La CPM amplió denuncias penales por las represiones a jubilados y por la niña gaseada

Tras la represión a jubilados que se expresaban contra el veto presidencial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió sus denuncias penales ante la Justicia Federal. Pidió que se unifiquen todos los expedientes y que armen una mega-causa. Además, solicitó que se investigue en profundidad el caso de la niña de 10 años que fue gaseada por efectivos policiales.

La CPM presentó denuncias en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py, por la represión del 28 de agosto, del 4, 11 y 18 de septiembre, que fueron ampliadas también ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.

«Este miércoles, los jubilados se concentraban en el anexo del Congreso Nacional para protestar una vez más -de manera pacífica- contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y fueron reprimidos nuevamente», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Sobre la represión 

«Más de doscientos miembros de la Infantería y la Policía Federal Argentina (PFA) aparecieron y comenzaron a disparar con posta de goma, empujones, golpes con tonfas y lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes», detalló el letrado.

«Sobre la avenida Entre Ríos, la policía inició un brutal despliegue represivo, hubo más de diez personas heridas; entre ellas, la diputada nacional Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)», contó el secretario ejecutivo.

Cipriano explicó que la sanción de la Resolución N° 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece el Protocolo Antipiquete, marcó un punto de inflexión: «Por eso, nosotros venimos monitoreando el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social desde principio de este año».

«Lo hacemos en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios», agregó.

«Solicitamos que se investiguen las responsabilidades de los altos jefes policiales y los responsables políticos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ordenaron reprimir la manifestación del pasado 11 de septiembre y que, además, luego intentaron encubrir estos delitos», señaló el abogado.

Precariedad institucional

«También requerimos que se investiguen las acciones de inteligencia de la Policía Federal en los registros que realizan durante las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva», aseguró el secretario ejecutivo.

García siguió demandando que «Moteoliva reconoció que maneja información y almacena datos de los manifestantes y organismos de Derechos Humanos que realizamos actividades de monitoreo de la brutalidad policial y socorristas que atienden a los heridos de la violencia estatal».

Sin embargo, «además de intentar encubrir los terribles hechos ocurridos, el Ministerio de Seguridad intentó influir sobre la opinión pública responsabilizando a los jubilados de los hechos. Lo hizo lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiar a los manifestantes y acusarlos de cometer delitos», aseveró el letrado.

Cuatro represiones en tres semanas

Este organismo provincial de control presentó denuncias en Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py por la represión del 28 de agosto, el 4, 11 y 18 de septiembre, las cuales fueron ampliadas. Y pidió que se unifiquen todos los expedientes y se investiguen todos los hechos en el marco de una mega-causa. También lo hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.

«Consideramos que es totalmente vergonzoso que las fuerzas de seguridad nacionales hayan reprimidos a las jubiladas y jubilados cuatro veces en tres semanas. Nosotros denunciamos, ratificamos y ampliamos todas las denuncias sobre los terribles hechos de violencia estatal», cerró el secretario ejecutivo. 

Sobre la niña gaseada por policías

«Después de denunciar el brutal ataque a la nena de 10 años, que fue rociada con gas pimienta a quemarropa por un efectivo de la Policía Federal Argentina, ampliamos la denuncia. Además, pedimos que se investiguen otros hechos de violencia ocurridos aquel pasado 11 de septiembre», aseguró a este diario Sandra Raggio, directora general de la CPM. 

«Ese día, tres integrantes de nuestro equipo de monitoreo fueron agredidos con balas de goma. Ellos estaban con sus chalecos e identificaciones, por lo cual queda al descubierto que lo hicieron indiscriminadamente», reconstruyó la directora general. «Hubo un saldo de más de cincuenta personas heridas, además de dos detenciones arbitrarias», agregó.

«Ampliamos la denuncia penal por la represión contra quienes se manifestaron frente al Congreso durante la sesión que confirmó el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria», remarcó Raggio.

«Ese día, alrededor de mil efectivos de la Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y de Ciudad, junto a equipos especiales de las fuerzas de seguridad, protagonizaron un violento operativo represivo», recordó la directora general.

«La ampliación de nuestra denuncia incluye un registro fílmico detallado del momento en el que atacaron a la nena de 10 años. De acuerdo a lo que pudimos reconstruir, mientras la Policía Federal avanzaba disparando con postas de gomas y lanzando gases, la nena junto a su madre, se sentaron en el piso para evitar ser agredidas», finalizó Raggio.