La eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, un ataque más al campesinado

El decreto 462/2025 anunciado el último día de las facultades delegadas puso en letra una realidad que los campesinos y pueblos indígenas de todo el país sufren desde marzo de 2024: la disolución del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci). Para justificar la disolución, el decreto habla de personal en todo el territorio “sin una distribución que responda a criterios basados en necesidades”, de “una fuerte carga burocrática y estructural que no demostró ser eficaz” o falta de “procedimientos de seguimiento” sobre los proyectos. Sin embargo, escuchar las voces de los técnicos y técnicas de todo el país, precarizados durante todos los gobiernos, permite desarmar los argumentos oficiales. Y queda en evidencia la decisión presidencial para quitar del territorio a quienes asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país: dejar el territorio sin Estado que asista a los pequeños productores y dar vía libre a los negocios del extractivismo.

Hace más de un año, el vocero Manuel Adorni anunció la intervención y cese de contratos de los 900 técnicos y técnicas —ingenieros agrónomos, trabajadores sociales y profesionales de carrera— y prometió reducirlo a un planta de 60 personas en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, un grupo de alrededor de 50 trabajadores del organismo disuelto se instaló en el edificio central de la Secretaría de Agricultura en Paseo Colón y menos de 20 fueron reinstalados en sus puestos en el resto del país.

“La decisión del gobierno fue desterritorializar la política pública de la agricultura familiar, retirarse de las provincias, la política pública para este sector ya no existe”, denuncia Eliana Negrete, técnica del organismo con 16 años de trabajo con productores desde la Puna hasta los cordones hortícolas bonaerenses.  “En la Ciudad de Buenos Aires no están los productores ni las productoras, no está el campo, lo que hicieron fue retirarse de las provincias», agrega. 

Los argumentos oficiales del decreto de disolución —las negociaciones en el Congreso no pusieron al Inafci en la lista de los que no podían ser disueltos como pasó con el INTA o el INTI— surgen de la intervención que estuvo al mando de Inés Liendo —abogada y militante macrista ajena al sector— que se limitó a cerrar las oficinas de las provincias y dejar sin infraestructura (autos, computadoras) el organismo. 

«La interventora jamás pidió un informe provincial. La oficina se cerró y todo lo que estábamos trabajando quedó archivado. Nadie fue a preguntar nada. Lo que dicen es para justificar el cierre, con nosotros instalaron la idea de los ñoquis”, denuncia Néstor “Bily” Wilvers, trabajador despedido de Chubut, donde acompañaba proyectos productivos de organizaciones campesinas e indígenas del valle hasta la cordillera.  

El decreto 462 confirmó que lo único que quedará en pie de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de Agricultura Familiar” será el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”. 

Pero quienes aún permanecen contratados por el Estado no tienen diálogo ni con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta —hombre del ministro Luis Caputo—, ni con el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos, que debería estar a cargo del área. “Estamos moviéndonos para buscar información. Es tanta la desidia que nadie nos dice nada, mientras que los productores nos siguen consultando a nosotros”, explica Negrete.   

Tres décadas con trabajadores precarizados

El Gobierno, al disolver el Inafci (creado por decreto en 2022), eliminó el organismo de aplicación de la Ley 27.118, sancionada en 2014 y reglamentada recién en 2023. Es un punto de quiebre de una política estatal que se construyó por goteo desde la creación del Programa Social Agropecuario (PSA) en la década del 90, materializada en el organigrama del Estado con la Secretaría de Agricultura Familiar tras la pelea con “el campo” por la Resolución 125 (en 2008) y desfinanciada durante el macrismo con la Sociedad Rural al frente del Ministerio de Agroindustria. 

“Tras décadas de precarización y lucha por nuestro derecho a la estabilidad laboral ante cada gobierno de turno, hoy continuamos repudiando un nuevo intento del gobierno nacional por concretar el desmantelamiento definitivo”, denunciaba ATE-Agricultura Familiar en la previa de la acción realizada esta semana. El punto débil de la política para el sector fue, en gran parte, la precarización de los trabajadores que lo llevaban adelante. 

“Este Gobierno no negocia con nosotros y no negocia con nadie. Lo que estamos haciendo es mantener un fueguito encendido para cuando esto cambie”, se da fuerzas Anastasia García, trabajadora social y técnica del Inafci despedida después de 15 años de trabajar con campesinas y comunidades indígenas en Jujuy. «La primera autocrítica, desde lo gremial, es haber pasado tantos años sin estar en planta permanente, a pesar de que con este Gobierno todos los empleados estatales están en peligro».

Belén Agnelli es ingeniera agrónoma de agricultura familiar desde la época del PSA y en los últimos ocho años trabajó junto a grupos de mujeres campesinas dedicadas a la cría cabras y elaboración de derivados, como dulce de leche y quesos, en el nordeste de Córdoba. “Al Inafci le faltó fortalecer el proceso de las políticas para la agricultura familiar con la incorporación de todos los trabajadores que tenemos más de 20 años en territorio”, reconoce y advierte que las políticas para el sector quedaron amenazadas ante la imposibilidad de “pensar que el trabajo que realizás durante años tenga continuidad”.

