La CPM repudia la intención del oficialismo de cerrar el Hospital Bonaparte

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó repudio a la decisión del oficialismo que en los últimos días cortó los servicios de guardia e internación del Hospital Bonaparte, además de expresar la intención de cerrarlo definitivamente. Se trata de una institución pública nacional especializada en salud mental y consumos problemáticos; un centro de referencia en todo el país. Por eso, este jueves las y los trabajadores realizaron una movilización desde el Hogar Rawson hasta el nosocomio de Parque Patricios. 

“Es muy grave lo que está pasando, porque la mayoría de los usuarios son personas de los sectores más vulnerados de la sociedad, muchas de ellas en situación de calle”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Prejuicio sobre los usuarios del Hospital Bonaparte

Desde la cartera de Salud del gobierno nacional durante los últimos días informaron sobre la intención de cerrar el Hospital L. Bonaparte: ”Esto se traduciría en el abandono y la falta de atención para miles de personas con padecimiento mental, desde niños a mayores adultos”, advirtió Cipriano.

“Esta institución pública tiene alrededor de cincuenta personas internadas y más de mil en atención ambulatoria, a quienes le suministra de manera gratuita la medicación requerida por los profesionales. Además, hay que tener en cuenta que en la sociedad existe un gran prejuicio sobre quienes padecen consumo problemático”, remarcó el letrado.

Cipriano continúa asegurando que, “en nuestro país hay un crecimiento continuo del consumo problemático de sustancias y del suicidio. Sin embargo, lejos de profundizar en políticas públicas, la decisión del oficialismo re-agrava aún más la situación dejando a miles de personas sin atención y totalmente desprotegidas”.

“Es otra de las políticas regresivas en materia de Derechos Humanos que implementa el gobierno de Javier Milei, que profundiza el desguace del Estado y produce un impedimento para que las personas accedan a tratamientos de salud mental”, apuntó el secretario ejecutivo.

Datos y normas sobre la problemática

Cabe destacar que todas las medidas que implementó el gobierno nacional hasta el momento, tienden a la destrucción de derechos conquistados y precarizar las condiciones de vida de las personas. Sobre todo, de quienes pertenecen a los sectores más vulnerados de la sociedad.

Según los últimos datos elaborados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), que fueron producidos en 2021, se registró un total de 2.865 suicidios en todo el país, en su gran mayoría, jóvenes y adolescentes de entre 15 y 24 años. Además, desde UNICEF también vienen alertando sobre el aumento de esta causa de muerte en la franja etaria de 10 a 19 años; y los resultados son continuamente ascendentes.

El Estado debería brindarles tratamiento y acompañamiento a las personas con padecimiento mental, porque así lo estipula la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Además, la norma indica, en forma clara y precisa, que el gobierno debería destinar el 10% del total del presupuesto de salud, a salud mental.

“Sin embargo, históricamente, todos los gobiernos que pasaron durante las últimas décadas destinaron menos del 2%, mostrando un profundo desinterés ante una de las problemáticas más complejas de la sociedad”, se queja el secretario ejecutivo.

También está la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130:” Esta norma contempla la necesidad de trabajar haciendo articulaciones de todo tipo, para fortalecer servicios de atención telefónica gratuitos para las personas -de todas las edades- que atraviesen una crisis suicida”, apunta el letrado.

Atención de casos complejos

En este sentido, “el Bonaparte cuenta con una línea telefónica que es atendida por profesionales de salud mental, que funciona todos los días del año, las 24 horas, atendiendo distintos casos complejos a los largo y ancho de todo el país”, subraya el secretario ejecutivo.

“Milei está protagonizando un incumplimiento normativo. Estos datos que antes mencioné, respecto a las problemáticas de salud mental en nuestro país, evidencian la necesidad de sostener y profundizar las políticas públicas para realizar un abordaje de manera correcta”, agrega el abogado.

La intención del oficialismo de cerrar el Hospital L. Bonaparte, además de dejar a miles de persona desprotegida, también pone en riesgo más de quinientos puestos de trabajo. “Esto constituye una negación directa al derecho a la salud mental mediante el sistema sanitario público nacional”, reclama Cipriano.

“Es por eso que estamos muy preocupados y repudiamos enérgicamente la medida adoptada por el gobierno, que antes de abolir derechos deberían garantizarse para brindar un abordaje respetuoso a las personas con padecimiento mental”, finaliza el secretario ejecutivo.