La encrucijada del gobierno: reducir el déficit o mantener los planes de ayuda

El fuerte incremento del déficit fiscal, conocido este lunes, confirmó los temores del gobierno. No era novedad que el coronavirus y la prolongación de la cuarentena iban a causar un fuerte impacto en la caja del Estado. Sin embargo, la difusión de los números no dejó de provocar preocupación por la profundidad de la crisis.

Según el informe oficial del Ministerio de Economía, en mayo el resultado primario del sector público nacional fue negativo en $ 251.287 millones. Los ingresos totalizaron $ 328.120 millones, mientras que los egresos fueron de $ 579.507 millones. Entre estos últimos no se contabilizan los intereses de la deuda pública. Si se los incluye, el déficit total escala a $ 308.219 millones.

El efecto obedece a dos razones simultáneas. La entrada de dinero casi no tuvo variantes en términos nominales con la misma época del año pasado (apenas subió 2,4%), mientras que la salida se duplicó (96,8% interanual). Como referencia, la inflación de los últimos 12 meses los precios al consumidor subieron 43,4%.

La explicación oficial fue que el bajón de los recursos “está explicado por los efectos contractivos del ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio) sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior”. En tanto, los mayores gastos responden “a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los ingresos de las familias, sostener el empleo y la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales”.

Aun antes de conocerse los números finales, en el Ejecutivo ya había preocupación por la situación fiscal. En las últimas reuniones del gabinete económico, presidido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, e integrado entre otros por los titulares de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Trabajo, el Banco Central y la AFIP, se barajaron algunas reducciones a los paquetes de ayuda diseñados por el gobierno en los últimos meses. Esa “sintonía fina”, como la llaman, está destinada principalmente al programa ATP (Asistencia al Trabajo y a la Producción), con el que el gobierno se hizo cargo en los meses de abril y mayo del 50% de los sueldos en las compañías del sector privado que así lo solicitaron. Según el informe de Hacienda, el ATP y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) significaron el mes pasado una erogación aproximada de $ 80 mil millones.

Sin desactivar el ATP, porque hay consenso de que muchas empresas y empleos caerían sin esa ayuda, la idea es hacer algunos ajustes. Por ejemplo, convertir los subsidios en créditos blandos, bajar de dos salarios mínimos a uno y medio el tope que se paga por empleado y reducir el beneficio a los sectores económicos y geográficos en los que la actividad ya se recuperó. Además, se resolvió que la asistencia no alcanzará al aguinaldo que se debe abonar a fin de mes. En la misma dirección, ya se publicó en el Boletín Oficial de este martes el decreto de necesidad y urgencia que establece el pago en cuotas de ese medio sueldo anual complementario para todos los trabajadores del sector estatal que deban percibir más de $ 40.000.

La incógnita es cuándo se podrá revertir la tendencia, habida cuenta de que en los cinco primeros meses del año el déficit primario acumulado ya es de $ 643 mil millones, alrededor de 2,5% del PBI. En la edición impresa de Tiempo del último domingo, el economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF, había advertido que en este marco, la ayuda oficial no va a ser eterna: “Todo tiene su límite. Es el límite de la enfermedad, que no va a durar cien años. Es larga la pandemia, pero no va a ser siempre así”.