La crisis catalana se puede convertir en el cisne negro para la continuidad del PSOE

«Ni un paso atrás»: el grito retumba en muchos rincones de la Barcelona que en pleno otoño retomó los calores veraniegos. En los edificios policiales están parapetados los Mossos d’Esquadra (policía autonómica). A 20 días de las legislativas españolas, la crisis catalana le puso una pesada e inesperada cuota de presión al presidente socialista, Pedro Sánchez, a quien los sectores opositores de derecha le reclaman medidas más contundente para frenar la huelga general convocada por los separatistas catalanes y la ola de manifestaciones que se suceden casi diariamente: este viernes llegaron a sumar más de medio millón de personas (según cifras oficiales) al arribar a la ciudad columnas de otras tantas regiones catalanas.

La pregunta, en todos los círculos políticos ibéricos es cuánto influirá esta crisis en las elecciones y de qué modo perjudicará al PSOE en favor de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos), dado que uno de los motivos por los que no se logró el esperado acuerdo entre el gobierno y el bloque de izquierda Unidas-Podemos fue la fuerte postura del partido liderado por Pablo Iglesias en pos del diálogo con los sectores independentistas y hasta llamar a una consulta popular, ciertamente diferente a la que plantean esos sectores catalanes, pero que a la fuerza debía incluir algunos de sus reclamos más importantes. Justamente, en el ojo del huracán, el presidente regional catalán, Quim Torra, levanta la bandera de una nueva votación, iniciativa fuertemente criticada porque supone que alimenta las protestas.

La del viernes fue la quinta jornada de asfalto quemado y cristales rotos, con diferentes paseos y zonas comerciales teñidos por la una marea amarilla, roja y azul, los colores de la bandera independentista, desde que el lunes se conociera la sentencia del Tribunal Supremo español que le impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a 12 líderes independentistas por “delitos de sedición, malversación y desobediencia” en el proceso político que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia desde el Parlamento local. La pena más alta recayó sobre el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión.