La querella de la vicepresidenta cree que el ataque encuadra en un delito cercano al terrorismo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner deslizó en el expediente en el que se investiga el intento de homicidio en su contra que el delito imputado a los autores materiales y secundarios debe ser otro, más amplio que el de la asociación ilícita. La figura roza, sin llegar a serlo, el «terrorismo».

Los abogados querellantes José Ubeira y Marcos Aldazábal sostienen que Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló a diez centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, su singular «pareja», deben ser encuadrados en el Artículo 213 bis del Código Penal: «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años, el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el Artículo 210 (asociación ilícita), tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza».

Una de las consignas de Revolución Federal (cuya actividad hoy es nula) fue «al kirchnerismo cárcel o bala». Parece tomada del discurso del diputado José Luis Espert, quien propone la misma respuesta pero para la delincuencia común, en la que incluye los reclamos mapuches. No es de allí de donde parecen nutrirse los grupos violentos y predispuestos a pasar a la acción, que –por cierto– son bastantes más que Revolución Federal.

¿Por qué es importante la introducción de esa nueva figura en la investigación? Por lo pronto, el intento de homicidio está probado y eso garantiza por ahora que Uliarte y Sabag Montiel seguirán presos. Pero el objetivo de «imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza» abre un abanico de posibilidades en el que ya no se discutirá solo sobre un hecho sino sobre una concepción política y su principal fogonero, el discurso de odio.

Solo así es posible ampliar el horizonte de una investigación demasiado quieta y en la que crece la posibilidad (por imposición de la realidad o por búsquedas equivocadas) de que detrás de los fallidos asesinos de la vicepresidenta no haya una estructura organizada con financiamiento externo dispuesta a reavivar la violencia política en la Argentina.

¿Y los pagos de la empresa Caputo Hnos. al líder de Revolución Federal Jonathan Morel? Esos datos aparecieron en otra causa, la que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi. En ese expediente Cristina Kirchner no es querellante ni evalúa serlo, por ahora.

El dato es real, aunque las cifras consignadas varían. Están acreditados pagos por 5,5 millones de pesos, pero podrían ser más. No hay una sola explicación coherente a por qué una empresa con actividad intensa en la zona de Vaca Muerta, de fluida relación con el intendente de su localidad de influencia –Añelo–, Milton Morales (del Movimiento Popular Neuquino) hubiera pensado en una pequeña carpintería sin estructura ni personal para encargarle muebles por más de cinco millones de pesos.

¿Existen esos muebles? Nadie lo ha comprobado hasta ahora. Pero más allá de su existencia o no, hay otras dos hipótesis en investigación:

1 – Que los pagos hayan sido efectivamente parte del financiamiento de Revolución Federal; 2 – Que sean parte de una «irregularidad administrativa», acaso incluso un delito de corrupción.

Una premisa aparece clara: el financiamiento de una organización ilegal no se bancariza. Mucho menos a través de una empresa de un familiar del principal enemigo político de la persona que va a ser víctima de un atentado por parte de esa organización ilegal.

El fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti recibieron en los últimos días un informe de la procuraduría contra el lavado PROCELAC que no detectó nada irregular en Uliarte y Sabag Montiel.

El próximo miércoles, la Cámara Federal comenzará a analizar las apelaciones de los otros dos detenidos, Agustina Díaz (quien comparecerá por videollamada) y Gabriel Carrizo, el jefe de «los copitos» (quien estará presente en Comodoro Py 2002). La defensa de Carrizo sostiene que está «indefenso» porque le negaron la posibilidad de presentar testigos. Probablemente esos testigos sean citados en las próximas horas, tanto así como para refutar el argumento de la indefensión. Además, la jueza ordenó peritajes criminológicos a casi todos los detenidos y recibió informes sobre otros teléfonos secuestrados, entre ellos el de Joana Colman, otra «copita» a quien había citado como testigo pero horas antes de escucharla le suspendió la declaración. Carrizo, por otra parte, tiene una teoría sobre por qué Sabag Montiel disparó contra CFK. A veces las hipótesis más absurdas terminan develando los misterios más insondables.

¿Y si, a contramano de lo que sugirió el abogado Ubeira, detrás de los frustrados magnicidas no hay nada?

A la evidente falla en la seguridad de la vicepresidenta se suma ahora la de los servicios de inteligencia. Desde la Bicameral de seguimiento de los organismos de espionaje advierten que, como consecuencia de una decisión política de Alberto Fernández, la AFI es hoy un organismo incapaz de hacer prognosis, es decir conocer anticipadamente lo que va a ocurrir. Deslizan que el presupuesto actual del área de Contrainteligencia es ridículamente bajo y que el temor a incurrir en actividades ilegales –como las que abundaron durante el gobierno de Cambiemos– mantiene a la AFI virtualmente paralizada.  Así, lo que pasó podría volver a pasar. Tal vez con otros protagonistas y, peor aún, con otro resultado final. «