La Corte Suprema se pronunciaría el jueves

El destino del plan de ajuste del gobierno depende de la decisión que tome en los próximos días la Corte Suprema de Justicia. Según contaron fuentes judiciales a Tiempo, cuando el Tribunal le pidió a la procuradora General, Alejandra Gils Carbo, su dictamen sobre el conflicto por las tarifas, le solicitó que se pronunciara antes del próximo 18 de agosto porque los supremos votarían ese día respecto del tarifazo impulsado por el presidente Mauricio Macri. Las mismas fuentes aseguraron que el Ejecutivo intentó que Carlos Rosenkrantz, el quinto miembro del tribunal, jurase antes del día clave, quizás presumiendo que se inclinaría a su favor. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que, aún incorporándose hoy, el jurista no podría votar porque no ha tenido acceso al expediente. Así que todo indica que antes del próximo fin de semana se conocerá la decisión y sin la participación de Rosenkrantz.           

En la Corte confían en que a más tardar el miércoles, Gils Carbó emitirá su opinión respecto a la suba de tarifas -que tiene carácter no vinculante- y de esa forma ya contará con todos los elementos para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

En la reunión del jueves estarán presentes el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y los demás jueces que integran en la actualidad el tribunal: Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti.

A principios de julio, cuando la Cámara Federal platense frenó el aumento de las tarifas y lo hizo extensivo a todo el territorio nacional mediante una medida cautelar pedida por una asociación de usuarios, no objetó la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo sino el hecho de que el Ministerio de Energía no haya seguido los pasos legales previstos. Esto incluye una audiencia pública, que no fue convocada de manera previa a la instrumentación de la suba.

El expediente llegó a la Corte luego de que el tribunal platense diera vía libre al recurso presentado por la Procuración General del Tesoro, aunque con efecto «devolutivo». Es decir que quedó vigente el freno a la implementación del nuevo esquema de tarifas diseñado por el oficialismo, que contempla topes en las subas de hasta 400 y 500% para usuarios residenciales, pymes y comercios, respecto a las facturas pagadas en igual período de 2015.