La derecha peruana no quiere saber nada con los Derechos Humanos

Perú podría desconocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (CorteIDH), en caso de prosperar un cuestionado proyecto de ley planteado en el Congreso por el partido ultraconservador Renovación Popular. Por supuesto que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no puede declararse inocente en el asunto, ya que es aliado de las fuerzas de derecha que controlan el Congreso.

La iniciativa presentada por la bancada de RP y sustentada por el congresista líder del bloque, Jorge Montoya, un controversial almirante retirado de 72 años, le fija al gobierno el plazo de un mes, tras la hipotética aprobación del proyecto, para que apoye la denuncia. El propio Montoya afirmó que la huida de su país del sistema interamericano apunta a ponerlo «fuera del alcance de un mecanismo que está en manos de marxistas». Un personaje muy particular que sostuvo que «la finalidad es salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano».

No es la primera vez que la CIDH y la CorteIDH son blanco de ataques en Perú. Por caso, siempre estuvieron en cuestión por la principal líder de la derecha, Keiko Fujimori, desde que asumieron papel proactivo para denunciar las irregularidades del gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000). Por otra parte, esta semana un juez prohibió salir del país por tres años justamente a Keiko Fujimori, a su exesposo Mark Vito y otras seis personas, en el contexto de un proceso en el que están acusados de lavado de activos.

A su vez, el gobierno autorizó el ingreso de más de un millar de militares de EE UU para entrenar a sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los uniformados estadounidenses llegarán con armas de guerra y permanecerán en suelo peruano entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Estos entrenamientos se llevarán a cabo en diversas regiones como Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac. No es muy probable que les enseñen a los uniformados locales a respetar los Derechos Humanos a rajatabla.   «