La deuda pública apremia y se cuela en la agenda urgente del próximo presidente

Aunque remanida y de vieja data, la deuda pública será una cuestión de la que el próximo gobierno no podrá mantenerse al margen. El tema requerirá la atención de las autoridades tanto por el monto como por la fuerte concentración de obligaciones en los próximos meses, por lo que ya desde el comienzo de su gestión el nuevo mandatario tendrá que tomar un rumbo de acción definido.

La magnitud de los números puede llamar a confusiones. La actualización que publicó este miércoles la Secretaría de Finanzas señala una deuda total de la Administración Central de U$S 416.812 millones. La cifra significa un incremento de U$S  12.688 millones en un mes. Sin embargo, buena parte de esa variación (casi U$S  10.000 millones) se explica por el congelamiento del tipo de cambio oficial, que hizo que la deuda nominada en pesos, que genera altos intereses, crezca al ser convertida a moneda extranjera.

Precisamente la diferencia en la moneda en que se tomaron las deudas es uno de los puntos centrales. La experiencia del macrismo, cuando la oleada de devaluaciones de 2018 y 2019 encareció los pagos en divisas, hizo que el actual gobierno priorizara la emisión de títulos en pesos. Su proporción en el total pasó del 23% de entonces al 36% actual.

En la ecuación también juega el tipo de acreedor y la denominada deuda intraestatal, en manos de otros organismos oficiales que, se descuenta, aceptarán su refinanciación. Entre las principales obligaciones de comienzos de año se encuentra una letra del Banco Central por U$S 8100 millones que seguramente será prorrogada. También el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses posee en su cartera títulos por unos U$S 40.000 millones, casi el 10% del total de la deuda pública.

Por eso, para muchos analistas, el gran desafío para 2024 es la porción de la deuda pública en dólares. «El tratamiento de la deuda en pesos es diferente, porque al tener soberanía monetaria puede administrarse de acuerdo a otros objetivos de política, como el crecimiento», explicó Pablo Ferrari, del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav (Universidad Nacional de Avellaneda), a Tiempo.

De acuerdo a cálculos de la consultora Ecolatina, entre diciembre y febrero hay vencimientos en moneda extranjera por U$S 6200 millones. Allí se incluyen compromisos con el Fondo Monetario Internacional por U$S 3700 millones, bonos por U$S 1500 millones y otros U$S 1000 millones a devolver a organismos internacionales y el Club de París. La situación con el FMI es la más delicada: el acuerdo suscripto en marzo del año pasado está virtualmente caído y si la entidad decide suspender los desembolsos pactados, todas las amortizaciones remanentes del stand by otorgado al gobierno de Mauricio Macri en 2018 (U$S 5400 millones hasta julio del año que viene) deberán ser afrontadas con recursos propios.

Hace pocos días, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, desmintió un rumor sobre una negociación en curso con los acreedores privados para refinanciar los U$S 1500 millones en intereses de bonos soberanos que se deben abonar el 9 de enero. El funcionario dijo que las versiones son «delirantes y sólo buscan incrementar la volatilidad de los mercados».

Dime quién gana…

Como en tantos otros aspectos, el resultado de las elecciones de hoy será determinante en el enfoque sobre la deuda. «El tratamiento será diferente de acuerdo a quien sea electo presidente. Javier Milei podría intentar pagar parte de la deuda vendiendo activos públicos para obtener dólares, como YPF, y reducir el gasto público, generando un proceso de reducción del endeudamiento en pesos. Sergio Massa apostaría por renegociar el acuerdo con el FMI, pateando pagos hacia el futuro, y a una reducción paulatina del déficit fiscal. Por lo tanto, lo único a observar no es el endeudamiento en sí sino su abordaje», opinó Ferrari.

A pesar del mayor margen de maniobra que podría tener el gobierno sobre los títulos nominados en pesos, la situación en ese tipo de pasivos también es agobiante. En los primeros tres meses de gestión, el próximo presidente deberá cancelar unos $ 7,3 billones en títulos públicos, según el cálculo que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En los últimos meses, la fórmula en cada vencimiento fue cancelar los viejos bonos con otros duales, que se pueden ajustar tanto por el tipo de cambio como por la inflación, a conveniencia del inversor.

«Si se pone la lupa sobre la política tributaria, eliminando exenciones que ocasionan una merma de la recaudación; si la actividad sube fruto de una buena cosecha (las precipitaciones del último mes así lo hacen pensar) y disminuye la brecha, la deuda en pesos es pagable», confiaron fuentes oficiales a Tiempo. Pero admitieron que la situación será complicada en diciembre y enero.

«El tema es que el cambio en precios relativos de fin de año te va a hacer crecer la inflación y eso, en una primera etapa, te va a hacer crecer fuerte la deuda ajustada por CER. Eso puede resolverse si existe un plan de estabilización que cambie la nominalidad de la economía», agregaron las fuentes. De todas maneras, hay confianza en que el mercado seguirá aceptando nuevos títulos que reemplacen los anteriores: «La deuda en pesos siempre se puede refinanciar. Lo que termina poniéndote el mercado es la tasa. Si los precios relativos se estabilizan, los inversores podrían aceptarte títulos a tasa fija y no tanto indexables». «