La emergencia presupuestaria golpea el proyecto inclusivo de las universidades del Conurbano

Por: Pablo Taranto

Tres rectores explican cómo los fondos que no llegan y el alza de las tarifas ponen en riesgo su funcionamiento.

«¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura», decía Mauricio Macri en plena campaña presidencial. La expresión, cargada de menosprecio, sugería que las siete nuevas universidades creadas en el Conurbano Bonaerense por la gestión kirchnerista eran un despilfarro de los dineros del Estado, favores para intendentes adeptos, instituciones innecesarias para lugares y sectores sociales que no merecen esas oportunidades. Las universidades nacionales de Avellaneda, José C. Paz, Moreno, Hurlingham, del Oeste (en Merlo), Arturo Jauretche (en Florencio Varela) y Guillermo Brown (en Almirante Brown) y otras ocho preexistentes en el Gran Buenos Aires incorporaron en los últimos años a miles de estudiantes, más del 90% de los cuales son la primera generación de universitarios en sus familias. Merced al tarifazo y a las restricciones presupuestarias que el gobierno nacional no acierta a resolver, esas usinas de conocimiento e inclusión ven –como el resto de las casas de estudios superiores de gestión pública en todo el país– su funcionamiento seriamente amenazado.
Varios rectores del Conurbano asistieron la semana pasada a una brevísima reunión con el presidente, que luego anunció un refuerzo de 500 millones de pesos para el conjunto del sistema universitario, menos de un 1% del presupuesto total asignado –de $ 51,9 millones–, que no contemplaba la actual suba de precios y tarifas. Para la mayoría de los rectores del Conurbano, que en muchos casos no reciben fondos desde diciembre, el aporte es insuficiente y «no alcanza ni para pagar la luz», y se enmarca en una situación mucho más compleja, atravesada por la incertidumbre de las paritarias docente y no docente (los gremios rechazaron la sexta oferta del gobierno, del 31,6% en tres cuotas). Mientras tres proyectos de ley buscan en el Senado eximir a las universidades del aumento tarifario, la preocupación común es por la continuidad de un proyecto democratizador de la educación superior que ve postergados sus desafíos académicos ante la perspectiva de no llegar a fin de mes.

«Nos financiamos con ahorros, como podemos»

«Algunas universidades del Conurbano no recibimos fondos de ningún tipo desde noviembre –explica Carlos Ruta, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)–. Nosotros debemos cubrir tres rubros importantes: las cuotas de gastos de funcionamiento, que no hemos recibido y hoy debemos afrontar con ahorros; la escuela secundaria que creamos en José León Suárez, que atiende a una población muy vulnerable y pretende ser una institución que forme profesores para ese tipo de escuelas; y los contratos-programa que acuerda el Ministerio con las universidades para financiar carreras nuevas. La UNSAM tiene 22 mil estudiantes y 1500 profesores. Nuestras universidades atienden entre un 75 y un 90% de estudiantes que son primera generación de universitarios. Y cumplen una misión de inclusión que además apunta a sectores clave para el desarrollo. Nosotros tenemos siete ingenierías, incluidas Ingeniería Espacial e Ingeniería en Agrobiotecnología, únicas en el país, que hoy estamos financiando como podemos, con fondos con los que pensábamos montar los laboratorios para esas carreras. Más allá de lo que dijo el presidente en la campaña sobre las universidades del Conurbano, yo no tengo motivos para no creerle cuando el otro día nos dijo que la universidad es el lugar donde pensar los problemas del país. Ahora, a mí me gustaría tomar eso como un compromiso, y en serio abocarnos a pensar las universidades en una agenda sustantiva para el desarrollo y la innovación tecnológica en la Argentina; si no, estamos poroteando.»

Marcha, el 12

El próximo jueves 12, los seis sindicatos docentes del sector y federaciones estudiantiles de todo el país confluirán en una gran marcha nacional en defensa de la educación y la universidad pública, que irá desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación, y será la primera convocada por el conjunto de los gremios universitarios desde el año 2001. Antes, el martes, se realizará una jornada que incluirá clases públicas y cortes 

«Sin partidas desde diciembre»

«La reunión con Macri fue insólita, duró cuatro minutos, dijo que las universidades eran importantes y que había que cuidar el medio ambiente. Y se fue –describe Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)–. Nos quedamos con Bullrich, que se comprometió a buscar soluciones y dijo que aparte de resolver los flujos presupuestarios era importante cerrar las paritarias docente y no docente. Y estamos esperando, preocupados porque vemos que esto se dilata: ya pasó un cuatrimestre. A varias universidades del Conurbano no nos transfieren las partidas de gastos desde diciembre. Y a esto se suman los incrementos en las tarifas de servicios. Los 500 millones prometidos suponen un extra de menos del 1% del presupuesto para todo el sistema, cuando sólo la inflación de abril sería del 7 por ciento. Y no sabemos cómo se distribuirán. Si eso sale por presupuesto normativo, es probable que a las nuevas universidades no nos toque nada. La clave está en lo que dijo el presidente: considera que el Estado no debe inmiscuirse en nada. Nosotros planteamos la educación como un derecho, no como un servicio, creo que ahí está el nudo de la discusión. No soy optimista. Hay chicos que están dejando de cursar porque no pueden viajar, porque no pueden sacar fotocopias, cosas elementales. Hasta el año pasado, la agenda pasaba por la planificación estratégica de las universidades, pero eso lamentablemente quedó fuera de la discusión, que hoy pasa por cómo llegar a fin de año.»

«Una situación desesperante»

«El artículo 12 del Presupuesto establece la facultad para el Jefe de Gabinete de traspasar 3300 millones para las universidades. De ahí, según anunció el presidente, salen 500 millones –precisa Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), con sede en Florencio Varela–. Supongamos por un momento que eso es todo para gastos operativos y que el presidente tiene razón en que la inflación de este año será del 25%. Eso alcanza para un 5% de los gastos operativos del conjunto del sistema universitario. Es decir, que hay una reducción de los fondos para el funcionamiento de las universidades de un 20%. Es mucho. En nuestro caso, la situación es desesperante, porque el Ministerio no nos envía fondos para gastos operativos desde diciembre. Cero. Hoy no podemos pagarle a ningún proveedor. Antes pagábamos 70 mil pesos de luz, y este mes llegó una factura de $ 220 mil. Y este es un momento difícil en todo sentido: en épocas de crisis, la matrícula de la educación superior aumenta, porque se retrasa la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes. El ministro Bullrich dijo que estaba a favor de crear nuevas universidades, pero esos dichos hay que confirmarlos con los hechos. Aquí ha habido una campaña de prensa enorme en contra de las universidades nacionales. En cualquier caso, el frente de tormenta de los docentes y los no docentes es lo más grave: si no se resuelve la paritaria y ellos no dan clase, no hay universidades.»

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