La Corte Suprema confirmó la condena por abuso sexual contra el actual legislador José Orellana

El exdiputado nacional, ex intendente de Famaillá y actual legislador no podrá ejercer cargos públicos. La justicia reconoció que usó su poder para intimidar a la víctima.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 3 años de prisión en suspenso para el exdiputado José Orellana por abusar sexualmente de una secretaria, según lo informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja presentado por la defensa del actual legislador tucumano porque no cumplía con los requisitos formales. En el caso, intervinieron el fiscal general Sandro Abraldes durante la etapa de juicio y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) durante la investigación.

El hecho que llegó a juicio en 2022 ocurrió el 11 de noviembre de 2016, en uno de los anexos del Congreso de la Nación. La víctima, secretaria de la exlegisladora Gabriela Troiano, ingresó al despacho del entonces diputado tucumano para transmitirle un mensaje. En ese momento, Orellana la abordó y comenzó a decirle que “necesitaba alguien que la quiera”. Luego la abrazó y comenzó a darle besos en el interior de su oreja izquierda, mientras le manifestaba: “Seguramente nadie te besó así, ¿no?”.

Una condena que no llegó fácil

Tras la denuncia, en abril de 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°6 había decretado la falta de mérito en la causa. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión y ordenó que se profundice la investigación, aunque meses después sobreseyó a Orellana.

Fue vital la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) quienes apelaron ante la Cámara. Los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Alberto Seijas finalmente procesaron al exdiputado por abuso sexual simple y en esa condición llegó a juicio oral.

Hacia el final del juicio, el fiscal Abraldes durante su alegato destacó que José Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y de ese modo concretar el acto sexual”. En ese entonces pidió una condena de 3 años de prisión, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y la extracción del perfil genético de Orellana para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

A fines de 2022, el juez Federico Salvá, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, coincidió con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y condenó a Orellana. Dos años después, en 2024, la defensa recurrió ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que desestimó el pedido y destacó que se intentó reducir el suceso a un «mero conflicto entre particulares cuando uno de sus protagonistas es un Diputado de la Nación en funciones y actúa en su ámbito de desempeño, y la otra es una empleada del Poder Legislativo”, sostuvieron los jueces Alberto Huarte Petite, Pablo Jantus y Mario Magariños, según consigna el portal.

Desde Ni una Menos Tucumán, publicaron un comunicado y exigieron “su remoción inmediata. Un condenado por abuso sexual no puede representar al pueblo tucumano. Su permanencia en funciones no solo es un acto de impunidad, sino una afrenta a todas las mujeres y disidencias que habitan y trabajan en esta provincia”.

«Con esta decisión, se cierra un extenso proceso judicial que tardó casi una década en reconocer la responsabilidad penal de un dirigente político con larga trayectoria en Tucumán», expresaron desde el portal La Nota, de Tucumán.

Actualmente, José Orellana se desempeña como legislador provincial. «El caso representa un precedente en el abordaje judicial del abuso sexual en ámbitos de poder, donde las relaciones jerárquicas y la figura pública del agresor suelen operar como obstáculos para las víctimas. La persistencia de la denunciante y la intervención de fiscales especializados fueron claves para que se garantizara justicia», agrega La Nota.

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