La democracia y los derechos, en peligro

El gobierno continúa avanzando con medidas para compensar los efectos sobre los ingresos provocados por la devaluación del tipo de cambio oficial posterior a las PASO, que fue una imposición del Fondo Monetario. En paralelo, se trabaja en la implementación de diversas herramientas para permitir la necesaria recuperación de los ingresos de los hogares y favorecer la producción y la formalización del empleo.

En la columna del domingo pasado comenté las medidas de mitigación de los daños, las cuales continuarán, según informó en una entrevista televisiva el ministro de Economía, Sergio Massa. “Vamos a seguir compensando el daño que nos generó la inflación de agosto, sabiendo además que septiembre, octubre y noviembre van a recorrer un camino de reducción (…) y que de alguna manera eso nos va a permitir mejorar el nivel de ingreso del trabajador, que es lo que queremos a la hora de gobernar y a la hora de tomar decisiones”.

Esta semana, el Poder Ejecutivo presentó para su tratamiento en el Parlamento el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino, Empleo MiPyME. El ministro Massa explicó de forma clara los objetivos y alcances del mismo. Señaló que hay que ir por el crecimiento del empleo PyME porque es el principal generador de puestos de trabajo: “68% de empleo en la Argentina es de pequeñas y medianas empresas”.

En el proyecto de ley se propone la formalización sin pago de multas y con el cierre de todas las causas penales y se le reconoce al/la trabajador/a hasta 70 meses de aportes jubilatorios. Además, por cada nuevo empleo joven de programas sociales y de personas desempleadas, durante dos años estas empresas no van a pagar contribuciones. Quienes cobran el salario social complementario no pierden el beneficio, ya que por el plazo de un año funciona como base y el empleador completa el salario de convenio. Queda garantizada también la cobertura de riesgos del trabajo y la obra social. La idea principal es empujar fuertemente la formalización laboral, garantizando los derechos de los trabajadores, lo contrario a lo que sostienen los partidarios de la flexibilización.

Dos proyectos de país

El modelo de ajuste y de pérdida de derechos que plantean las dos principales fuerzas de la oposición ya lo atravesamos en las etapas más nefastas de nuestro país y ahora pretenden reinstalarlo, incluso con variantes mucho más insostenibles desde lo económico-social.

En el caso de las propuestas de Javier Milei, sus ideas son tan descabelladas que desde el propio corazón del sistema financiero internacional han salido a alertar. La revista inglesa The Economist señaló que sus políticas “están pobremente concebidas” y que Argentina no tiene manera de proveer los dólares necesarios (para la dolarización).

En el texto se afirma que Milei es “fan de Bolsonaro”, quien copió algunas de las “tácticas antidemocráticas de Donald Trump” y se hace alusión a la candidata a vice de ese espacio, Victoria Villarruel, a quien se describe como una “ex abogada de soldados acusados de atrocidades durante la dictadura militar”, una frase que no es usual para ese medio especializado en relaciones internacionales y economía.

Sobre ese mismo tema, no puedo dejar de mencionar lo ocurrido el último lunes en la Legislatura porteña, cuando la candidata a vice de La Libertad Avanza encabezó un “Homenaje a víctimas del terrorismo”, con el objetivo de relativizar los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar. El Nunca Más es un límite que nuestra democracia no puede traspasar.

En cuanto a los impactos más inmediatos de la implementación de un esquema como el de la dolarización, en la semana Sergio Massa comentó que Milei “ya empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como la dolarización es en realidad la devaluación del 100% que el Fondo nos pidió hace cuatro meses”, en alusión al dólar a $730 que el libertario mencionó en un foro empresario. Para dimensionar algunos de los impactos, el ministro explicó que representa que “pasamos de universidades públicas a universidades pagas (…): unos $3 millones por año promedio por familia”. Además, significa “que el boleto de tren pase a valer $1100” y “el de colectivo $650”. Sería el inicio de un fuerte ajuste de las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.

Por su parte, en lo que respecta a los efectos más estructurales, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), una de las arterias que nutre al pensamiento del establishment global, publicó un informe señalando que Argentina debe evitar “el canto de sirena de la dolarización”. Según refleja el diario Ámbito Financiero (8/9/23), en el documento del IIF se sostiene que “el persistente atractivo de la vinculación con el dólar es un tanto desconcertante, dada la cantidad de vinculaciones que han terminado en devaluaciones explosivas y profundas recesiones en los últimos años. Esto por sí solo debería hacer reflexionar a los defensores de la dolarización”.

Para el IIF, dado que “el dólar estadounidense se ha fortalecido enormemente en la década pasada, la vinculación al dólar importa esa fortaleza, cobrando un alto precio en términos de competitividad y crecimiento. Ecuador es una vívida demostración de esto. La dolarización redujo rápidamente la inflación, pero a costa de un menor crecimiento crónico y un desempeño inferior al del resto de América Latina”. Según se explica, ese país “ha sufrido caída de los precios de las materias primas mientras que su tipo de cambio real ha aumentado, impulsado por el alza del dólar. En otras palabras, ha sufrido un doble golpe”.

No me canso de señalar los peligros que encubren este tipo de propuestas y que están en juego dos modelos. Lo que plantean las principales alternativas de la oposición ya lo vivimos con la dictadura, con la convertibilidad y con la gestión de Mauricio Macri. Llevó a la destrucción de la industria nacional, al endeudamiento y a la pérdida de soberanía nacional.

Con todas las dificultades del entorno y con los condicionamientos que existen, estamos en presencia de un gobierno que apunta a proteger los ingresos y el empleo. Hay una gran agenda pendiente por delante pero también muchas cosas se han hecho y se están haciendo. El año que viene será sin dudas distinto, ya que se empezará a disponer de mayor holgura en el frente externo, producto de que no estará con nosotros la sequía y de que empezarán a rendir sus frutos las políticas más estructurales, como el Gasoducto Néstor Kirchner, o la reversión del Gasoducto del Norte (que finalizará el año que viene), que traerán grandes ahorros en materia energética.

La frustración no debe llevar a que se elijan alternativas que derivarán en la pérdida de las universidades o de la salud públicas, en el recorte y eliminación de derechos para los/as trabajadores/as, en la vuelta de las AFJP, o en que el transporte y los servicios públicos cuesten una fortuna. Es fundamental mirar hacia delante y seguir construyendo un proyecto de país, pero también tener memoria para no cometer errores del pasado. «