La Corte Suprema avaló la quita de la concesión del servicio de agua a la cooperativa de Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, como en gran parte del interior del país, el agua, la luz y el gas lo brindan desde hace décadas la cooperativa de la ciudad: La Coopi (Cooperativa Integral). O al menos lo brindaba. El intendente que gobernó hasta diciembre del año pasado, Esteban Avilés, schiarettista y macrista, que en Córdoba se parecen bastante (de hecho en 2019 hizo campaña por ambos), se enfrentó con ella ya desde su etapa de concejal y cuando llegó al gobierno municipal directamente decidió sacarles el servicio de agua. Lo hizo por decreto, a pesar de que la carta orgánica impone que se haga con 8 votos del Concejo de Representantes, que vendría a ser el concejo deliberante local. Por eso la Coopi fue a la justicia, pero días atrás la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el recurso “es inadmisible”.

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Desde que en 1986 los trabajadores pasaron a dirigir la Coopi, sacando al Consejo de Administración que estaba relacionado a los factores de poder de la sociedad cordobesa, la semblanza de una cooperativa solidaria y popular le dio un sentido público de los servicios y la gestión colectiva. «Teníamos mil reclamos diarios en los veranos, y en enero de 1987, cuando asumimos, bajaron a menos de cien por día», subrayó Alejandro Eguiguren, exgerente general, líder histórico de la Coopi. «A partir de ahí construimos la planta potabilizadora, y un segundo acueducto de 14 kilómetros para traer el doble de agua. Con una bomba aumentamos el caudal en un 30%, colocamos medidores en el 100% del ejido urbano, y se aplicó un sistema de asistencia social para aquellos que no podían pagar toda la tarifa».

Sin embargo, a pesar de la gestión valorada por los vecinos, en 2016 Avilés firmó el decreto 466 que daba por finalizada la concesión del servicio de agua potable de la Coopi. Lo que derivó en un recurso de amparo de la cooperativa, que ahora tuvo el revés en el Máximo Tribunal. De esta forma, quedó firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que había dictaminado a favor de que el municipio pudiera retomar el servicio por un decreto y no a través del Concejo de Representantes como lo establece la Carta Orgánica.

En una asamblea convocada de urgencia, Rodolfo Frizza, gerente General de la institución, sostuvo que si bien el fallo “es uno más dentro de un plan sistemático de destrucción de esta organización de la economía social y de todos los que la integramos, no está dicha la última palabra”, y convocó a la comunidad cooperativista a mantener “una fuerte unidad y ahuyentar el derrotismo”.

Y sostuvo que sigue siendo el Concejo de Representantes el que debe aprobar quién prestará el servicio de agua, aun cuando sea el mismo Municipio, hoy comandado por Daniel Gómez Gesteira, delfín de Avilés. Y esa ordenanza requiere de mayoría agravada: 8 votos que hoy la Comuna no tendría. Por eso, consideró, el fallo de la CSJN “abre una situación jurídica de gran precariedad, una zona muy gris”. Y acotó: “Nuestro compromiso con el servicio es lo que la gente sabe ver. La gente sabe que el municipio es incapaz de prestar servicios”. Fue de hecho por esa misma falta de recursos y capacidades del Estado local que la cooperativa pasó a dar el servicio décadas atrás. Ahora, en cambio, lo que denuncian es que detrás de la “municipalización” está la intención de reprivatizarlo, con grupos como Roggio, siempre presente en la zona.

“Por qué atacar a una cooperativa que funciona y genera puestos de trabajo de calidad”, se preguntó Gustavo Valdez, secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos), y confirmó la decisión del gremio de declarar estado de asamblea y movilización permanente en toda la provincia.

La animosidad de la gestión municipal hacia la cooperativa se ve reflejada en los otros servicios: no le renovaron el contrato por las cloacas, y ahora apuntan a dar de baja la empresa de gestión mixta municipal–cooperativa Carlos Paz Gas, cuyo contrato venció el 30 de noviembre, lo que derivó en una caravana de 400 autos reclamando su continuidad por las calles de la ciudad, meca turística del Valle de Punilla, que a pesar de la tranquilidad de las sierras, vive tiempos convulsionados.