La Corte Suprema de Brasil votó contra la liberación de Lula

El alto tribunal logró mayoría para rechazar un recurso para la liberación del expresidente, detenido desde el 7 de abril por una condena por corrupción a 12 años y 1 mes de prisión.

La corte suprema de Brasil logró mayoría para rechazar un recurso para la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, detenido desde el 7 de abril por una condena por corrupción a 12 años y 1 mes de prisión, revelaron fuentes judiciales citadas por la cadena Globo y la agencia Estado.

Tres de los 5 jueces del la sala II del Supremo Tribunal Federal (STF, máxima corte de Brasil) ya votaron en contra del pedido de Lula basado en que el juez Sérgio Moro violó el código de procedimientos y se anticipó a decretar su captura sin haberse agotado los plazos procesales.

La votación es electrónica y el plazo vence este jueves a las 20.59 pero el resultado oficial será informado el viernes, si es que ningún juez pide un cuarto intermedio, explicó a Télam un portavoz del Supremo Tribunal Federal.

El instructor del caso y encargado de Lava Jato en el STF, Edson Fachin, ya votó en contra de darle la libertad a Lula, fiel a su alineamiento con Moro y el resto de la Operación Lava Jato.

En segundo caso, según filtraron fuentes judiciales a la prensa local, votó contra el expresidente José Antonio Dias Toffoli, quien fue abogado del Partido de los Trabajadores (PT) y llegó al cargo por recomendación de Da Silva.

Y hoy acompañó al instructor en contra de Lula Gilmar Mendes, juez puesto en esa función por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, según el fallo publicado por Agencia Estado.

Restan los votos de Celso de Mello (juez designado en la época de José Sarney), y Ricardo Lewandowski (elegido por Lula).

Esta sala II de la corte le retiró a Moro parte de otra investigación contra Lula, las delaciones de Odebrecht que según la corte suprema no tienen vinculación con el escándalo de Petrobras, en lo que se considera un quiebre del poder excepcional otorgado por los tribunales superiores al juez célebre del Lava Jato.

Según la defensa de Lula, el juez Moro denostó un último recurso de queja que le quedaba al ex presidente en la cámara de apelaciones de Porto Alegre.

Este recurso fue rechazado por el Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, que por unanimidad respaldó a Moro y amplió la pena, ya con Lula preso.
Moro y la cámara encontraron culpable a Lula de recibir como soborno un departamento frente al mar en el balneario de Guarujá, propiedad de la empresa constructora OAS.

El PT ratifica que Lula, libre o preso, será inscripto como candidato el 15 de agosto ante los tribunales electorales.

La justicia electoral debe inhabilitarlo aplicando la Ley de Ficha Limpia -que impide a los condenados en dos instancias- pero según especialistas este trámite puede sufrir apelaciones y no definirse hasta después de los comicios del 7 de octubre.

La munición judicial de Lula contra su detención incluye también apelaciones al STF contra su condena y al Superior Tribunal de Justicia, máxima instancia penal.

Además, Lula apuesta a que la corte trate un tema reclamado por varios abogados de otros presos por el Lava Jato, como es la acción que pide la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de 2016 que permite detener a condenados en segunda instancia.

La Constitución permite la pérdida de la libertad una vez agotadas todas las instancias.

Por otra parte, la defensa de Lula se opuso a la transferencia del ex mandatario de la sede de la Policía Federal de Curitiba para una prisión común o un regimiento militar del estado de Paraná, fronterizo con la provincia argentina de Misiones.

Es por un pedido de la alcaldía de Curitiba por los trastornos causados por el acampe en el cual participan miles de personas en la vigilia «Lula Libre».

La defensa pidió que en todo caso Lula sea trasladado a un lugar cercano a su residencia, en Sao Bernardo do Campo, Gran San Pablo, tal como lo permite el código procesal penal.

El juez Moro determinó la prisión en Curiitba, la ciudad que es la capital de Lava Jato desde que se inició la investigación por la trama de corrupción en Petrobras en marzo de 2014.

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