El organismo dirigido por Miriam Lewin difundió los datos erróneos publicados desde diversos espacios políticos.
En ese marco, se aclaró que la Defensoría “cuenta con 118 empleados, información que está disponible en la web del organismo y funciona con un presupuesto de $232.591.134 que fue aprobado por el Congreso de la Nación, a pedido de la intervención del gobierno anterior, a cargo del abogado Emilio Alonso”.
“El financiamiento de la Defensoría del Público proviene de fondos de gravámenes sobre las publicidades emitidas y las licencias de radio y de televisión, según estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) en el Inciso e) del Artículo 97”, que “establece que el 5 por ciento de esos gravámenes se destinarán al funcionamiento de la Defensoría”, según precisa el comunicado.
Además se recuerda que el artículo 100 de esa misma norma establece que “esos fondos no podrán ser, en ningún caso, utilizados para fines distintos”.
“A la fecha, el gasto total ejecutado en personal es de $122.581.418,72” y los datos de gestión pueden encontrarse en el siguiente enlace de internet: https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2020/10/Ejecucion-Presupuestaria-3er-trimestre-2020-1.pdf” se precisa.
Las autoridades de la Defensoría remarcaron también que “dadas las características de este año (por la pandemia de coronavirus) se ejecutó al 1° de octubre menos del 60% del total del presupuesto anual, por lo que se generó un ahorro que se podrá asignar al presupuesto de gastos del 2021”.
“Ante la serie de inexactitudes publicadas, se aclara además que los salarios que cobran las y los trabajadores y las autoridades de la Defensoría del Público son los mismos que el resto del Poder Legislativo”, aclararon.
Por último, reiteraron que “el Observatorio de discursos de odio y de violencia simbólica será una línea de trabajo de la Defensoría del Público como las ya existentes” y añadieron: “Por si no quedara claro: NO es un organismo, NO es una institución, NO es un ente y no se proyecta tomar personal para sus actividades”.
La iniciativa -subrayaron desde la institución- “aportará una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias ya emitidas en medios audiovisuales”.
“No existe intención alguna de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa, que son actividades incompatibles con las funciones de la Defensoría del Público, que carece de competencias sancionatorias”, concluye el texto.
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