“No hay muchos técnicos que quieran ir a territorio y si encima es tan precario… ¿qué profesionales quieren ir monte adentro? El Estado no generó ninguna de esas condiciones”, afirma. 

“Bily” Wilvers también mira en retrospectiva y marca que faltaron más técnicos en territorio, más herramientas para profundizar las políticas, pero sincera como sus compañeras que el problema actual es “borraron la institución no solo a los despedidos”. Y alerta sobre el peligro que enfrentan campesinos y pueblos indígenas con poblaciones envejecidas y jóvenes emigrando a la ciudad por la falta de oportunidades, sin una política integral que dé infraestructura y valorice la producción de las economías regionales. 

Trabajadores que sostenían a los productores de alimentos

La pregunta que surge es qué objetivo sostiene los argumentos falsos del gobierno nacional. «Somos técnicos y técnicas que estamos en el territorio, que llegamos a los lugares donde no llegaba nadie, que fortalecemos las organizaciones y acompañamos procesos de gente que quiere permanecer en el lugar que habitaba, que cuidaban el monte y los recursos naturales. Éramos el Estado en territorio. Es todo lo que este Gobierno no quiere”, define Agnelli, que continúa asistiendo a las productoras caprinas, muchas veces a través de videollamadas, ante la falta de recursos.  

Las facultades delegadas le sirvieron también al gobierno nacional para eliminar el régimen de promoción de la Actividad Caprina y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). Dos políticas centrales para el trabajo que Agnelli desarrolló monte adentro. «Son los campesinos y campesinas las que cuidan el monte. Había familias que se dedicaban al carbón y con el Fobosque pasaron a la conservación, porque es su medio de vida, pero también porque el Estado los acompañaba», ejemplifica.  

Negrete trabajó sus primeros años como técnica en la Puna estableciendo sistemas de agua para la cría de ganado, principalmente llamas —otro régimen de promoción eliminado por las facultades delegadas—. En su trabajo buscaban espejos de agua que abastecieran a las comunidades campesino con agua que no estuviera contaminada por la minería de litio. “Por un lado, nos echan a nosotros y, por el otro, avanzan con el RIGI, que son las inversiones que quieren para su modelo económico”, apunta Negrete, que pasó sus últimos años en el cordón hortícola bonaerense. 

“La gran parte de los productores de la agricultura familiar están en tierras codiciadas: en la Puna por la minería, en el sur jujeño por el agronegocio. No les interesa que las familias vivan en el campo y produzcan alimentos», completa García, técnica que trabajó en el sur jujeño. Puertas adentro de la Secretaría de Agricultura, el subsecretario de Economías Regionales es Martín Giaccio, ex presidente de Prograno, asociación que nuclea a los productores de commodities (soja, maíz, porotos) de Salta y Jujuy. 

Desde la Patagonia, Wilvers marca el sostenido trabajo de territorio que llevó construir mesas de desarrollo en las que se sentaran funcionarios nacionales, provinciales y municipales para coordinar proyectos con organizaciones campesinas e indígenas. A pesar de que el decreto de disolución habla de falta de “procedimientos de seguimiento”.  

«Muchas de esas mesas siguen activas sin la presencia de agricultura familiar, pero la seguían conformando integrantes de Desarrollo Social o el INTA, que ahora también están casi destruidos», advierte.  

El diálogo de Jujuy a Chubut era construido con los campesinos y los pueblos originarios, para respetar sus formas de gobernanza. La degradación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es otra señal del gobierno nacional en una misma línea de destrucción. «Si había algo que podíamos garantizar los técnicos era que la política pública llegara a todos”, asegura Wilvers y señala que aún despedido continúa acompañando proyectos. 

«El gobierno de Chubut no tomó ninguna medida para reemplazar la política abandonada desde Nación. La ‘libertad’ es dejar la Meseta (zona centro de la provincia) vacía de productores para poder avanzar con la minería, de la mano del RIGI. No ocurre porque todavía hay resistencia social, pero lo que están pensando es militarizar y avanzar”, analiza. 

«Nosotros trabajamos con las comunidades que producen alimento, con las comunidades que resisten con su producción al saqueo y al extractivismo”, reivindica Negrete una política de soberanía alimentaria que está sentenciada para los años que resten de gestión de La Libertad Avanza. 

Representante de la Mesa Agroalimentaria Argentina, Diego Montón consideró que la disolución del Inafci “afecta al derecho a la alimentación de un pueblo, afecta a la vida rural y a la producción”. Sostuvo que van a recurrir al Poder Judicial con “amparos en diferentes provincias» y señaló que van a «insistir al Congreso para que rechace los decretos».

*Agencia Tierra Viva