de la administración Cambiemos. Dicho por el propio Macri, el gobierno nacional busca flexibilizar la aplicación de la legislación laboral: con ese objetivo se propone condicionar y atemorizar, tanto a sindicatos como a camaristas díscolos del Fuero del Trabajo.

Un ejemplo de esta ofensiva política -en pos de reducir costos laborales- fue la inédita amenaza del ministro del Trabajo, Jorge Triaca, contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino (ver página 9). El deseo de Triaca no quedó en amague. Se concretó en la presentación de dos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura (denuncias 15 y 16 del año 2017). Ambos jueces convalidaron el acuerdo paritario que La Bancaria de Sergio Palazzo había firmado con dos de las tres cámaras empresariales del sector: Triaca no les perdonó que hayan establecido que el Estado, desde el Ministerio de Trabajo, no podía desconocer el acuerdo entre las partes. En la última semana, esta catarata de advertencias y presiones para que el Fuero Laboral se autolimite en la defensa (de los derechos) de los trabajadores sumó dos nuevos condimentos. Nada casuales.

El primero de ellos está contenido en el fallo Sapienza de la CSJN. Porque aparte de intentar zanjar el debate sobre donde deben tramitar los juicios por despidos en el Estado, Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Ronsenkrantz incluyeron entre los fundamentos del voto mayoritario una alusión a la condición nacional (federal) de la Justicia del Trabajo. En un párrafo incorporado como un tiro por elevación al Fuero Laboral los cuatro jueces de la Corte recordaron que «el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio». Esa frase, que concluía una lacónica argumentación de por qué el máximo tribunal se había considerado competente para intervenir en una acción de amparo que no puede considerarse sentencia definitiva ni ser equiparada como tal, era un guiño al traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la justicia de la ciudad. La gran mayoría de los jueces del Trabajo resisten esa decisión. También los abogados laboralistas y las comisiones internas de los dos sindicatos judiciales, UEJN y Sitraju.

El segundo capítulo de la ofensiva contra el Fuero del Trabajo se conoció el jueves pasado. Sucedió en el Consejo de la Magistratura. La mayoría que responde al oficialismo de Cambiemos anunció, a través de una orden del día que circuló entre los miembros del órgano que analiza la conducta de los jueces y resuelve las remociones, que el Cuerpo de Auditores del Consejo pondrá en marcha una auditoría en todos los juzgados de primera instancia y salas de la Cámara Nacional del Trabajo. El efecto buscado de esta auditoría -aprobada en 2016- es, claramente, provocar amedrentamiento. Una de las primeras muestras públicas de rechazo ante todo el panorama que se avecina fue la realización del Encuentro Permanente por el Derecho del Trabajo y la Defensa del Fuero Laboral, que tuvo lugar este viernes en Lavalle 1550, sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La intención de «disciplinar» al fuero laboral está en marcha. Macri no lo disimula. «La justicia laboral debe ser más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte», fue su frase más elocuente en ese sentido. Con el fallo del martes, la Corte aportó al objetivo general. El trasfondo de esta guerra fría es reducir los salarios de los trabajadores argentinos para convertir esa disminución en un factor de competitividad que, supuestamente, atraerá inversiones. «