La Corte Suprema rechazó el reclamo de todo un pueblo que toma agua contaminada

“Este fallo de la Corte Suprema –dice María Teresa López, 56 años, representante de todos los habitantes y residentes de Caleta Olivia, Santa Cruz, en la acción de amparo colectivo en reclamo del efectivo acceso al agua potable en la cantidad y calidad suficientes– es deprimente, obsceno, perverso. Solo se explica porque hay una voluntad de resguardar los intereses de las mega empresas por encima de los derechos de los ciudadanos comunes. Estos jueces cínicos tienen que entender que nuestros derechos no se negocian, que nuestras vidas son más valiosas que las ganancias de las petroleras, que sin agua no hay nada”.

María, que se queja porque después de seis años de demora el Máximo Tribunal de justicia del país se declaró incompetente en la demanda que ella inició, aclara que no siempre tuvo la voz grave, que antes cuando todavía vivía en Comodoro Rivadavia, en Chubut, era más suave. “Me mudé a Caleta y me tuve que acostumbrar a tomar agua con un gusto asqueroso, que luego probamos que estaba contaminada culpa de la actividad petrolera en la región. Así se me estropearon las cuerdas vocales, entre muchas otras cosas”.

La historia clínica de la mujer incluye el hígado y los intestinos afectados, al punto en que ya no son capaces de absorber los nutrientes que necesita el cuerpo para seguir funcionando. Sus músculos se están atrofiando y no puede deglutir alimentos ni líquidos sin ayuda de medicamentos. “Yo sé que el tratamiento médico es un paliativo, que no tengo cura y me voy a morir, pero no voy a bajar los brazos mientras el cuerpo y el cerebro me den”.

La lucha de María comenzó en 2017 con la demanda que pretendía medidas necesarias para hacer frente, entre otras cuestiones, a la emergencia hídrica de la ciudad y sus alrededores, “como consecuencia de la falta de un adecuado servicio de distribución de agua potable”. En la misma presentación denunció que el servicio de agua era interrumpido con frecuencia y que lo poco que se proveía estaba contaminado a raíz de la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en Santa Cruz y Chubut, y que impacta sobre la Cuenca del Río Senguerr, principal recurso hídrico interjurisdiccional.

En ese marco, la demandante requirió que se dicte una medida cautelar urgente para que se implemente “un servicio de distribución gratuita de suficiente agua potable para la población de Caleta Olivia y cese la explotación de los pozos petroleros que no cuenten con la correspondiente certificación estatal que garantice que su actividad no provoca contaminación del agua destinada al consumo humano”. 

En 2019, la Corte Suprema solicitó informes -entre otros- al Estado Nacional y a las provincias en cuestión generando expectativas de una resolución a favor del reclamo. Sin embargo, hace unos días los jueces declararon la incompetencia del tribunal, rechazando así la medida cautelar solicitada por María.

Para el abogado Fernando Cabaleiro, al frente de la ONG Naturaleza de Derechos, “lo de Caleta Olivia es un caso de doble moral doctrinaria y gravísimo por violación del derecho humano al agua potable de modo manifiesto en todos los aspectos, desde la decisión de la Corte de la mano de Ricardo Lorenzetti pidiendo que la víctima ambiental acredite con un estudio hidrogeológico costosísimo que la contaminación es causada tanto en Santa Cruz como en Chubut, como el destrato a la víctima ambiental con un proceso no transparente por parte del secretario ambiental de la Corte, Néstor Cafferatta, que se la pasa haciendo conferencias y escribiendo hermosuras doctrinarias pero no las cumple en sus responsabilidades como funcionario judicial”.

Mamarracho

Tal como ocurrió con el planteo de las escuelas rurales de Entre Ríos, la Corte Suprema se demoró años solo para declarar, escuetamente, que el tema no era de su incumbencia, aún en contradicción con los propios antecedentes del Tribunal y con declamaciones de sus miembros a favor de las causas ambientales.

“En lo que va del año –agrega Cabaleiro– la Corte Suprema se dio el privilegio de mirar para otro lado en planteos realizados por asambleas, organizaciones y personas auto-convocadas ante las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza por actividades extractivistas y contaminantes acompañadas de una complicidad y desidia estatal”.

María, junto a otros vecinos, llevaron adelante una suerte de relevamiento sanitario para dar cuenta del aumento de enfermos y muertos por cánceres en la comunidad (“En una familia de cinco había hasta tres casos. La gente no solo entierra a sus parejas, también entierra a sus hijos. Es un genocidio silencioso del que nadie habla”) y mandaron a analizar muestras de agua al prestigioso laboratorio Fares Taie de Mar del Plata que evidenció los niveles altos de hidrocarburos totales, metales pesados y arsénico. Toda una carga probatoria que no resultó suficiente.

“El fallo de la Corte –concluye María– no se puede aceptar porque es un mamarracho, una burla hacia el pueblo, una burla hacia la vida misma”.